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Manuel Monsalve: “Un Gobierno no puede permitir que sus ciudadanos vivan con miedo”

El subsecretario del Interior de la Administración de Boric se refiere a la nueva criminalidad que vive Chile. Y asegura: “Esperamos mostrar al país que la izquierda se puede hacer cargo de la seguridad con seriedad y sobriedad, pero también con eficacia”, dice

Manuel Monsalve, subsecretario del Interior
Manuel Monsalve, en Valparaíso (Chile).Sofía Yanjarí
Ana María Sanhueza

Como subsecretario del Interior del Gobierno de Gabriel Boric, el socialista Manuel Monsalve (Coronel, 58 años) tiene uno de los cargos más complejos de La Moneda: está a cargo de la seguridad, cuando Chile vive su mayor crisis con la irrupción de una nueva delincuencia. Es una situación que se refleja en el alza de homicidios en las calles —el último el martes, una narcotraficante que tenía miles de seguidores en TikTok fue acribillada en Santiago—; el uso creciente de armas de fuego; la llegada de bandas extranjeras como el Tren de Aragua y el recrudecimiento de la violencia rural en la macrozona sur (La Araucanía y las regiones aledañas) que lleva años sucediendo.

Pese a esta enumeración, y a que su rostro se ve cansado, Monsalve habla y se mueve con energía. Es un experimentado político que fue diputado por cuatro periodos, entre 2006 y 2022. Hijo de un dirigente del Partido Socialista, como él también lo ha sido, dice que lo marcó crecer en Coronel, de tradición minera. “Era una zona donde hubo una fuerte oposición a la dictadura de Pinochet, con un tejido político y social muy fuerte. Era difícil vivir allí sin tener un vínculo con esa causa política”, recuerda sobre sus comienzos, primero en dirigencias vecinales y luego en el movimiento estudiantil de los años 80 en la Universidad de Concepción, donde estudió Medicina y un magíster en Gobierno y gerencia pública.

Pregunta. ¿Le ha servido ser médico para su cargo actual?

Respuesta. Las políticas públicas son muy similares a los problemas de salud. En la sociedad los problemas son siempre un dolor y detrás de ese dolor hay que tener la capacidad de entender las causas. Y la medicina hace eso. Pero la política social también: aborda un problema que afecta a la sociedad de manera colectiva y debe lograr entender sus causas y poder diseñar una política pública que permita solucionarlo. Entonces, la metodología de raciocinio de la medicina, ayuda mucho.

P. ¿Chile está grave en seguridad?

R. Yo mismo afirmé en 2022 que Chile vivía una crisis de seguridad y que la tarea del Gobierno era hacerse cargo, entregar soluciones y es lo que hemos buscado. Pero primero había que entender qué es está pasando, porque cuando uno llega a una crisis, algo ocurrió.

P. ¿Y cuál es su diagnóstico?

R. Uno puede mirar a Chile en el contexto internacional y mostrar cifras con una condición mucho mejor que la mayoría de los países de América Latina. Pero la criminalidad cambió, y fue porque pasamos de un país que estaba acostumbrado a delitos comunes a uno que vive las consecuencias del delito organizado. Eso es lo que explica un quiebre en la seguridad que se expresa de una manera muy fuerte en el delito más grave, el homicidio.

P. Que ha crecido mucho.

R. Es indesmentible que hay una tendencia al alza en los homicidios, y es lo que muestra este cambio al delito organizado. Antes, detrás había un conflicto interpersonal o una riña que, normalmente, era ejecutado con una arma contundente y cortopunzante, el autor era un imputado conocido. Pero hoy en el 57% es con un arma de fuego, el 60% en la vía pública y en el 48% el imputado es desconocido. O sea, la policía o los fiscales llegan al sitio del suceso y no logran levantar información suficiente para tener un sospechoso con identidad.

P. ¿Qué cambió?

R. En que son homicidios que se planifican para no dejar evidencia. Y hoy se dan por una lucha territorial o ajuste de cuentas entre bandas organizadas, con armas de fuego y en la vía pública.

P. ¿Qué ha significado eso para la ciudadanía?

R. Temor. Más allá de las cifras con que uno podría poner a Chile en una condición positiva en seguridad, los chilenos hoy, a propósito de la encuesta de Paz Ciudadana, tienen miedo. Y un Gobierno que aspira tener un Estado social y democrático de derecho no puede permitir que sus ciudadanos vivan con miedo. Por lo tanto, hay que resguardar el derecho a la seguridad.

Manuel Monsalve en una oficina del Congreso en Valparaíso (Chile), el 25 de octubre.
Manuel Monsalve en una oficina del Congreso en Valparaíso (Chile), el 25 de octubre.Sofía Yanjarí

P. El martes fue asesinada en la calle Sabrina Durán, condenada por tráfico de drogas. ¿Cómo se explica que hiciera vídeos por TikTok mientras estaba en la cárcel?

R. Eso no tiene explicación. En diciembre de 2022, el Gobierno lanzó la política nacional contra el crimen organizado y, entre los 10 ejes, uno es la seguridad en las cárceles. En una de esas definiciones se señaló que no podemos permitir que las organizaciones criminales las controlen. Están en proceso de adjudicación las licitaciones para que por primera vez se bloquee la señal de telefonía celular. Esa es una de tareas; otra es transferir recursos a Gendarmería para tener drones en el perímetro, pues muchos de esos teléfonos son lanzados por los muros. Pero también para inhibidores de drones. También el ingreso (a los penales) debe ser más seguro y se han transferido recursos para scanner y arcos detectores de metales y se acordó un plan de allanamientos no programados.

