Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia chilena: “La participación privada es esencial con el litio, pero hay un interés público que resguardar”

Asumió en el cambio de Gabinete que realizó el presidente Gabriel Boric el 10 de marzo pasado y se transformó en la tercera ministra de Ciencia en un año de esta Administración. A diferencia de sus antecesores, Aisén Etcheverry (Santiago, 43 años) no es científica, sino abogada, y su trayectoria pública está más ligada a los gobiernos del expresidente de derecha, Sebastián Piñera, que de la centroizquierda. En su primera Administración (2010-2014), fue asesora del Ministerio de Economía; y para el segundo período del exmandatario (2018-2022), fue directora ejecutiva del Comité de Transformación Digital de Corfo, la agencia estatal de fomento a la producción. Luego, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), un organismo encargado de promover el desarrollo científico y tecnológico.

Pero aunque no milita en ningún partido, Aisén Etcheverry es más cercana a la izquierda y, en particular, al partido del Frente Amplio, Revolución Democrática. Por eso, no sorprendió que apenas asumió el nuevo Gobierno de izquierdas, en marzo de 2022, la experta en propiedad intelectual entrara al Gobierno encargada de la coordinación interministerial en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, desde donde pasó a presidir el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CTCI) en noviembre de 2022. Llevaba poco más de tres meses cuando el presidente Boric la llamó por teléfono para sumarla a su Gabinete como Ministra de Ciencias, Tecnologías, Conocimiento e Innovación. Fue un enroque: la anterior titular de esa cartera, Silvia Díaz, asumió el cargo que hasta ese minuto desempeñaba Etcheverry.

Instalada hace dos meses en su oficina de impresionante vista hacia La Moneda, cuenta que conoce de cerca al presidente Boric: como coordinadora interministerial lo acompañó a casi todas las reuniones bilaterales con los demás ministerios en 2022. Aun así, la sorprendió la llamada del mandatario quien le encomendó una tarea bien específica: la gestión e implementación de un nuevo modelo de desarrollo, que con el aporte de la ciencia y la tecnología, logren generar más bienestar.

Tuvo que aprender rápido. Sobre todo porque a un mes de asumir, el Gobierno dio a conocer su Estrategia Nacional del Litio, una de sus apuestas más ambiciosas en materia productiva para el país, en la que el Ministerio de Ciencia es una pieza clave. En conjunto con las carteras de Minería, Economía, Medio Ambiente y la Corfo, son los encargados de dar forma al nuevo Instituto de Ciencia y Tecnología del Litio y los Salares, un centro de investigación que estará ubicado en Antofagasta -donde se halla el Salar de Atacama, la principal reserva de litio del país- y que ya está en plena creación.

Pregunta. ¿Cuál es la misión de este nuevo Instituto de Ciencia y Tecnología del Litio y los Salares?

Respuesta. Tiene el papel de generar energías nuevas a partir del litio, dar valor agregado a la industria, mejorar los mecanismos de extracción y estudiar permanentemente los salares desde su biodiversidad y desde la perspectiva de las comunidades que habitan en torno al salar.

P. Hoy el Estado no posee conocimiento asociado al litio. Sus principales actores en Chile son privados. ¿Cómo buscan generar ese conocimiento?

R. El desarrollo científico ocurre cuando hay grupos de investigación en las universidades, centros de investigación específicos, el sector privado haciendo I+D y colaboración internacional. Es imposible que todos estos actores estén en el instituto, pero éste debe tener una capacidad de generación de investigación propia y trabajar asociativamente con otros. Con qué intensidad, es parte de lo que vamos a definir en los próximos meses.

P. En este caso, el conocimiento hoy sobre la explotación de litio y las redes de comercio internacional la tienen en Chile SQM y Albemarle, las compañías que explotan. ¿Cómo el Gobierno busca acceder a ese conocimiento y esas redes en medio de las negociaciones para que el Estado pueda entrar como controlador al Salar de Atacama?

R. Nosotros no somos parte de esa conversación [de las negociaciones por el control], porque el mandatado de hacerlo lo tiene Codelco [la cuprífera estatal que tendrá un papel central en la estrategia]. Ahora existen mecanismos de transferencia tecnológica y herramientas asociadas a la propiedad industrial, que le dan van valor a ese conocimiento y permiten monetarizarlo.

