Los fiscales de Santiago de Chile pedirán la prisión preventiva de todos los extranjeros sin DNI vinculados a un delito

El Ministerio Público chileno ha anunciado que los fiscales de la Región Metropolitana, la de Santiago de Chile, pedirán a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuenten con Documento Nacional de Identidad (DNI). Lo ha informado el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras una reunión de urgencia con los cuatro fiscales jefes de la capital y en medio del clima de conmoción pública por el asesinato a sangre fría de un carabinero, el tercero muerto en 23 días. Aunque todavía las autoridades policiales buscan a los responsables del crimen del cabo Daniel Palma, de 33 años, que recibió disparos en su cabeza mientras intentaba hacer un control a un coche, tanto la Fiscalía como Carabineros divulgaron las imágenes de dos de los sospechosos, de nacionalidad venezolana.

“Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento”, explicó Valencia luego del encuentro, con el que han arrancado “nuevos criterios de actuación frente a extranjeros sin documentos chilenos de identificación oficiales”, que ya han sido informados a los fiscales de esta zona del país.

Esta medida no sería aplicable a los inmigrantes irregulares que no estén imputados por algún delito. Los que no tienen los papeles al día y son detenidos en otras circunstancias, se ponen a disposición de la Policía de Investigaciones, PDI, para iniciar un procedimiento administrativo.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, “el 25% de los imputados que pasan a control de detención son extranjeros, y de ese porcentaje el 50% no cuenta con RUN [DNI] en el Registro Civil de nuestro país, lo que conlleva a problemas de registro e identificación, así como también problemas de carácter procesal”.

La medida anunciada intenta resolver un problema complejo, a juicio de los fiscales. Cuando la policía detiene a algún ciudadano extranjero que queda imputado por algún delito, si no tiene DNI puede informar cualquier identidad en el momento del control de detención. Si el delito es grave, en la mayoría de las ocasiones queda detenido en forma preventiva. Cuando se trata de un delito menor, sin embargo, al investigado se le deja en libertad con el compromiso de un canje penal: asistir a una oficina del Registro Civil e Identificación con un documento entregado por el tribunal para que se le otorgue un número de DNI provisorio. Pero los fiscales han detectado que en la mayoría de las ocasiones se entregan nombres falsos o, simplemente, el imputado no asiste a las oficinas de identificación, por lo que la justicia y la Fiscalía no puede corroborar su identidad y la investigación queda detenida.

Actualmente se pueden dar situaciones complejas. Si el imputado por un delito menor no tiene documento y tiene una orden de captura internacional, por ejemplo, los fiscales chilenos no tienen cómo saberlo, por lo que queda libre.

Los fiscales, hasta ahora, registran las huellas dactilares de los imputados extranjeros sin DNI para enviarlas al país de origen y se verifique la identidad. Pero como el trámite se tarda, los investigados por delitos menores quedan libres. Puede suceder, como ha ocurrido, que los extranjeros no informen su verdadera nacionalidad, por lo que se pide información a un país que no corresponde.

De acuerdo con los nuevos criterios de actuación de los fiscales, “si el Tribunal de garantía rechaza imponer la medida de prisión preventiva en contra del imputado extranjero, se procederá a apelar de tal decisión (en forma verbal o escrita, según corresponda) para que la Corte de Apelaciones resuelva la aplicación de esta medida en contra del imputado extranjero”. Además, “en ningún caso se ofrecerán penas sustitutivas a los imputados extranjeros sin RUN [DNI] provisorio, ni en los casos en que existan dudas sobre su real identificación”, según las nuevas reglas de los persecutores.

Las causales para dejar a alguien en prisión preventiva están contenidas en artículo 140 del Código Penal y se refieren a peligro para la seguridad de la sociedad, peligro de fuga y peligro para la seguridad de la víctima. No existe como causal la imposibilidad de determinar la identidad, por lo que la Defensoría podría reclamar que se está violando la igualdad ante la ley. Ante este nuevo cuadro, serán los jueces de garantía los que deberán resolver este tipo de casos.

El ministro de Justicia del Gobierno de Gabriel Boric, Luis Cordero, ha dicho que “este es un mecanismo que el Ministerio Público ha anunciado por parte de la solicitud de sus fiscales. Corresponderá a los jueces acoger o no esas solicitudes”. Cordero expresó sus dudas, sobre todo respecto de la capacidad carcelaria para recibir a detenidos por prisión preventiva. “Respecto a si tenemos o no capacidad en los centros penitenciarios (...). Es necesario que todos tengamos presentes que el número de privados de libertad ha ido en un aumento sostenido en el último año en particular. Y las proyecciones para los meses que siguen e inicio del próximo año son equivalentes”.

Los sospechosos del crimen del cabo Palma han sido identificados como Carlos Alexander Cortéz Florez y Luis Alberto Lugo Machado, ambos vinculados de manera preliminar a una banda dedicada al robo de relojes en el sector oriente de Santiago de Chile. Uno de ellos, Lugo, tiene antecedentes criminales previos y pesaba en su contra una orden de detención.

Palma es el tercer policía asesinado en Chile en 23 días. Estaba casado con una funcionaria de Carabineros, tenía un hijo de cuatro años y su mujer está embarazada de una niña. Su muerte se suma al crimen, hace apenas 12 días, de la sargento Rita Olivares, a quien un grupo de delincuentes que robaba una casa le disparó en la cabeza. Poco antes, el 15 de marzo, el cabo Héctor Salazar fue atropellado intencionalmente durante una fiscalización en el sur del país.