Chile busca una solución laboral para decenas de miles de migrantes

Representantes del Estado, del sector privado, de la sociedad civil y de organismos internacionales elaborarán en los próximos tres meses un plan de inserción para los migrantes y refugiados

La policía fronteriza controla a los migrantes que cruzaron ilegalmente a Chile desde la frontera con Bolivia, en Colchane, en febrero de 2022.
La policía fronteriza controla a los migrantes que cruzaron ilegalmente a Chile desde la frontera con Bolivia, en Colchane, en febrero de 2022.DIEGO REYES (AFP)

A Mauricio González (Santiago de Chile, 63 años) lo conocen como “el profesor de Colchane”. Llegó a finales de la década de los ochenta a impartir clases en el paso fronterizo chileno, en el límite con Bolivia, a casi 2.000 kilómetros al norte de la capital. Desde entonces, ha sido testigo de la llegada de la luz eléctrica, del agua potable y, más tarde, de la crisis migratoria que enfrenta Chile. Colchane, un pueblo de 1.700 habitantes, ha sido la puerta de entrada para miles de migrantes sin papeles, principalmente venezolanos. “A este lugar, sin baños ni infraestructura, llegaron 1.400 personas en dos días”, describe por teléfono. “Y cuando la gente tiene frío y hambre hace lo que sea para salvar su vida. Ya llevamos 27 muertes, tenemos que hacer algo como país”, urge.

El profesor de Colchane es uno de los protagonistas del documental Esperanza sin fronteras, realizado por el Arzobispado de Santiago. La producción retrata la desesperación de las familias y los problemas que ha arrastrado la oleada de ingresos irregulares. “La situación fue crítica en su momento. Esta gente ocupó todos los espacios que pudo para albergarse, cometieron actos delictuales, amenazaron a la gente con armas, robaron ropa… fue catastrófico. La policía no daba abasto para atender a tanta gente”, sostiene González. Durante la pandemia, el profesor y su esposa, junto a un grupo de monjas, se han dedicado a recibir a los migrantes en la Capilla Nuestra Señora de Los Dolores, convertida en un centro de acogida donde ofrecen techo y comida a una cincuentena de mujeres y niños cada día.

La cinta se estrenó este miércoles en el marco del anuncio de una mesa de trabajo con representantes del Estado, del sector privado, de la sociedad civil y de organismos internacionales para diseñar durante los próximos tres meses un plan de inserción socio-laboral a los decenas de miles de migrantes y refugiados que hoy viven en Chile. En las últimas semanas de agosto anunciarán las conclusiones de las seis sesiones contempladas.

El arzobispado extendió la invitación a través de la vicaría para establecer en tres meses una hoja de ruta que ofrezca soluciones a corto y mediano plazo. “Sabemos que es un objetivo desafiante”, sostiene Luis Berrios, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Pastoral Social Caritas, “pero creemos que podemos cruzar las necesidades del país con la oportunidad que los migrantes representan en trabajos que muchos chilenos que no quieren hacer o donde existe déficit, como en el ámbito de la medicina, donde falta personal”.

En 2021, cerca de 50.000 extranjeros acudieron a las autoridades para declarar de manera voluntaria su ingreso clandestino a Chile. El norte es la puerta de entrada, pero muchos solo se quedan ahí hasta reunir el dinero suficiente para realizar un PCR y comprar un pasaje hacia la capital. “Hay muchas personas que no declaran su ingreso, por lo que las organizaciones de la sociedad civil estiman que la cifra es de al menos el doble”, apunta Berrios.

El alcalde de Colchane, Javier García, criticó la mesa de trabajo, en la que participarán representantes de la subsecretaría del Trabajo, el Servicio Nacional de Migraciones, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la OIT, entre otros. La mesa de trabajo y las posibles soluciones que acuerden “incentivan la migración irregular por pasos no habilitados y también los negocios ilegales de tráfico de migrantes”, sostuvo García. “¿Qué hacemos con los migrantes y refugiados que ya viven en nuestro país?”, se pregunta Berrios. “Si no les ofrecemos una oportunidad laboral, van a estar condenados a vivir en condición de calle o de la asistencia social, lo que no es sostenible. Y además de ser un problema para ellos, nos traerá problemas a todos”, advierte.

El presidente Gabriel Boric propuso al poco de asumir la presidencia un sistema de cuotas migratorias inspirado en el modelo que la Unión Europea. “Una crisis migratoria, en este caso de más seis millones de personas, sobre todo desde Venezuela, no puede recaer en un uno o un grupo de países. Tenemos que pensar en la solidaridad latinoamericana. Brasil, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, tienen un rol que cumplir”, sostuvo en marzo el mandatario.

La crisis migratoria en Chile ha dejado escenas como el violento episodio que se vivió el pasado septiembre en una marcha antiinmigrantes en Iquique, la principal ciudad a la que se dirigen los venezolanos tras su llegada a Colchane. La protesta, que reunió a unas 5.000 personas, acabó con una gran fogata en la que los manifestantes quemaron las pocas pertenencias de un grupo de venezolanos sin techo, entre ellas colchones y juguetes de bebé.

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