P. Usted, como Ministra de Ciencias, ¿va a participar en esa parte de la negociación?

R. No. Pero el otro espacio, que es el que nos interesa más como ministerio, es que cuando uno combina el interés del sector privado con el interés público, desarrolla tecnología no solo para mejorar la extracción o para cumplir con los estándares medioambientales, sino que se puede ir más allá.

P. ¿Por ejemplo?

R. Por ejemplo, hacerse cargo del impacto en biodiversidad de los salares. O generar formas de explotación que a lo mejor pueden ser más coincidentes con ciertas cosmovisiones asociada a las comunidades que ahí existen. La tecnología que se puede desarrollar es más diversa. Y ahí el Instituto Tecnológico tiene mucho que decir. Porque a lo mejor SQM o Albemarle u otro no van a poder desarrollar esa tecnología o van a querer externalizarla y que otros investiguen por ellos.

Valor agregado y baterías

P. Lo que busca esta estrategia, según se ha dicho, es generar mayor valor agregado en la industria. ¿Eso sería refinación del litio o fabricación de baterías?

R. Participación en toda la cadena de valor, fue lo que dijo el presidente. ¿Hace sentido desarrollar baterías de electromovilidad desde Chile? Probablemente no, porque esas baterías se construyen cerca de los lugares donde están las plantas que fabrican autos. Pero quizás hace sentido desarrollar baterías estacionarias, porque tenemos una producción importante de energía en el norte a raíz de la radiación solar. Yo diría que no hay ninguna industria que esté descartada: refinación, baterías y otras que se nos puedan ocurrir después. Ahora, por dónde irá la principal apuesta, tendrá que definirlo la Empresa Nacional del Litio que tiene que ser discutida Congreso.

P. Para tener claro cómo se generaría valor agregado tendremos que esperar, entonces, que se apruebe la Empresa Nacional y se implemente.

R. Ese es su papel. Y en paralelo, este Instituto Tecnológico va a hacer investigación en nuevas tecnologías. Probablemente, y esto es una conversación abierta, vamos a comenzar por aquellas materias que tengan que ver con hacer una extracción más amigable con el medio ambiente. Esa debiese ser la prioridad uno. Pero, además, nosotros administramos fondos concursables para emprendimientos de base científica tecnológica, que pueden servir para distintas cosas. Y me pregunto si vamos a ver emprendimientos asociados a litio y otros usos. Es interesante, porque los contratos que hoy existen incluyen un mecanismo que permite vender a un precio reducido a empresas manufactureras basadas en Chile. Si una persona quiere hacer baterías puede tener un precio reducido de litio si las produce en Chile. Es decir, hay un interés público por desarrollar una industria más avanzada de litio.

P. Otras críticas apuntan a las dudas de que el Estado logre generar una industria de valor agregado del litio, si con el cobre no lo ha hecho.

R. Porque han pasado muchos años desde que empezamos con la industria del cobre y este es un país muy distinto. En Chile se puede hacer tecnología de muy alto nivel. Y no lo digo yo, ocurre. Hay mucho que invertir y potenciar y en eso estamos. Es injusto respecto del litio compararlo con la estrategia del cobre, porque son momentos del país muy diferentes, y estrategias muy diferentes.

P. La idea de que el Estado tiene que ser controlador de proyectos de litio genera críticas, sobre todo desde el mundo privado que esperaba tener un papel más protagónico. ¿Ve un riesgo de que el debate termine centrándose en esto y no en los temas de valor agregado y sostenibilidad que preocupan a este ministerio?

R. Esto evoluciona. Y las posiciones han ido cambiando en las últimas semanas. Me llamó la atención la cantidad de empresas interesadas en iniciar conversaciones con el Estado de Chile para ser parte de esa estrategia. Lo que veo es que esto se está encauzando por un camino esperanzador donde la participación del mundo privado es esencial. Pero aquí hay un interés público que resguardar y que se hace en otras partes del mundo también. Uno puede entender, por la reacción inicial, que no era lo que el sector privado en Chile esperaba, pero en la medida que se vayan conociendo los detalles y que avancen las conversaciones de SQM y Albemarle con Corfo, se va a ir entendiendo el sentido de esta estrategia: que todos ganemos.

P. ¿Está de acuerdo en que el Estado tiene que ser el controlador?

R. Sí, claro. Aquí no hay confusión.