El despliegue militar en el norte de Chile mitiga la llegada de inmigrantes sin papeles, que cae un 55% en tres meses

La llegada de inmigrantes sin papeles en el norte de Chile se ha reducido un 54,5% en los tres primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2022. La estrepitosa caída responde, en gran parte, al despliegue de las Fuerzas Armadas ordenado por el Gobierno de Gabriel Boric en tres regiones de la llamada macrozona norte del país, en los límites fronterizos con Bolivia y Perú. La medida aprobada por el Congreso comenzó a regir hace un mes para entregar apoyo de control y orden público ante la crisis de migración irregular y de seguridad que se vive en la principal puerta de entrada para los extranjeros sin documentos al país sudamericano.

Los venezolanos, que el primer trimestre del año pasado representaron el 80% de las llegadas, ahora solo representan el 36%. El resto son de nacionalidad boliviana. “Son datos objetivos y eso puede demostrar los resultados de las Fuerzas Armadas en la frontera norte”, informó esta semana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, desde Iquique, capital de la Región de Tarapacá, que concentra tres cuartas partes de los ingresos de inmigrantes sin papeles.

El promedio semanal de ingresos detectados de manera irregular los primeros meses del año pasado era 967 personas. “¿Cuál es la realidad de este año? Es en promedio 440 personas al 19 de marzo, un 55% menos de ingresos irregulares en la frontera norte del país”, apuntó Monsalve. Como medidas paralelas al despliegue militar, el subsecretario anunció la creación de tres grupos de trabajo desde el Ejecutivo: desarrollo económico, inversión social y problemas de seguridad. Cada grupo visitará mensualmente la zona para discutir ls iniciativas con las autoridades locales.

Las cifran ha sido bien recibidas por el amplio espectro político, pero el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) llama a la cautela. “Las experiencias anteriores y las de otros países, han mostrado que los ingresos pueden trasladarse hacia otras zonas más peligrosas”, afirma Waleska Ureta, directora de la fundación, “con posible intervención de los denominados coyotes, personas que usan la vulnerabilidad de migrantes y violan la legislación migratoria”. El impulso desde SJM es que cualquier medida restrictiva que implemente el Estado sea acompañada de otras tendientes a posibilitar el ingreso regular por vías claras y eficientes.

La reconducción de los extranjeros irregulares también ha cambiado: hace un año, solo el 10% eran regresados a su país de origen. Ahora, la cifra alcanza un 59%, según los datos reportados por Carabineros y las Fuerzas Armadas. En la XXVIII edición de la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana, celebrada la semana pasada, el presidente Boric urgió a los otros líderes presentes “ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y destino”.

En una reciente visita del mandatario a Colchane, un pequeño pueblo fronterizo con Bolivia que ha llegado a tener más extranjeros sin papeles que habitantes, el presidente aseguró que le mandató al nuevo canciller Alberto van Klaveren que reforzara las conversaciones con los países vecinos, en particular con Bolivia, con el que las relaciones diplomáticas están rotas desde 1978. “No están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, aseveró Boric.

El vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, respondió tajante: “No existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”. Una resolución de abril del año pasado, firmada por el actual director nacional de migraciones de Chile, Luis Eduardo Thayer, dispuso que en el paso fronterizo con Bolivia serán sometidos al procedimiento de reconducción “solo los nacionales de Bolivia”.

La medida excepcional de desplegar a los militares en la macrozona norte tiene vigencia por 90 días, con opción de extenderla. Los agentes de las fuerzas especiales pueden realizar tres funciones: controles de identidad, revisión de equipaje en caso de que exista un elemento que indique la comisión de un delito y detención de personas, que serán derivadas a las policías, si ingresan sin papeles de identificación o si están cometiendo un ilícito.

Las zonas donde se han ubicado los militares concentran el aumento a nivel nacional de los delitos asociados al tráfico de personas, de armas y de drogas. En el caso de Tarapacá, es también el lugar de Chile que tiene la mayor tasa de homicidios asociados al crimen organizado.