La propuesta de flexibilizar el secreto bancario recrudece el debate político en Chile en pleno año electoral

La idea de flexibilizar el alzamiento de información bancaria reservada ha desatado una encarnizada rencilla entre sectores políticos chilenos. Las propuestas de ley de cumplimiento tributario y de inteligencia económica, ambas discutidas en el Senado y respaldadas por el Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric, son resistidas en la oposición. Los principales líderes políticos han debido tomar posición sobre este asunto a cuatro meses de unas elecciones cruciales: las municipales del 27 de octubre.

Los proyectos de ley ingresaron al Congreso hace meses, pero resurgió hace nueve días en un panel sobre crimen organizado realizado en una universidad de Santiago. La alcaldesa de Providencia y una de las principales figuras de la derecha tradicional chilena, Evelyn Matthei –la favorita para llegar a La Moneda en marzo de 2026– acusó a políticos de ser financiados con dinero del narcotráfico, pero no entregó nombres. Matthei aseguró que los jueces y fiscales han actuado con flaqueza ante este delito.

Las palabras de Matthei han provocado respuestas tajantes desde el Gobierno y de las izquierdas, que no han perdonado a la principal figura de la oposición por estas acusaciones que no ha podido fundamentar. “Cuando no hay evidencia que respalde, las denuncias no son serias”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al canal Chilevisión. Giorgio Jackson, exministro de Desarrollo Social y cercano al presidente Gabriel Boric, desde Barcelona entró al debate a través de un video contra de Matthei: “Hasta el día de hoy la candidata presidencial de Chile Vamos [coalición política de derecha] no ha presentado nombres o antecedentes que respalden su acusación, sembrando la duda de si realmente tenía antecedentes concretos o solo lo hizo como una declaración para llamar la atención”.

Tanto Monsalve como Jackson han pedido a la alcaldesa “ordenar” su sector político en el Senado, donde el oficialismo carece de mayoría, para avanzar en las iniciativas legislativas y obtener con más facilidad información financiera. La petición también ha sido realizada por Boric: “El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento. Que expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas del crimen organizado”.

Pero Matthei –que en los últimos días ha cometido diversos errores políticos– este jueves ha reiterado que la mayoría de su sector político está dispuesto a respaldar la flexibilización del acceso a información financiera reservada, pero condicionado a que sea modificado el modo de asignación del jefe del Servicio de Impuestos Internos (SII), el organismo que en Chile tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos, y cuyo nombramiento lo realiza el presidente de la República pues es un cargo de exclusiva confianza. “Cuando uno le entrega una facultad tan importante a un director, tiene que ser una persona que, por la forma de haberse nombrado, le dé garantías a todos. Y la forma en que se nombra hoy le da garantías sólo al Gobierno que en ese momento esté ejerciendo”, ha dicho en el Canal 13.

Los opositores a las propuestas exponen que la información podría ser usada con fines políticos, sobre todo por el papel que jugaría el SII en una de las propuestas legislativas, al flexibilizarse el levantamiento del secreto bancario para investigaciones tributarias.

”No sé por qué se habla del SII con lo del secreto bancario, yo entiendo –puedo estar errada– que la propuesta en el marco de inteligencia financiera es para la UAF [Unidad de Análisis Financiero] y limitada a los reportes de operaciones sospechosas. No es para saber ni qué compramos ni con quién andamos”, ha asegurado María Jaraquemada, consejera del Consejo de Transparencia, en la red social X. Sobre este aspecto, los abogados Carlos Gajardo y Rodrigo Reyes, consultados por EL PAÍS, coinciden en que se debería dar mayor independencia al momento de designar autoridades en el SII.

No obstante, el ex fiscal Gajardo, abogado de la firma Gajardo y Norambuena, cree clave que se permitan nuevos mecanismos para acceder con mayor facilidad a los movimientos bancarios sospechosos de lavar dinero sucio. “En general, el sistema existente para alzar el secreto bancario funciona con una autorización judicial. Eso implica que el delito ya se ha consumado. Por tanto, la idea que se propone está en la línea de la detección temprano o preventiva”, afirma en una entrevista telefónica con este periódico.

560 condenados en los últimos 17 años

Distintas leyes chilenas establecen la reserva bancaria, aunque en ciertos casos es posible su levantamiento ante delitos o sospechas de ilícitos, siempre con el consentimiento del titular de la cuenta o a través de la intervención judicial.

En los últimos 17 años en Chile han sido condenadas más de 560 personas por el delito de lavado de activos, derivados mayormente del narcotráfico, aunque también de la malversación de fondos públicos y otros delitos, según datos de un informe presentado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en diciembre. “Las estadísticas, las que tenemos a partir de la UAF, muestran que en más de la mitad de los casos en que existe una sentencia condenatoria por lavado de dinero se han utilizado bancos para efectuar esta maniobra”, ha agregado Gajardo.

Para el experto en antilavado Reyes Duarte, director jurídico de Prelafit Compliance, sofisticar las herramientas para prevenir delitos es esencial en el país sudamericano.

“En la actual legislación no se encuentra al día con los nuevos fenómenos de criminalidad organizada, ya que no permite al Ministerio Público o al órgano persecutor la utilización de medidas del secreto bancario como una herramienta de investigación, sino que necesariamente debe haber una averiguación en contra de una determinada persona. Pero no existe la posibilidad de acceder a esta información financiera como herramienta de investigación, y esto lo ameritan algunas situaciones complejas”, ha apuntado. Reyes, que fue abogado penalista del Consejo de Defensa del Estado de Chile (2000-2021), el organismo que resuelve accionar judicialmente o asumir la defensa de los entes públicos, indica que los movimientos bancarios son clave en el rastreo de dineros procedentes de actividades delictivas. “Sólo hay que recordar las entidades europeas y norteamericanas que se han visto involucradas en lavado de activos”, explica.

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