El Congreso chileno aprueba la Ley Antiterrorista en medio de una crisis de seguridad

La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile ha aprobado este miércoles el informe final de la comisión mixta sobre la Ley Antiterrorista, que define las conductas terroristas y establece sus penas. La normativa ahora será despachada por el Gobierno de Gabriel Boric, que enfrenta una crisis de seguridad, marcada por un incremento significativo de crímenes violentos. El Partido Comunista rechazó el documento en cuestión y el Frente Amplio, el partido del mandatario chileno, se abstuvo por un punto en particular: la aplicación de los sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales se podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos de sospechosos.

Tras el visto bueno del Senado este miércoles, la Cámara baja ha aprobado el informe de la comisión mixta por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Nueve diputados comunistas rechazaron la iniciativa, tres del Frente Amplio y dos socialistas. Sobre el punto más polémico, la interceptación, la normativa establece que, si un fiscal lo pide, un juez podrá ordenar que se intervengan redes de servicio de telefonía o de transmisión de datos móviles. También se podrá hacer uso de ella en casos de delitos vinculados a leyes sobre tráfico de drogas, control de armas y asociación ilícita.

La diputada comunista Alejandra Placencia sostuvo que el sistema Imsi Catcher representa una “amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y su inviolabilidad de forma arbitraria. Tenemos legítimas dudas para plantearnos que es inconstitucional”. La semana pasada ya había adelantado que podían recurrir al Tribunal Constitucional si se aprobaba ese punto en particular.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió que la aplicación del sistema Imsi Catcher que se establece en la ley que sanciona la asociación terrorista “es adecuada”: “No se van a poder conocer los datos, las conversaciones, el contenido de los mensajes, nada de eso. Solamente se va a poder identificar la presencia de un dispositivo en un lugar donde hay una investigación de interés y del teléfono que está ligado a ese dispositivo”. Tohá reconoció que “comenzó con una definición extremadamente laxa”, que generaba riesgos porque no se ponía en el caso de un uso inadecuado o de afectación de terceros que no fueran parte de la investigación, pero que la comisión mixta restringió ese escenario.

Inicialmente, solo se contemplaba el uso del sistema Imsi Catcher solo en la Macrozona Norte, entrada principal de inmigrantes indocumentados y donde hay focos de extrema violencia. “La comisión mixta, con muy buen criterio, lo amplió a todo el país”, dijo el diputado independiente por el PPD, de la centroizquierda, Jaime Araya, quien fue el autor de la indicación que permitió extender la explicación del Imsi Catcher para pesquisas sobre narcotráfico y figuras del crimen organizado, además de terroristas. “Es una tecnología que permitiría eventualmente intervenir muchos dispositivos o conversaciones telefónicas o datos de dispositivos tecnológicos a la vez. Así salió del primer trámite constitucional. Sin embargo, eso fue debidamente controlado y modificado, donde se acotó única y exclusivamente a la individualización del dispositivo a través del SIM, del IMSI, de la IP y la georreferenciación”, añadió.

La subjefa de la bancada de diputados del Frente Amplio, Lorena Fries, apuntó que, si bien se restringió la normativa por un lado, se extendió por otro, “al hacerlo aplicable a otros crímenes, cuestión que podría debatirse, pero en el marco de sus respectivas leyes, y no en esta, porque se alejan de la idea central del proyecto, que son las conductas terroristas”. Antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, la comunista Karol Cariola, dijo en CNN radio que, de aprobarse el informe sobre la ley, se iba a provocar “una demora en su promulgación, porque de todas maneras van a concurrir al Tribunal Constitucional”, en alusión a sus compañeros de partido.