Cuando llegaron a la frontera de México con Estados Unidos, la maestra venezolana Mayerlin Mayor y su hija Victoria no esperaban encontrarse con un río caudaloso. Los coyotes les habían dicho que cuando lo cruzaran el agua apenas les llegaría a los tobillos. Pero una vez allí, no había tiempo para pensarlo mucho. El 18 de enero de este 2022 cruzaron y en un punto ya no tocaron fondo, contaron sus familiares en Venezuela a medios locales. Según el relato, cayeron en un hueco y la niña murió ahogada en la travesía que miles de venezolanos están haciendo para tocar suelo estadounidense, entregarse a algún agente de la patrulla fronteriza y pedir asilo.

Tres días después de que Mayerlin y su hija intentaran cruzar, entró en vigencia la exigencia de visa para los venezolanos en México. La presión migratoria de los venezolanos en la región sigue creciendo. La dura crisis económica y social en el país petrolero empeora las condiciones de vida de los más pobres y las reformas del Gobierno de Nicolás Maduro para abrir la economía después de décadas de controles han ensanchado la brecha de la desigualdad. Con ello, han ido en aumento las restricciones para intentar frenar un movimiento que ha desbordado a los países de la región. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de la de los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR.

El año pasado, los venezolanos, después de los mexicanos, fueron el grupo más numeroso que llegó a la frontera norte con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Más de 100.000 lograron atravesar ese peligroso paso en 2021, 20 veces más que el año anterior, según Brian Fincheltub, comisionado para asuntos consulares del Gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, que cuenta con reconocimiento de Washington.

La exigencia de visa en México, que hace todo lo posible para contener el flujo de migrantes a Estados Unidos, ha sido la barrera más reciente y ha significado un duro golpe para los venezolanos. No solo para los migrantes que esta semana protestaron en Tapachula, en el Estado de Chiapas, el primer torniquete de la frontera sur, sino también para los más de 80.000 que ya viven en México y que aspiraban reagrupar a sus familias.

Los requisitos para conseguir este documento son casi imposibles de cumplir para quienes se están moviendo por la región en busca de mejores oportunidades: demostrar arraigo al país a través de un contrato laboral, por ejemplo, y una solvencia económica de más de 2.500 dólares, explica July Rodríguez, defensora de derechos humanos y fundadora, junto a la abogada Lizbeth Guerrero, de Apoyo a Migrantes, una organización que desde hace cinco años orienta gratuitamente a los venezolanos que han salido del país. “Esta medida viola el derecho al asilo y a pedir refugio en México a una población que ya es vulnerable”, denuncia Guerrero, de 56 años, que emigró a Ciudad de México hace cuatro años, tiene a la mitad de su familia en Venezuela y comparte el trabajo social con migrantes con una venta de comida desde su casa.

En Apoyo a Migrantes responden cerca de cien mensajes al día a través de un número de WhatsApp y una página en Facebook de venezolanos en tránsito —recientemente también de centroamericanos desde distintos puntos de la región— con dudas sobre los requisitos para entrar de forma legal, por necesidad de asistencia jurídica porque fueron detenidos o para pedir ayuda humanitaria porque están en la calle. En pandemia, cuando pensaron que el trabajo bajaría, se triplicó por las crisis en los países de acogida. “Están cercando a la comunidad venezolana, que somos personas que no estamos saliendo de nuestro país por vacaciones”, dice Rodríguez a través de una videollamada.

Las activistas, junto a otras organizaciones, están preparando un amparo para impugnar la medida. México ha sido el último país en sumarse a la lista de quienes ponen restricciones a los venezolanos, el 21 de enero, y la semana pasada su vecino Belice también anunció que pediría visas. En 2022 hay 98 países que piden visa a los venezolanos, 22 de ellos en la región, y la mayor parte de este grupo lo ha impuesto en los últimos cinco años.

Deportaciones

Junto a estos muros de requisitos, también comienzan las deportaciones. Durante el Gobierno de Donald Trump, se deportaron venezolanos desde Estados Unidos a través de terceros países como Trinidad y Tobago, México o República Dominicana, pues las relaciones entre Washington y Caracas están rotas y no hay vuelos directos entre los dos países como parte de las sanciones aplicadas en 2019. Esta medida fue criticada duramente por un Joe Biden en campaña presidencial, pero han continuado bajo la administración demócrata, pese a que el año pasado dictó un estatuto temporal de protección para los venezolanos.

