Boric se juega su legado en el último año en La Moneda

El presidente Gabriel Boric llegó a La Moneda en marzo de 2022 liderando una nueva generación de izquierda entre altas expectativas. Su proyecto transformador se pinchó rápidamente, cuando en septiembre de aquel año los chilenos rechazaron rotundamente la primera propuesta constitucional, que cimentaba el camino para materializar varias de las reformas prometidas en campaña. En los tres años de Administración, la contingencia ha marcado la agenda gubernamental, y puso a la seguridad y la economía entre las principales prioridades. Ahora que inicia su último año de Gobierno —las elecciones presidenciales son en noviembre de 2025—, el mandatario chileno se juega su legado en la aprobación de un pacto fiscal y una reforma de pensiones, que se han ido moderando en el camino para lograr los apoyos necesarios en el Congreso, donde las coaliciones de izquierda son minoría.

La derrota en el primer intento de cambiar la Constitución nacida en 1980 obligó al presidente a girar hacia la moderación, donde el Socialismo Democrático se convirtió en la principal fuerza en su Gabinete, superando al Partido Comunista y el Frente Amplio, la coalición original de Boric. Desde entonces, sus dos grandes objetivos políticos y programáticos han sido la reforma previsional y el pacto fiscal. A pesar de las concesiones y ajustes que han realizado para sacarlos adelante, en la recta final aún no cuentan con los apoyos necesarios de la oposición, pero enero será el mes clave de las negociaciones.

Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, plantea que el mandatario debe enfocarse en su último año en La Moneda a dejar aprobada la reforma de pensiones y otras en materia de seguridad, como la de la ley de inteligencia, la relacionada a la ruta del dinero ilícito, e implementar el nuevo ministerio de Seguridad Pública, aprobado en el Congreso a comienzos de diciembre. Por su parte, el investigador asociado al Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, señala que el mandatario debe centrarse en la seguridad y el crecimiento. “Ahora bien, creo que él y su coalición debieran hacer un esfuerzo importante por estabilizar el clima político, por tranquilizar una discusión pública que está totalmente irritada, a lo cual lamentablemente han contribuido”, apunta en relación a un tuit de Boric de este jueves, en el que decía que si la reforma de pensiones no le gustaba a las AFP [Administradoras de Fondos de Pensiones] era una “muy buena señal”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien, junto a su par del Trabajo, Jeannette Jara, tiene el papel clave de empujar que el proyecto para mejorar las pensiones, dijo en una reciente entrevista en EL PAÍS que ve un 85% de probabilidades de llegar a un acuerdo con la oposición, quitando de la ecuación al Partido Republicano, de la derecha dura, que nunca ha estado por cambiar el sistema. El principal nudo ha sido la repartición del 6% adicional con cargo al empleador. “Si se alcanza algún acuerdo en pensiones, podría convertirse en uno de sus legados”, sostiene Fuentes.

Marcel defiende que la aprobación de la reforma de pensiones será un impulso para la economía porque “va a permitir la acumulación de mayores ahorros, la reactivación del mercado de capitales de largo plazo y un mejor financiamiento para los créditos hipotecarios, para las empresas y pyme [Pequeña y mediana empresa], y al propio gobierno. Todo eso es beneficioso para la economía”. Precisamente, la economía ha sido uno de los temas que ha marcado obligadamente la agenda del Gobierno de Boric, que aterrizó en La Moneda sin tener el crecimiento como uno de sus principales objetivos.

Según organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Cepal, la economía chilena sólo se expandirá en un rango de 2,2 a 2,4% este año. La Administración de izquierdas había apostado inicialmente por un crecimiento del 2,6%. Para el próximo año, la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central proyecta un avance del 2%. Si se cumplen los pronósticos, el crecimiento promedio del Gobierno de Boric será de 1,6%, el más bajo en un periodo presidencial desde el retorno a la democracia, en 1990.

Uno de los puntos que han subrayado desde el Ejecutivo es que lograron ‘estabilizar” la economía tras los desequilibrios que se produjeron en la pandemia. Claudio Fuentes sostiene que en materia económica, considerando la inflación, el desempleo y la inversión extranjera “se puede hablar de estabilización, aunque hay otros indicadores como crecimiento donde no se han logrado avances sustantivos”. “La estabilidad alude”, agrega, “a que existan ciertas políticas que orientan la acción de los actores y, en ese sentido, pienso que hay un escenario de relativa estabilidad”. Sin embargo, para Pérez de Arce “esta idea de estabilizar el país es difícil de comunicar si llegaste al Gobierno con la promesa de transformaciones radicales y no las pudiste realizar”.

Boric ha logrado mantener un piso de respaldo superior al de los presidentes que lo antecedieron, de un 30% prácticamente inmutable frente a las crisis que ha atravesado. Durante los tres años de Gobierno, la Administración de izquierdas ha logrado sacar adelante “políticas de justicia social”, entre ellas el alza del sueldo mínimo a 500.000 pesos (unos 550 dólares); la ley de jornada laboral de las 40 horas; la gratuidad en la Red Pública de Salud con el copago cero; el impuesto a la gran minería (comenzó parcialmente este 2024) y la aprobación de la ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos.

El presidente también ha hecho claros guiños a sus bases, como concretar su promesa de campaña con los indultos a condenados por delitos cometidos en el estallido social de octubre de 2019 —que provocaron una crisis por los antecedentes de algunos de los beneficiados— y el anuncio en su tercera Cuenta Pública, el pasado junio, del ingreso durante este segundo semestre de un proyecto de ley de aborto legal. Este plazo, sin embargo, no se cumplirá este 2024. Aunque “es factible” que al final de su mandato, dice Fuentes, exista toda una nueva institucionalidad en seguridad pública (nuevo ministerio, la ley antiterrorista aprobada recientemente, la reforma a ley inteligencia y normas de uso de la fuerza), lo que para el académico sería “un legado inesperado” para lo que era su programa de Gobierno.