La doble tragedia de los niños tutelados de Chile

La muerte de 1.313 niños y jóvenes entre 2005 y 2013 que se hallaban bajo algún tipo de control del SENAME, el organismo a cargo de los programas residenciales del Estado para los menores más vulnerables de la sociedad, nuevamente provoca en Chile un profundo debate político y social. La mandataria socialista, Michelle Bachelet, se reunió el martes en La Moneda con los presidentes de la Corte Suprema, de la Cámara de Diputados y del Senado para intentar buscar una solución a la crisis de una institución que durante décadas no ha cumplido su papel de resguardar la integridad física y psíquica de los cerca de 20.000 menores que actualmente tiene a cargo.

La mayor crisis en el sistema de protección de niños en Chile estalló con el fallecimiento en abril de 2016 de una niña de 11 años, Lissette Villa, en un centro administrado por el SENAME, que depende del Ministerio de Justicia. Dos de sus supuestas cuidadoras la ahogaron intentando controlar un ataque de rabia de la menor. Los forenses determinaron que su causa de muerte fue “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”.

Pero los antecedentes de la precariedad de la atención y los abusos cometidos en el interior de residencias no son recientes. Investigaciones realizadas por el Congreso en 2013 y 2014 revelaron malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales cometidos por adultos y compañeros, permanencias eternas, falta de atención médica ante enfermedades graves, importante nivel de rezago y retraso escolar, etcétera. 

Tras la muerte de Lisette y del reconocimiento institucional de las 1.313 muertes entre 2005 y 2013, la Cámara de Diputados formó una comisión especial investigadora sobre esos fallecimientos. Los parlamentarios, en un informe de 535 páginas, se refirieron a “las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos en contra de niños, niñas y adolescentes cometidas por el Estado” y a las responsabilidades institucionales. “Quienes se encontraban a la cabeza de las distintas carteras de Justicia contaban con las herramientas para impedir muchas de las desgracias que hemos tenido que lamentar en la última década y no parecen suficientes las excusas de deficiencias estructurales históricas”, indica el escrito.

El informe SENAME II, sin embargo, después de meses de trabajo parlamentario no fue aprobado la semana pasada por el pleno de la Cámara debido a las gestiones del Gobierno. De acuerdo al relato del diputado oficialista Ramón Farías, del Partido por la Democracia (PPD), ministros de Estado se desplegaron en el Congreso para impedir que los diputados aprobaran el escrito que contenía fuertes críticas a la exministra de Justicia de esta Administración, Javiera Blanco, cercana a la presidenta y actual miembro del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El Gobierno, como indicó la propia Bachelet, defiende el argumento de que la crisis del SENAME es un problema histórico, estructural, por lo que no solo es responsabilidad de un determinado Gobierno ni una sola persona. El Ejecutivo, adicionalmente, a través del actual ministro de Justicia, Jaime Campos, señaló que la investigación de la Cámara era incompleta, parcial y que hacía acusaciones jurídicamente graves, como las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos de los menores vulnerables.

“Lo que aquí ha fracasado es la sociedad en su conjunto, no solo el Estado. No fue el Estado el que fue a sacar a esos niñitos de sus casas y a decirles ‘por favor, véngase para acá porque yo los voy a transformar en elementos positivos para la sociedad’. Aquí primero fracasaron los padres, fracasaron las familias, fracasó la sociedad civil. Y también fracasó el Estado, por supuesto. Pero, el Estado es la última ratio. Nadie puede pretender centralizar esta situación como el único responsable”, señaló el ministro Campos, que con esta reflexión logró que se multiplicaran las críticas al Ejecutivo.

No resulta claro si la clase política en general estará a la altura de esta nueva crisis del SENAME, una institución que fue creada en 1979 y que supuestamente debe cuidar a los menores que no son educados por sus padres por una medida de protección decretada por los tribunales. El diputado René Saffirio, la noche del domingo denunció en un programa de televisión la existencia de “una red de partidos e instituciones que son el núcleo de la tragedia” y que el Servicio Médico Legales apenas tiene 23 autopsias de las 1.313 muertes: “Los otros ni siquiera se sabe de qué murieron”.

Una de las posibles soluciones al problema, que adquiere fuerza en las últimas horas, es la creación de una Comisión de Verdad de Justicia del SENAME, similar a la que se formó a comienzos de los noventa para conocer la verdadera cifra y circunstancias de muerte de las víctimas de las dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).