El avance del crimen organizado empuja a Chile a una nueva ley para combatirlo

Chile por primera vez tiene una ley contra el crimen organizado, dada la irrupción de una nueva criminalidad. Fue acordada por el Congreso chileno, después de tres años de tramitación legislativa. La iniciativa ingresó en 2020 al Parlamento, durante el Gobierno del presidente de derecha Sebastián Piñera (2018-2022), mientras que en septiembre de 2022 la Administración de Gabriel Boric le hizo una serie de indicaciones. “Detrás de las encerronas [para quitar los coches] y del robo de vehículos, así como del tráfico ilegal de migrantes o del contrabando, hay organizaciones criminales que tienen un negocio y que usan el poder de fuego para cuidarlo”, aseguró el martes el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La legislación reestructura el delito de asociación ilícita en dos tipos penales: asociación criminal y asociación delictiva. También golpea al patrimonio de las organizaciones, porque incorpora, tal como ocurre en la ley de drogas, el comiso a sus ganancias, incluso en una modalidad sin condenas. “Vamos a poder agarrar a estas bandas por donde más les duele y por donde son más vulnerables, que es por el dinero que mueven”, agregó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Para Paulo Contreras, jefe nacional contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones (PDI), “esta ley le pone velocidad a un concepto que ya teníamos, la asociación ilícita, que era un apellido al delito base. Hoy distingue una asociación criminal y una asociación delictual. La diferencia es la pena y la criminal siempre va a ser más fuerte”, agrega Contreras.

El martes de madrugada, la policía chilena encontró en el baño de un piso del centro de Santiago de Chile un hombre muerto por dos balazos en la cabeza, mientras a unos metros había otros dos sujetos maniatados. Los testigos relataron que, poco antes, tres hombres habían ingresado al inmueble y que luego escucharon los disparos. Los autores no robaron especies y huyeron rápidamente.

Este tipo de casos ya no son aislados en Chile, como sí lo habría sido hace unos cinco años. Es un ejemplo de la crisis de seguridad que vive el país, donde los homicidios han experimentado un alza del 30% en un año, se ha incrementado el uso de armas de fuego para cometerlos y ha aumentado la cantidad de imputados desconocidos en los asesinatos, es decir, cuyos autores no se conocen. Es hace una diferencia muy importante respecto de lo que ocurría hasta hace poco, cuando la mayoría de los homicidios en Chile eran por riñas, consumo de alcohol o drogas. Eso implicaba que era más fácil investigar, pues solía haber un vínculo entre la víctima y el autor.

Este cuadro –alza de homicidios, el uso de armas de fuego y los imputados desconocidos–, suelen asociarse al crimen organizado, un fenómeno que va en alza y para el que Chile acaba de aprobar la primera ley en su historia para combatirlo.

La llegada de los secuestros extorsivos

En 2022, se incautaron 38,5 toneladas de droga, según las cifras de la Policía de Investigaciones (PDI). En 2022, 33 toneladas. “Son cantidad altas para el país”, dice Contreras, de la PDI. El tráfico de armas también ha ido en aumento. “Es una conducta asociada a otros delitos, como al tráfico de drogas, a la trata de personas para explotación sexual y a bandas que se dedican a los secuestros extorsivos, que es un delito nuevo en Chile, pero que tiene una capacidad de resolución muy alta”, añade.

Hoy la seguridad es la principal preocupación de los chilenos. De acuerdo a la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de enero pasado, el 60% de las personas consultadas consideró que la delincuencia, los asaltos y los robos son el principal problema al que debiese dedicar sus esfuerzos el Gobierno del presidente Boric. Le siguen la salud, con 32%, y las pensiones, con 31% de las menciones.

“Tanto en la investigación penal como en la recuperación de los recursos ilícitamente ganados, esta ley es la más revolucionaria desde la vuelta a la democracia en 1990. No solo es un tremendo avance, es, además, una necesidad actual”, dice a El PAÍS Ignacio Castillo, director de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía nacional.

En paralelo, Chile también modernizó su legislación contra el narcotráfico. En la misma línea, endureció el comiso, pero, además, amplió el reporte de operaciones sospechosas a instituciones que no estaban obligadas a hacerlo. Entre ellas, a las automotoras dedicadas a la venta de autos nuevos y usados y también a las criadoras de caballos de fina sangre, donde los narcotraficantes suelen invertir sus ganancias ilícitas.

La nueva criminalidad

Ignacio Castillo, de la Fiscalía, dice que la nueva ley es acorde a cómo ha cambiado el fenómeno delictivo en Chile. “Se han incrementado ciertos delitos que, en la experiencia comparada, se muestran mucho más asociados a la criminalidad organizada por su forma de comisión”. Entre ellos, explica, “el más clásico es el tráfico de drogas, que ha ido en alza. También el homicidio con imputado desconocido, que ha ido subiendo en nuestra tasa (de 4,6 por cada 100 mil habitantes). Hay regiones del norte, como Tarapacá, en que ha crecido de manera evidente, con 12, 9 casos por cada 100 mil habitantes. Eso ocurre también en Arica y Antofagasta, también en el norte”.

Otra novedad es la incorporación de medidas intrusivas que hasta hoy estaban acotadas solo a la ley de drogas. Por ejemplo, la captación o grabación subrepticia, el uso de agentes encubiertos, informantes, interceptaciones telefónicas y, entre otras, acceso remoto a equipos informáticos. También se podrá solicitar el tráfico de llamadas y los datos de los abonados a las compañías. “Se van a poder intervenir los computadores o los teléfonos celulares sin tener que estar asociados a un monitoreo telefónico [conocidos como pinchazos]. Hoy un computador es un centro de información y esto no estaba afecto a un monitoreo. No solo se podrá entrar al equipo físico, sino que al software”, explica Contreras.

El jefe policial destaca que, además, con la nueva ley podrán investigarse delitos de nueva generación, como los medioambientales, que, hasta hoy, han sido analizados desde la particularidad y no como un fenómeno delictual. “Creemos que aún es lejano, pero estamos ad portas de entrar en el tráfico de aguas porque, en esencia, es el bien más preciado de los recursos naturales”, señala.

Pero Contreras destaca, especialmente, los efectos que tendrá esta legislación en la persecución de dos delitos que han irrumpido “con mucha fuerza” en los últimos tres años en Chile a raíz de la ola de migración irregular: el tráfico de personas y el tráfico de personas con fines de explotación sexual. “Esta evolución acelerada se acentuó después de la pandemia, que transformó ciertos comportamientos criminales”, dice.

Es el escenario en que en Chile irrumpió el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano que es investigada por varias fiscalías del norte del país por distintos delitos. Es una banda peculiar, porque entrega unas especies de franquicias delictuales a otras bandas –como Los gallegos y Los valencianos– que se dedican al principalmente al tráfico de personas hacia Chile y a su explotación sexual. Tanto para Contreras como para Castillo, el Tren de Aragua es un ejemplo que reúne todas las características del crimen organizado que ha penetrado en el país sudamericano.

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