Crisis de seguridad en Chile: la oposición fustiga el plan contra la criminalidad de Boric y pide medidas con resultados a corto plazo

La agudización de la crisis de seguridad en Chile durante los últimos días ha elevado la tensión política. Tras una oleada de crímenes ocurrida entre la madrugada del domingo y el martes que dejó un total 16 homicidios a lo largo del país –nueve cometidos en dos casos de asesinatos múltiples en la Región Metropolitana de Santiago–, el presidente Gabriel Boric anunció este jueves una batería de medidas, incluyendo la construcción de una cárcel de máxima seguridad, que ha generado reparos en parte del oficialismo y ha sido criticada por parte de la oposición por considerarlas insuficientes y dilatadas ante la escalada de violencia.

El senador Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de derecha tradicional, sostuvo que, si bien todos los anuncios son valorados, ninguno tendrá impacto sin autocrítica ni convicción: “Eso exige que desde el Gobierno y sus aliados haya respeto al Estado de Derecho y a la fuerza legítima de policías y las Fuerzas Armadas; respaldo a Carabineros; anular pensiones de gracia a delincuentes y expulsiones de migrantes ilegales e infractores de la ley”. Hace dos días, esta colectividad de la oposición solicitó la salida de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y Prevención del Delito, Eduardo Vergara; la cual fue rechazada por Boric.

La crispación política se agravó cuando se conoció una seguidilla de asesinatos masivos perpetrados en menos de 48 horas en la capital de Chile. El primer suceso ocurrió la madrugada del domingo en la comuna de Quilicura, zona norte de la Región Metropolitana, y tuvo como víctimas a cuatro adolescentes –entre 13 y 17 años– acribillados en una plaza. En el segundo, murieron cinco extranjeros en medio de un enfrentamiento con armas de fuego en una fiesta en Lampa. Los graves hechos empujaron a Boric, que a comienzos de la semana se encontraba de viaje en Paraguay, a pronunciarse en tres ocasiones los últimos dos días y reconocer que en Santiago “existe problema grave” de seguridad. También se reunió con distintas autoridades para elaborar una estrategia más robusta para enfrentar la ola de crímenes.

El presidente chileno anunció este jueves, además de la edificación de un recinto penitenciario de alta seguridad y la suspensión de su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 previsto para la próxima semana, que se creará una unidad de acción y seguridad para Santiago, la ampliación de las plazas en las cárceles de máxima seguridad del país y la constitución de una fuerza especial en Gendarmería capacitada para enfrentar amenazas dentro de prisiones. También puso en discusión inmediata en el Congreso dos proyectos legislativos –uno de inteligencia económica y otro para modernizar el sistema de inteligencia del Estado– para así enfrentar al crimen organizado. La Cámara de Diputados y el Senado contarán con seis días para despachar estas iniciativas.

“No necesitamos cálculo pequeño, necesitamos unidad”, planteó el mandatario. Y añadió: “El enemigo es uno solo, está del otro lado de la línea y a este lado de la línea tenemos que estar todos, independiente de nuestras diferencias políticas. Convoco a la máxima unidad para enfrentar el delito y el crimen organizado porque, esta tarea, si la afrontamos de esta manera vamos a salir exitosos como país”.

Desde el Congreso, el diputado Andrés Longton, del partido de derecha Renovación Nacional (RN), de la derecha tradicional, discrepó de los anuncios realizados por la Administración de izquierdas por considerar que carecen de estrategia y no tienen incidencia en el corto plazo: “Traslada el problema al Congreso y no [al Palacio de] La Moneda y a él [Boric], que es el encargado de la seguridad en nuestro país”.

Pero los cuestionamientos no sólo han venido desde la derecha. El diputado socialista Marcos Ilabaca, del oficialismo, señaló que los proyectos van en el sentido correcta, pero “no son suficientes” y respaldó la propuesta del senador socialista y exministro del Interior del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), José Miguel Insulza, de decretar Estado de Sitio Constitucional en Santiago, que fue descartada por La Moneda. “Es necesario establecer un Estado de Excepción para ciertos sectores del país que nos permitan, uno, que los militares colaboren con las fuerzas policiales en el cuidado del orden público y dos, permitirle al Estado tomar decisiones mucho más rápidas, evitando así una serie de trabas administrativas que generalmente se tienen para poder avanzar en esos proyectos”, argumentó Ilabaca en Emol.

Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana y cercano a la centroizquierda moderada, lamentó que el Ejecutivo no convocara a representantes de la gobernación ni a alcaldes a las reuniones de seguridad en el Palacio de La Moneda ante el alza de homicidios. “El Estado de Excepción es la terapia de shock que necesitamos para dar una señal contundente ante la crisis de seguridad que sufre la región. No es la solución definitiva, pero nos permite usar todos los recursos del Estado: tecnología, equipamiento e inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas. La ciudadanía quiere vivir en paz”, apuntó Orrego.

Desde la oposición han surgido iniciativas para afrontar la criminalidad. Un grupo de diputados de la coalición de derecha Chile Vamos presentará al Gobierno una propuesta de reforma constitucional para instaurar un régimen de excepción en Santiago, que establece la colaboración de militares en el orden público a través de controles preventivos en determinados sectores y horarios, entre otras medidas. En tanto, los diputados de RN Camila Flores y Jorge Durán apuntaron a suspender temporalmente las peticiones de ingresos a Chile de migrantes procedentes de 13 países; entre ellos, Venezuela, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

Una de las primeras críticas en contra de Boric esta semana provino de la alcaldesa de Providencia y posible carta presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien dijo el martes que la responsabilidad política recae, en primer lugar, sobre el presidente. Tras conocer las medidas anunciadas este jueves, la alcaldesa manifestó su respaldo a la idea de integrar todas las instituciones del Estado, aunque exigió la ejecución de planes que respondan a la inseguridad de forma más inmediata: “Valoro el anuncio de una nueva cárcel, sin embargo, para este tipo de medidas se requiere de muchísima voluntad, de todos, no sólo de unos pocos. Como alcaldes exigimos que proyectos contra la delincuencia, como el Plan Calles sin Violencia, se ejecuten de manera eficaz y con resultados en el corto plazo”.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago y miembro del Partido Comunista, Irací Hassler, también tuvo reparos a los anuncios. A través de X comunicó que rechaza la idea de construir una prisión de máxima seguridad en su municipio: “Como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano”.

Este nuevo episodio de tensión política provocado por la inseguridad en Chile se desarrolla a tres meses de las elecciones municipales, donde se renovarán los alcaldes de las 345 comunas del país y los respectivos consejos municipales. En estos comicios, que se realizarán el 27 de octubre, también se votará por los gobernadores y consejeros regionales.

Antes de que ocurrieran los homicidios múltiples en la capital, los niveles de aprobación de Boric alcanzaron un 35% –de acuerdo con una encuesta de Cadem–, uno de los mayores índices registrados por el mandatario en los últimos tres meses. Sin embargo, la seguridad ciudadana ha representado un quebradero de cabezas para la Administración de izquierdas. En abril, cuando se produjo el múltiple crimen de tres carabineros en la región de Biobío, la popularidad del presidente se desplomó seis puntos, anotando su nivel más bajo desde que asumió el poder, el 11 de marzo de 2022.

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