Chile pone 'royalty' a sus minas

El proyecto de ley del Gobierno de Lagos para imponer un royalty a la industria minera, la principal del país por el monto de sus exportaciones y la inversión extranjera que recibe, desató una polémica de altos decibelios que ha dejado heridos, como si fuese una propuesta expropiatoria y no sólo la aplicación de un impuesto inferior al de otros países. La importancia de la minería, el principal sector exportador chileno desde hace más de un siglo y en los últimos 15 años el rubro, al que ha llegado más inversión foránea, explica el fuego graneado entre políticos y empresarios.

Lagos dice que el proyecto tiene que ver con el futuro. "¿Cuántas veces en Chile nos hemos quedado con los hoyos y sin nada para el país?"

Con la recaudación se creará un fondo de innovación para la competitividad, destinado a complementar la inversión en ciencia y tecnología

La iniciativa plantea que las empresas mineras paguen una regalía al Estado por las concesiones de explotación, equivalente al 3% de las ventas anuales de la minería metálica y al 1% de la minería no metálica, deduciendo algunos costos. El proyecto exime a las empresas pequeñas y a las explotaciones cuyos costos deducibles sobrepasan al 85% de sus ventas anuales, y comenzará a operar en plenitud después de una transición de tres años.

Con la recaudación se creará un fondo de innovación para la competitividad, destinado a complementar la inversión pública e incentivar la inversión privada en ciencia y tecnología, la mayor parte del cual se gastará en las regiones donde se concentra la actividad minera y se sitúan los recursos naturales no renovables. El Gobierno estima que en tres años más se recaudarán entre 100 y 150 millones de dólares anuales para este fondo.

La concepción es que el Estado, propietario del subsuelo, no recibe compensación alguna por la extracción y venta de estos recursos no renovables por parte de las empresas, como si no tuviesen valor económico. El presidente Lagos sostuvo el jueves que el proyecto "tiene que ver con el futuro de Chile", pidió a los parlamentarios legislar "para nuestros hijos y nuestros nietos, para cuando no exista cobre" y recordó: "¿Cuántas veces en la historia de Chile nos hemos quedado con los hoyos y no quedó nada para el país?".

Tal y como ha ocurrido antes, la preocupación de quienes apoyan la regalía es cuánto se queda en el país por la explotación de sus reservas de cobre, las mayores del planeta.

Rebelión patronal

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Chile dilapidó el ciclo favorable de explotación del salitre. El debate se repitió después con el cobre. La percepción de que las empresas se llevaban el metal y dejaban muy poco al país culminó con el apoyo unánime en el Congreso en 1971 a la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre -todas norteamericanas- durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973). El proyecto de royalty surgió después de que un senador democristiano denunciara durante años que las mineras privadas pagan bastante menos impuestos que las estatales, lo que es efectivo.

El presidente de la patronal chilena, Juan Claro, acusó al Gobierno de perder la brújula por querer aplicar más impuestos, mientras los empresarios mineros amenazaron con acudir al Tribunal Constitucional, que puede rechazar leyes, e incluso a instancias internacionales si el proyecto es promulgado.

El Consejo Minero, que agrupa a las mayores empresas mineras privadas, criticó la iniciativa por romper con las reglas del juego y ser "discriminatoria" e "inconstitucional". Aseguró que las empresas de este rubro han aportado al desarrollo del país a través de la inversión de 25.000 millones de dólares y la creación de 480.000 empleos en los últimos años. Según sostienen, el impacto de esta regalía puede hipotecar las ventajas comparativas y competitivas de la minería chilena.

El debate pronto se extendió al terreno político. Un grupo de diputados de derecha dispuesto en principio a apoyar la idea le quitó su respaldo, lo que fue atribuido a la presión y lobby de las compañías mineras. Un ex ministro socialista, Enrique Correa, después de ser cuestionado por discrepar en esta materia de su partido, que es favorable al royalty, renunció al PS. Otro conocido militante del mismo partido, que es gerente del Consejo Minero, fue pasado al Tribunal Supremo socialista y lo mismo ocurrirá con quienes rechacen este proyecto, considerado por esta colectividad como definitorio de la condición de militancia. El presidente del PS, Gonzalo Martner, comparó la situación con la de un equipo de fútbol, donde los 11 jugadores deben "buscar que los goles entren en el arco contrario y no el propio".

Una encuesta encargada por La Moneda reflejó que el 74,5% de la población apoya el royalty. Pero en el Parlamento se requieren votos y no encuestas. El Gobierno dio máxima urgencia al trámite legislativo (10 días) para evitar que la discusión se contamine con la campaña para la elección municipal de octubre, aunque lo ampliaría si la Cámara aprueba el proyecto. Tiene los votos suficientes, de no aumentar el número de diputados que le quitan su apoyo. La celeridad ha contribuido a hacer más descarnado un debate que tiene raíces históricas.