Ana y Ricardo: un atentado terrorista en el Biobío puertas adentro

Cada vez que Ana (65) escucha un ruido inusual o ladrar a varios perros al mismo tiempo, piensa que es una alerta de que algo malo puede ocurrir. Es una secuela que le ha quedado de lo que vivió el 28 de agosto de 2020. Ese día, a las 8.30 de la mañana, estaba junto a Ricardo (70), su marido que padece Párkinson, recién levantada y en pijama, cuando cinco encapuchados vestidos con ropas oscuras y de camuflaje entraron a su casa en la ribera del lago Lanalhue, en Contulmo, provincia de Arauco de la región del Biobío. Les apuntaron con armas largas en sus cabezas, los obligaron a salir y luego incendiaron su casa frente a ellos.

Uno de los hombres llevaba un bidón de cinco litros, y otro, que oficiaba de jefe, le ordenó que disparara hacia el ventanal del dormitorio matrimonial. “Tírale al colchón”, recuerda Ana que le dijo. “Solo se les veían sus ojos, y no pestañeaban”, dice Ana a El PAÍS, quien ha pedido reserva de sus identidades por seguridad. “Uno en esos momentos queda en blanco”, recuerda. El instante de mayor terror fue cuando uno de los encapuchados pasó una bala, mientras la pareja suplicaba: “Pedíamos por favor de que nos hicieran nada”.

Los hombres les pidieron sus teléfonos móviles, pero con la tensión no lograron encontrarlos. De pronto, agachada entre unos matorrales, a escasos metros del incendio, Ana se percató que tenía su celular en el bolsillo de su bata de levantar. No se explica hoy cómo se atrevió, pero lo sacó discretamente y tomó una fotografía de su casa en llamas. “No sé qué habría pasado si sonaba mi teléfono”, señala.

Contulmo es parte de la Macrozona Sur chilena, que lleva dos años bajo estado de excepción constitucional con presencia de las Fuerzas Armadas. Y desde hace más de una década sufre ataques y atentados protagonizados por grupos radicales mapuche que reivindican tierras y que, armados, han incendiado predios y casas. Con el tiempo se ha evidenciado que a los delitos se ha sumado el robo de madera. También han surgido otras organizaciones, que trafican drogas y roban automóviles. Hoy hay una frontera difusa respecto de si algunos grupos operan juntos o si en las zonas rurales hay otras bandas de crimen organizado que han aprovechado el conflicto para delinquir y ocultarse en esos sinuosos caminos.

Tras el atentado, Ana y Ricardo tuvieron que dejar la zona e irse a vivir a Santiago. Solo se han atrevido a regresar dos veces al sector, casi cuatro años después: para enterrar al padre de Ana el año pasado y porque su marido quería volver, aunque fuera por unos días. La salud de Ricardo se deterioró rápidamente después del ataque y la última vez que estuvieron allí, en febrero, él pensaba que desde cada árbol alguien podría dispararles. “Tal vez no fue una buena idea ir”, dice Ana a EL PAÍS. En el terreno ha quedado en pie solo la casa de una de sus cuatro hijas, de 50 metros cuadrados, con orificios de balas en el techo y las paredes.

El ataque que sufrieron les ha quedado como un tatuaje en su vida, y lo reviven, aunque no quieran, una y otra vez. Pero ha sido el triple homicidio de tres carabineros, el pasado 27 de abril en la peligrosa carretera P 72, a la altura de la localidad de Antiquina, a 19 kilómetros de donde estaba la casa de Ana y Ricardo, el que ha reactivado todos sus fantasmas. Los funcionarios fueron asesinados a balazos, y luego quemados en la camioneta que patrullaban cuando iban a realizar una fiscalización de medidas cautelares de personas que cumplen arrestos domiciliarios. Cuando Ana vio las fotografías de los policías, reconoció que al menos uno de ellos era parte del grupo de carabineros que en febrero, por orden de la Corte Suprema –que acogió un recurso de protección en su favor que presentó el abogado Andrés Cruz–, iban a hacer rondas a su sector. Una vecina suya, de Contulmo, también los conocía, y recuerda que dos semanas antes del crimen se encontró con el cabo 1° Sergio Arévalo. “Eran personas de campo, como nosotros”, los describe ahora tras los crímenes que han conmocionado a Chile entero.

