Las promesas legislativas de Boric al pizarrón: un 38% de avance general y nada en Cultura, Defensa y Pueblos Indígenas

El programa de Gobierno de Gabriel Boric que lo llevó a asumir la presidencia el 11 de marzo de 2022, tres años atrás, contaba con 216 promesas legislativas, de las cuales hay un avance general del 38%, según el estudio anual Del dicho al hecho publicado este martes por la Fundación Ciudadanía Inteligente. Las áreas que lideran los compromisos son Infancia y Juventud (74%), Minería (67%) y Seguridad Ciudadana (60%). Del otro lado de la moneda, no está en desarrollo ni se ha cumplido nada de lo propuesto en Cultura, Defensa, Pueblos Indígenas y Democracia, de acuerdo al mismo balance realizado por la organización sin fines de lucro que busca fortalecer las democracias de Latinoamérica, que se define como apartidista.

De las últimas cuatro Administraciones, el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (2014-2017) es la que llegó a su último año en La Moneda con el mayor avance en promesas legislativas (47%), seguida por Boric. En tercer lugar empatan los dos gobiernos de Sebastián Piñera (entre 2010 y 2014 y 2018 y 2022), de la derecha tradicional, con un 37%.

De las 216 promesas legislativas del programa de Boric, 45 tienen 100% de cumplimiento, siete un 90%, 22 un 70%, 37 un 40% y 105 presentan un 0% de avance. El área en que más logros ha conseguido la Administración de izquierdas, que no cuenta con mayoría en el Congreso, es Infancia y Juventud, gracias a las promesas cumplidas de un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias, Ley Integral contra la Violencia a la Niñez y el fin del Servicio Nacional de Menores. La reformulación de la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo va un 70% encaminada. En Minería, por su parte, el fortalecimiento a la fiscalización de la industria y el royalty a la gran minería del cobre, lo ubican en segundo lugar. La promesa de una empresa nacional del litio registra un avance nulo, según el estudio.

En materia de seguridad, de las ocho promesas escritas en el programa, dos se han completado (la creación de un Ministerio de Seguridad y la modificación de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas), tres están bien avanzadas, como la actualización del sistema de inteligencia del Estado y la ampliación de las facultades de las alcaldías para la gestión de la seguridad. El compromiso de una nueva Ley de Drogas que no persiga los usos personales ni sus actos preparatorios, distinguiendo entre el microtráfico y el tráfico de estupefacientes, y el análisis de cambios a la Ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad, no muestran ni un progreso.

De las áreas estudiadas por Ciudadanía Inteligente, Trabajo y Prevención es la más contundente en cuanto a promesas, con 27, de las cuales se han completado siete, entre ellas el salario mínimo de 500.000 pesos chilenos al final del Gobierno (unos 500 dólares) y la jornada laboral de 40 horas. Entre las 45 promesas totalmente cumplidas figuran en Economía, la modificación del impuesto a la herencia; en Equidad de Género, la Ley Integral de la Violencia de Género; en Justicia y Derechos Humanos, la reforma a la ley antiterrorista; y en Deporte, profesionalizar el fútbol femenino.

Las áreas con las cuentas pendientes más grandes en materia legislativa son Cultura, que incluye la promesa de aumentar los fondos del ministerio al 1% del presupuesto de la Nación, una ley de Artes Visuales y una nueva de Archivos. En Defensa, ninguna de las siete promesas presenta algún avance. Entre los compromisos de campaña figura el control civil sobre gastos de las Fuerzas Armadas, una agencia civil de compras militares y el fin del secreto de las juntas de selección y apelación de las FF AA.

Tampoco se registra algún progreso en los compromisos en materia de Democracia o Pueblos Indígenas. El programa de Gobierno de Boric prometía, entre otras cosas, una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena, derechos de aguas para las comunidades y el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio. Este tema generó un debate particularmente espinoso en la primera propuesta fallida para cambiar la Constitución en 2022 y desde entonces no se ha vuelto a discutir en la esfera política.