Chile aprueba un tributo a la gran minería

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles un proyecto que establece un tributo a la gran minería, con lo que la iniciativa queda lista para convertirse en ley. La discusión duró cuatro años, pero fue en los últimos meses que el Gobierno de Gabriel Boric logró que la discusión avanzara. Es un impuesto especial que busca una compensación de los privados que tienen concesiones para explotar minerales, por el deterioro patrimonial de los territorios que son propiedad del Estado. El impuesto, que existe en gran parte del mundo, busca crear fondos para inversiones en diferentes regiones del país, además de destinar mayores recursos a las arcas fiscales.

La aprobación de la ley es un triunfo importante para la Administración de izquierdas chilena –quizás de los más importantes desde el inicio del mandato en marzo de 2022–, en particular para el Ministro de Hacienda, Mario Marcel. El nuevo impuesto a la actividad de las grandes empresas mineras es parte de la Reforma Tributaria que lidera el jefe de las finanzas públicas chileno. Por lo mismo, marca un punto de inflexión luego de que la primera parte del proyecto para subir impuestos fuera rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo pasado.

En particular, el tributo establece una tasa máxima de 46,5% para explotaciones sobre las 80.000 toneladas y de 45,5% para faenas con ventas entre 50.000 y 80.000 toneladas. El proyecto crea también tres fondos por 450 millones de dólares. Uno destinado a la productividad y el desarrollo regional, otro focalizado en comunas mineras [municipios] que distribuirá 55 millones de dólares anuales, y un fondo de apoyo para la equidad, que repartirá 170 millones de dólares a las zonas más vulnerables del país.

“Este proyecto permitirá financiar obras públicas, infraestructura, programas de investigación, desarrollo y reducir la inseguridad en Chile”, señaló Marcel en su intervención en el Congreso, luego de aprobarse la ley. El ministro explicó que el impuesto comenzará a cobrarse en 2024 y que se realizará de manera gradual para que entre 2024 y 2025 se aproxime a su recaudación en pleno régimen. “Hoy día podemos decirle a la industria minera que es cierto que va a tener que pagar más impuestos, pero ya sabe cuáles son los impuestos que va a tener que pagar”, aseguró el economista.

La iniciativa, que contó con un amplio apoyo de los parlamentarios y fue aprobada por 101 votos a favor y 24 en contra, tuvo que sortear varios obstáculos para convertirse en ley. Presentada hace cuatro años en el Congreso, pero con escaso avance en su tramitación, el actual Gobierno decidió proponer una serie de indicaciones en julio del año pasado y, así, establecer un nuevo tributo que, además de financiar obras regionales, permitiera aumentar el aporte del sector minero a los ingresos fiscales.

“Después de cuatro años de discusión, lo primero que hay que reconocer es el liderazgo y dirección de aquellos diputados y diputadas que dieron inicio a esta discusión hace años atrás, entre ellos, Jaime Mulet”, destacó el ministro Marcel, socialista.

Mulet, exmilitante de la Democracia Cristiana y actualmente miembro de partido Federación Regionalista Verde Social, parte del Frente Amplio de Boric, fue el que empujó la primera ley de tributos a la minería que empezó a discutirse en Chile en 2004, hace casi 20 años, en el Gobierno de Ricardo Lagos.

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), una organización gremial que agrupa a las empresas del rubro, destacó que con la ley se pone fin a un largo período de incertidumbre para el sector, que ha afectado las inversiones. “Hay que reconocer que lo que salió es mejor que lo que en principio pretendía el Ejecutivo, con una carga tributaria máxima de 50%. El ministro Marcel entendió nuestros argumentos e hizo varios ajustes al proyecto. Lo más relevante de esta iniciativa es que, por primera vez, se destinan recursos directos a las regiones mineras, lo que antes no ocurría debido a la centralización fiscal”, dijo Riesco.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, valoró la aprobación de la ley: “Uno de los aspectos más importantes para el sector y la inversión minera es la certeza jurídica”, dijo la secretaria de Estado.