Los poderes del Estado de Chile, en alerta por tres atentados explosivos en menos de una semana

El Gobierno del presidente Gabriel Boric convocará en los próximos días a una reunión con los otros dos poderes del Estado, el Congreso y el Poder Judicial, para abordar los atentados explosivos ocurridos en tres regiones del país contra dos torres de alta tensión y un puente ferroviario consideradas infraestructura crítica, es decir, instalaciones esenciales para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, cuya destrucción afecta gravemente la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población. La reunión la anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien explicó que se buscará “analizar los antecedentes que los distintos organismos tienen y acordar decisiones para profundizar y agilizar las investigaciones”. “No estamos dispuestos a que este tipo de hechos se consideren normales o parte de nuestra vida cotidiana”.

Aunque todavía no se ha informado sobre la fecha del encuentro, se estima que se realizará esta semana, entre jueves y viernes. Participarían los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, las policías –tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, PDI–, la Fiscalía Nacional y autoridades del Gobierno de Boric. Según explicó Tohá, los antecedentes que se tienen hasta el momento corresponden a información que es parte “de una investigación que tiene carácter de secreto”.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, horas antes calificó de “terroristas” los ataques y confirmó que el Ejecutivo presentó una querella en contra de quienes resulten responsables bajo la figura de la Ley de Control de Armas y Artefactos Explosivos, que, según explicó, resulta más eficaz que la actual Ley Antiterrorista. “A nosotros nos parece que hay un ánimo terrorista en los hechos que han afectado la infraestructura crítica, como es una línea férrea, torres de alta tensión –que buscan cortar suministro eléctrico a sectores amplios de la población–, o colocar un artefacto explosivo en un sector de alta confluencia pública”, señaló Monsalve en una entrevista radial.

Los tres atentados

El primer ataque afectó a una torre de alta tensión que fue derribada por artefactos explosivos cerca de las 22.00 horas del jueves 8 de junio en la región de Valparaíso, en la zona central de Chile. Al día siguiente, un episodio similar se vivió en la región del Biobío, en la zona centro-sur del país, cuando un corte de luz alertó que una torre de transmisión había caído tras una explosión. El tercer ataque fue el martes de esta semana en el puente ferroviario Itata, en la zona Confluencia de Chillán, en Región del Ñuble, en la misma zona centro-sur de Chile, por donde circula habitualmente un tren de transporte de carga.

En un contexto de crisis de seguridad pública, que se ha intensificado con los años, al Gobierno chileno le preocupa tanto la magnitud como la frecuencia de los ataques. En los tres casos, la policía encontró pruebas de la instalación de artefactos explosivos en las infraestructuras críticas.

Este miércoles por la mañana, una agrupación denominada Movimiento 18 de Octubre se adjudicó los tres ataques. En el texto divulgado critica en duros términos tanto al Partido Republicano, la fuerza conservadora que ganó las elecciones para consejeros constituyentes, como al presidente Boric por “perpetuar los abusos sistemáticos del sistema capitalista”. Por la tarde, sin embargo, a través de una cuenta de Twitter, la misma agrupación rechazó su participación en los atentados.

La Fiscalía Metropolitana Sur -que concentra las pesquisas relacionadas con atentados explosivos en Chile, con excepción de los que ocurren en la región de La Araucanía, en la zona de disputa por las tierras mapuche- trabaja en el análisis del mensaje.

Para definir los cursos de acción, el subsecretario Monsalve se reunió este miércoles por la tarde con el fiscal nacional, Ángel Valencia. Asimismo, sostendrá este jueves un encuentro con el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros, para determinar las necesidades de este equipo y si resulta pertinente nombrar a un fiscal exclusivo para investigar las causas.

No es la primera vez que en Chile se registran ataques de estas características. Uno de los últimos atentados ocurrió la madrugada del 4 de septiembre de 2022 –en la jornada del plebiscito constituyente en el que se rechazó una propuesta de Carta Magna–, cuando tres torres de alta tensión fueron atacadas con explosivos en la localidad de Hualqui, en la región del Biobío. En aquella oportunidad, el Gobierno de Boric también decidió querellarse por infracción a la Ley de Control de Armas.

El Gobierno anunció que durante el segundo semestre de este año presentará un proyecto de ley para modificar la actual ley antiterrorista, la que ha calificado de “ineficaz”. “Nosotros no estamos en contra de tener una legislación antiterrorista, tenemos que tener una buena, moderna y eficaz”, dijo Boric. Tohá, en tanto, ha explicado que es una figura penal en la que la conducta terrorista es difícil probar ante los tribunales.