Cerca de la mitad de las residencias de menores en Chile están llenas o sobrepobladas

Unos 4.600 menores de 18 años viven en los hogares y residencias de la red de protección del Estado chileno. Dependientes del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más de un cuarto de estos establecimientos se encuentran sobrepoblados. Si se consideran además los que están llenos, el porcentaje de estas organizaciones que están al límite o superan su capacidad llega a un 43%, según un informe publicado esta semana por la Corte Suprema, que da cuenta de “la crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo” de niños y adolescentes.

Del total de menores a cargo el Estado, 513 se encuentran en “completo abandono”, sin un adulto de la familia nuclear o extensa presente en su vida y que pueda generar un vínculo para lograr que salga del establecimiento. De ellos, 41 no son chilenos. Solo un 7% de los menores que residen en los hogares y residencias del servicio denominado Mejor niñez cuenta con un procedimiento abierto de susceptibilidad de adopción, está en trámite de adopción o con sentencia.

La radiografía que elabora el informe es demoledora. Doscientos cincuenta están con orden de búsqueda decretados por algún juzgado, es decir, se escaparon del hogar y no se sabe dónde están. Las observaciones de los jueces y consejeros técnicos que visitaron los establecimientos revelan su preocupación ante la facilidad con la que los menores logran abandonar las dependencias, “exponiéndose constantemente a prostitución y policonsumo”. También de un “importante y alarmante” número de menores que presentan un consumo problemático de drogas y alcohol en algunas residencias.

La violencia entre los pares, en todas sus formas, se ha generalizado y normalizado y “muchos” de los menores son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración. El documento también alerta de la ausencia de planes de intervención que apunten a un trabajo dirigido a solucionar este problema, ya sea individual o colectivamente. Las crisis de conducta recurrentes se deben a falta de espacio y organización de actividades de recreación, según las observaciones de los encargados del documento, y por la ausencia de metodologías y recursos que les permitan vincularse periódicamente con sus familias.

La deficiencia de preparación en los adolescentes para la vida independiente es otra bandera roja que levanta el informe de la Corte Suprema: “Resulta crítico advertir que se aproximan al cese de sus medidas de protección y aún no cuentan con herramientas para enfrentar la etapa que se avecina y que implica egresar de estos centros protegidos e incorporarse a la vida adulta en toda su dimensión”. Esto puede responder a la baja dotación de personal. El estudio da cuenta de una carencia de profesionales, especialmente de psiquiatras, fonoaudiólogos y profesores, y señala que la cantidad de trabajo de los profesionales y técnicos está “sobrecargado” en algunas de las residencias.

La infraestructura también está al debe en varios de los establecimientos. El documento advierte de las deterioradas condiciones en que se encuentran algunas de las nuevas residencias, aunque destaca la gestión de algunos directores y sus equipos que coordinan con empresas privadas reparaciones y mejoras para entregar mayor comodidad a los residentes. En los registros figuran de manera frecuente muebles, ventanas y vidrios rotos o en mal estado. Plantean que la calidad de vida de los menores podría ser más digna y confortable con mejoras pequeñas y no tan costosas, como el recambio de tapas de estanques de baño rotas, cabezales de duchas operativos y dispuestos en cada regadera, reparación de filtraciones de agua en baños y cocinas, instalación de tapas faltantes para los enchufes, tendido eléctrico oculto o aislado para la prevención de accidentes mayores.

Los niños y adolescentes tutelados por el Estado resultan especialmente sensibles para Chile desde 2016, cuando el Gobierno informó que 865 menores de 18 años murieron entre 2005 y 2013 mientras se encontraban en alguno de los sistemas de protección residencial o ambulatoria del entonces llamado Servicio Nacional de Menores (Sename), debido a diferentes causas. Entre las reformas que se hicieron al sistema producto de la tragedia se incluyó la realización de un informe semestral que da a conocer la Corte Suprema donde se detalla la situación psicológica, social y sanitaria de los menores que viven en hogares y residencias y se les aconseja qué medidas adoptar.

Entre enero y junio de 2022 existían 302 residencias en el país sudamericano, las que disminuyeron a 289 el segundo semestre –periodo que aborda el reciente informe publicado–, una reducción que el documento atribuye a posibles procedimientos administrativos implementados por el Servicio de Protección Especializada que asumió en reemplazo del Sename.

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