P. ¿Cómo llegó Chile a esta crisis?

R. El Gobierno tiene una estrategia para enfrentarla. Y uno de los elementos es que Chile venía con este cambio en la criminalidad hace muchos años. Había sido advertido por el Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público desde 2015, que dio persistentes alertas de que Chile ya no solo era un país de paso (de droga) sino de destino; que se empezaba a producir droga; que se estaba tomando el control de los recintos penitenciarios y que organizaciones transnacionales iniciaban operaciones. Todo eso no es novedad, estaba advertido. El principal diagnóstico es que el Estado chileno no tomó decisiones para hacerse cargo de ese cambio en la complejidad de los delitos. Y cuando asumimos, lo que vimos, como primera tarea, es que hay una brecha en las capacidades que tiene el Estado para abordar esta nueva realidad.

P. ¿Por qué si había tantas señales el Estado no se hizo cargo a tiempo?

R. Como médico no me gusta entrar en el terreno de las suposiciones. Lo que puedo decir, con mucha certeza, es que cuando asumimos era evidente esta brecha, que hoy es la principal línea conductora de las decisiones del Gobierno. Por lo tanto, cuando se lanzó la política nacional contra el crimen organizado, para cerrar esta brecha se le propuso por primera vez al Congreso tener dentro del presupuesto un programa nacional contra el crimen organizado para dotar a distintas instituciones de tecnología y equipamiento. Además, se han hecho indicaciones al proyecto de ley para que el país tenga un Ministerio de Seguridad y el Gobierno también sacó adelante dos proyectos muy importantes, uno contra el crimen organizado y técnicas especiales de investigación, y la ley contra el narcotráfico para golpear a las organizaciones.

P. Le pregunto de nuevo: ¿por qué ante todas estas señales Chile dejó que esto creciera?

R. No me quiero hacer cargo de una respuesta de presidentes o ministros o subsecretarios del Interior de otros períodos. Nosotros llevamos un año y medio y esto es muy importante, porque el debate está. Nadie dudaría de que el Gobierno del presidente Boric es el más de izquierda de en los últimos 10 o 15 años. Y por eso, cualquiera pudo concluir de que se haría menos cargo de los temas de seguridad que administraciones de derecha o de centroizquierda y que, por ello, habría tenido más sesgo. Nosotros estamos en condiciones de demostrar de que este Gobierno se ha hecho cargo con más decisión, trabajo y políticas públicas de algo que nos parece esencial, porque para que la democracia sea preservada y profundizada hay que garantizar el derecho a la seguridad y evitar que organizaciones reemplacen o tomen el control del Estado. Por lo tanto, la lucha contra el crimen organizado es defensa de la democracia y el Gobierno la ha asumido en ese contexto. Tenemos una estrategia de trabajo y una política consistente. Por supuesto, habrá que evaluar los resultados, pero podemos garantizar al país de que tenemos la determinación de tomar el control de la crisis de seguridad y superarla.

P. En general, el discurso de la derecha está asociado a la seguridad.

R. Pero no lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado.

P. ¿Por qué?

R. Si uno mira los clivajes electorales, la derecha busca posicionarse como la gran solución a los problemas de seguridad y el problema es que ha gobernado ocho de los últimos 15 años y ha tenido la oportunidad de mostrar la capacidad de hacer lo que dice. Pero no la ha tenido. Cuando gobernó, no llevó adelante ninguna política pública que se hicieran cargo de sus frases de campaña, se terminó la puerta giratoria y que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Desde mi perspectiva, en materia de seguridad la derecha ha fracasado. Y, desde esa mirada, nosotros esperamos mostrar al país que la izquierda se puede hacer cargo de la seguridad con seriedad y sobriedad, pero también con eficacia.

P. Boric, cuando pasó a segunda vuelta, dijo que la seguridad “durante mucho tiempo ha sido ajena a las fuerzas progresistas”. ¿Le costó a la izquierda asumirlo?

R. Ese sesgo tiene relación, obviamente, con la historia del país, con la tensión entre la izquierda e instituciones como las Fuerzas Armadas y las policiales marcada por la dictadura, donde fue perseguida. Por lo tanto, eso puede poner en duda la capacidad de establecer colaboración y trabajo con estas instituciones. Pero quienes son afectados de manera más dramática por las crisis de seguridad son los sectores populares.

P. ¿Cómo lo vive eso como alguien de izquierda?

R. La tarea de la izquierda si bien es gobernar a todo el país, también es tener una preocupación particular por los sectores populares. Y la disputa territorial de las organizaciones criminales se produce por el control de las poblaciones, donde viven los trabajadores y las familias. No es posible, por lo tanto, tener un compromiso con los sectores populares ajeno a garantizarles la seguridad donde viven. Por eso, en la medida en que esa idea se va comprendiendo, se va fortaleciendo la determinación del Gobierno de que los sectores populares tienen derecho a la seguridad pública.

P. Desde que está en el cargo, ¿hay un hecho que lo haya impactado especialmente?

R. Me tocó ir al día siguiente del ataque del molino Grollmus. Se dispararon cientos de balas en contra de una casa con adultos mayores, se sacó a uno de ellos, se le usó como escudo y después se le disparó en el suelo. Lo digo como ejemplo, porque a veces se confunde la causa política con hechos inaceptables que muestras desprecio por la vida humana.

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Ana María Sanhueza
Es periodista de EL PAÍS en Chile, especializada en justicia y derechos humanos. Ha trabajado en los principales medios locales, entre ellos revista 'Qué Pasa', 'La Tercera' y 'The Clinic', donde fue editora. Es coautora del libro 'Spiniak y los demonios de la Plaza de Armas' y de 'Los archivos del cardenal', 1 y 2.
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