El 27 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional informó de que dos venezolanos fueron enviados en un vuelo comercial a Colombia bajo el Título 42, una cuestionada ley de los años cuarenta del siglo pasado, que permite expulsar extranjeros en un escenario de “grave peligro”, en el que puedan “introducir una enfermedad transmisible a los Estados Unidos”. Esta ley sanitaria anula la posibilidad de solicitar asilo y protección humanitaria y se ha aplicado durante la pandemia, bajo el Gobierno de Trump, y ahora se amplía con los venezolanos. En México, las activistas Rodríguez y Guerrero están viendo más casos de inadmisiones de asilo y expulsiones casi inmediatas desde la frontera con Estados Unidos.

La medida produjo un cruce de declaraciones entre Estados Unidos y Colombia. Washington argumentó que los ciudadanos fueron enviados a Colombia porque con anterioridad habían obtenido algún tipo de estatus migratorio en el país. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que esperaban que los vuelos a Colombia con venezolanos deportados se realizaran de “forma regular”, insinuando un acuerdo con el Gobierno de Iván Duque, que su canciller ha negado.

Las deportaciones también levantaron rechazo entre defensores de derechos humanos. Más de 100 organizaciones emitieron esta semana un comunicado en el que exigen detenerlas. “Estas expulsiones bajo el Título 42 violan la ley y arriesgan a que se envíen personas de vuelta a condiciones peligrosas, algunas veces las mismas que causaron que fueran en busca de un lugar seguro”, señalan el texto que suscriben Amnistía Internacional, Oxfam y WOLA, entre otros.

Otros países, como Chile, batieron récords en deportaciones en 2021, siendo los venezolanos y haitianos los más numerosos. En diciembre, dos días antes de la Navidad, el presidente de Perú, Pedro Castillo, asistió a la base militar aérea de Lima a presenciar la expulsión de 41 venezolanos, que al final no pudo concretarse porque no hubo comunicación con la Cancillería venezolana.

Para la especialista en temas migratorios Claudia Vargas Ribas la respuesta de los Estados ha sido la usual cuando ocurren estas oleadas. “Lo que está cambiando son la cantidad y las condiciones en que están saliendo los venezolanos y la diversificación de las rutas ante estos muros jurídicos que imponen los países, además del empeoramiento de la crisis en los países latinoamericanos por la pandemia”, señala la socióloga, investigadora de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. “En 2018 no imaginábamos que íbamos a ver personas irse del país caminando, ya lo vimos. Tampoco venezolanos aguantando altas temperaturas como las de Atacama en Chile, cruzando la peligrosa selva del Darién o el río Grande para llegar a Estados Unidos. Ojalá no los veamos en masa subidos a La Bestia (el tren de carga que recorre México de norte a sur)”, advierte.

El 20% de la población venezolana —más de seis millones de personas, según ACNUR— ha salido en los últimos seis años y encabezan las peticiones de asilo en todo el mundo, aunque el porcentaje de aprobación es bajo. En este momento, señala Vargas, los venezolanos comienzan a encarnar mucho mejor el concepto de diáspora, pues no se están produciendo migraciones a un destino, sino que “los migrantes ya han estado en dos o tres países antes”.

En 2019 la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados pidió protección para los venezolanos y exhortó a la comunidad internacional a tratarlos como tal, aunque desde 2021 los cataloga como “venezolanos desplazados en el exterior”, una categoría especial que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos. “Sigue habiendo una migración mixta entre profesionales de clase media y personas de pocos recursos, pero ahora están saliendo los que viven con las más grandes carencias en Venezuela, con mucha urgencia de dinero, muchas mujeres, jefas de familia, que antes no eran el grupo predominante, lo que ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos”. La perspectiva, añade, es que sigan saliendo pues la crisis venezolana no tiene todavía un horizonte de mejora.

La socióloga señala que América Latina tiene una deuda histórica con una política regional para la migración, pues nunca antes había vivido un movimiento de personas tan grande en tan poco tiempo. “Cada país tiene sus leyes, que terminan siendo incompatibles con los derechos migratorios”, señala Vargas. Agrega que mientras no se den pasos hacia la regularización e integración, como ha hecho Colombia, donde hay 1,7 millones de venezolanos, se van a seguir incrementando las rutas informales, las redes de trata de personas y la xenofobia, “que en muchos casos se alimenta desde el discurso oficial”.

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