Chile estudia el modelo antimafia italiano para combatir el crimen organizado

En seis años, entre 2016 y 2022, la tasa de homicidios en Chile por cada 100 mil habitantes ha tenido un alza de 3,6 a 7 puntos, y la mayoría de ellos ha sido cometido con armas de fuego. Es una cifra que preocupa a las autoridades locales, en especial porque el incremento se debe en gran parte al inédito y veloz avance del crimen organizado, al punto que el país sudamericano se vio empujado a aprobar, a fines de marzo pasado, su primera ley en la historia para combatirlo. “Probablemente, muchos de nuestros vecinos digan ‘eso no es nada, su situación ciertamente es bastante mejor que la nuestra’, pero para nosotros es crítico”, ha dicho el fiscal nacional, Ángel Valencia, ante el aumento de los delitos. “Todavía no estamos mal en el contexto latinoamericano, pero nuestra tasa de homicidios se ha duplicado en seis años y eso para nosotros es una situación delicada”.

El fenómeno ha sido atribuido por Valencia a varios factores, entre ellos, a bandas criminales que han ingresado a Chile en forma irregular. Mencionó a la organización el Tren de Aragua, dedicada a múltiples delitos, como tráfico de personas, explotación sexual de mujeres migrantes, tráfico de droga y extorsiones. Es un hecho que expuso esta semana durante su participación en el foro Lucha contra el crimen organizado en Roma, Italia, hasta donde viajó para sostener, además, reuniones bilaterales con la Procuradoría Nacional Antimafias y la Dirección Nacional Antimafias en búsqueda de experiencias que, eventualmente, puedan ser aplicables en Chile.

Precisamente, el jueves de esta semana, el Tren de Aragua ha vuelto estar en la agenda pública chilena. En Arica, en el extremo norte de Chile, fueron encontrados dos cadáveres embalados que estaban enterrados bajo cemento y el fiscal de esa región, Mario Carrera, señaló que pueden ser homicidios cometidos por Los Gallegos, una facción de esa organización criminal.

Ante una audiencia de fiscales y carabineros en Roma, Valencia relató la nueva realidad de su país. “Hay más homicidios con imputado desconocidos (no se sabe quiénes son) y más homicidios con arma de fuego. Además, hay antecedentes evidentes que dan cuenta que en Chile están empezando a operar sicarios, cosa que no ocurría hace 10 años. El gran volumen de estos nuevos homicidios corresponden a ajustes de cuentas o a lucha por control territorial de parte de bandas que responden al crimen organizado directamente o que se han desprendido de ellas”, dijo. “Inevitablemente, algunas bandas criminales que tienen origen en Venezuela han empezado a operar en Chile. Una de ellas es el Tren de Aragua. Hemos enfrentado un desafío que no tenía precedentes en la historia republicana. Pasamos de enfrentar bandas de delincuentes comunes, que tienen el control del microtráfico en ciertos vecindarios, que quizás tenían la capacidad de producir operaciones de exportación de drogas que se producían en otras tierras, desde nuestro país al mundo desarrollado, a ver el esfuerzo de estas otras bandas por tomar el control territorial de cierto espacio que antiguamente lo ocupaba la delincuencia común”, agregó.

Cárceles italianas para Chile

Ángel Valencia asumió el cargo en enero pasado y, durante su postulación al Ministerio Público, como la mayoría de los candidatos, puso el foco en la irrupción de la nueva delincuencia organizada. Propuso varias medidas, entre ellas el uso de inteligencia artificial en el análisis criminal, lo que ya implementó. También ha impulsado determinaciones duras y polémicas, como la que señala que los fiscales en Chile pidan la prisión preventiva a los extranjeros que sean detenidos e imputados por algún delito que no cuenten con identidad comprobada. Es una decisión que tomó después del homicidio del carabinero Daniel Palma durante un operativo en el centro de Santiago el 6 de abril.

Su primera cuenta pública fue a fines de abril. Y en ella entregó la primera señal de que Italia es un país que tiene en la mira como modelo: “Necesitamos que se establezca la creación de un recinto carcelario especial, como los que permitieron a Italia combatir, con pleno respeto a los derechos humanos, el crimen organizado”, dijo entonces.

Ignacio Castillo, director de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía nacional chilena, estuvo esta semana en Italia y, al teléfono desde ese país, explica que, independientemente de las particularidades que tiene el fenómeno de la mafia en Italia, que la experiencia institucional y legislativa en la persecución de la criminalidad mafiosa, “es tremendamente útil para la investigación de las organizaciones criminales”. “Es un referente lo que Italia ha hecho desde la década del 90 hasta ahora. Y una de sus aristas tiene que ver con el régimen carcelario más duro para aquellos que están en el vértice apical de las estructuras criminales mafiosas”.

El régimen de cárceles que observa la Fiscalía nacional chilena consiste en la segregación de la población penal ligada a la mafia, algo que en el país sudamericano existe, pero muy lejos de esa rudeza y especificidad. “Quienes están en el vértice de las organizaciones mafiosas, y aquellas personas que han sido condenadas por tener vínculos apicales, tienen un tratamiento penitenciario mucho más estricto. Implica aislarlos dentro de las unidades a fin de evitar al máximo posible que tengan vínculos con el interior y exterior de los penales”, señala Castillo. Y agrega que es un sistema que impide que los detenidos puedan ejercer el poder y dar instrucciones hacia fuera. Ello implica que en Italia existan celdas especiales, con tiempos reducidos de salidas al aire libre que son controlados en forma permanente, así también sus conversaciones telefónicas, las que son escuchadas.

Modelo de cooperación

Valencia explica a EL PAÍS que el viaje a Roma tuvo como fin construir vínculos con varias instituciones italianas. “Tienen una gran reputación internacional por su eficacia en el control del crimen organizado, y en el contexto de un Estado democrático de derecho. Es decir, persiguen eficientemente el crimen organizado, pero respetando las garantías judiciales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso es muy relevante para el Ministerio Público chileno”, dijo.

El fiscal señala que cada país tiene problemas similares pero a escalas distintas, y que eso hace necesaria la cooperación para combatir organizaciones criminales de carácter transnacional. Cita como ejemplo que si en Chile “tenemos que perseguir al Tren de Aragua, que tiene una dirección que se encuentra en otro país y hace circular sus activos en distintos países, entre ellos el nuestro, también los italianos tienen problemas con la Ndrangheta, cuyo origen es Italia pero realiza operaciones en Alemania o en Argentina. Por lo tanto, tienen que desarrollar tanto cooperación como investigación”.

Son ese tipo de experiencias, agrega, las que son interesantes para Chile, sobre todo la colaboración con otros ministerios públicos: “Esas estrategias para construir colaboración, las dificultades que se enfrentan y las estrategias que se adoptan para superarlas, son las que nos causan especial atención y son las que hemos venido a conocer, a compartir y a profundizar lazos para el futuro”.