Según ha dicho Roberto Garrido, el fiscal que investiga el triple homicidio, “el fenómeno de violencia que se registra en la Macrozona Sur es una manifestación de crimen organizado, no se puede hablar de violencia rural como un concepto distinto de la criminalidad organizada”. “Se trata de grupos que se aprovechan del control territorial que se pretende ejercer por algunas orgánicas que levantan ciertas consignas de carácter político, pero que utilizan ese espacio de control para imponer su voluntad y realizar acciones criminales como sustracción de vehículos, tráfico de drogas, extorsiones, sustracción de madera”.

Daniela Dresdner, delegada del Biobío, ha dicho en las últimas horas: “Los hechos confirman que el problema en la zona es de crimen organizado y no de reivindicaciones territoriales”, aseguró a La Tercera sobre el asesinato de los tres carabineros.

Segundo incendio en la familia

Ana y Ricardo, ingeniero mecánico que se jubiló por invalidez tras su diagnóstico de Párkinson en 2012, se conocieron en Cañete en 1976 y se casaron dos años después. Ella pasó toda su infancia en la zona, pues sus abuelos eran del Valle Elicura. “Cuando niña iba a caballo hasta la Villa Elicura a buscar el diario, envuelto en papel blanco y lacre rojo. Todos los días, a las tres de la tarde, llegaban encomiendas en esos trenes que echaban vapor”, recuerda. Por razones de trabajo, la pareja vivió en distintas regiones del país, entre ellas Arica, en el extremo norte chileno, y Santiago. Pero se prometieron que volverían a vivir allí, pues estaba la familia de Ana. En 1987 compraron un terreno en la ribera del lago y de a poco construyeron una casa. Le hicieron varias ampliaciones y, cuando fue quemada, contaba con 100 metros cuadrados.

De la casa de la abuela de Ana tampoco queda nada. En 2018 fue incendiada por desconocidos y el terreno ha sido tomado. De ella, como recuerdo, tenía un pequeño cuadro enmarcado, una ilustración en acuarela de la antigua construcción, que le regaló una de sus cuatro hijas. La colgó en una pared de su casa que tenía en el lago Lanalhue. Su madre vivía en el área de Chan Chan, pero también debió irse de allí pues al frente eran usuales los incendios de camiones. “Mis papás tuvieron que salir del sur. Su casa es una de las pocas que queda en pie en ese sector. Se fueron [a la zona central de Chile] por temor. Les ponían banderas afuera de su casa y los amenzaban”, dice.

Pese a esa historia familiar, Ana y Ricardo cumplieron su promesa y en 2019 decidieron radicarse en la zona-centro sur. Pensaban que la violencia en la Macrozona Sur no les tocaría a ellos. “Hasta el 28 de agosto del año 2020, yo decía que si algo terrible pasaba en el mundo, el lugar más seguro era esa casa. Yo nunca quise ir a ninguna otra parte que no fuera el lago”, dice Ana a EL PAÍS con la voz quebrada. “Más que a uno le hayan quemado la casa, lo que más duele es que uno tenía un sentido de pertenencia. Yo creo que debe ser lo que siente la gente cuando la desplazan, el dolor de no poder volver”, dice.

Y agrega: “Cuando a alguien se le quema la casa por un cortacircuitos o porque se le inflamó la estufa o la cocina, hace la casa de nuevo. Pero cuando es por un atentado y una violencia tan grande, está el miedo de no poder regresar. Eso para mi es lo peor, no lo material. Y uno tiene tantos recuerdos...Cuando quemaron la casa de mi abuela, me quemaron parte de la vida. Y después, lo que tanto esfuerzo nos costó con mi marido, en 10 minutos ya no estaba”.

Hasta hoy, los responsables del ataque a Ana y Ricardo no han sido identificados.

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