La Generalitat denuncia un déficit fiscal “en máximos históricos” en plena negociación por la investidura

El llamado déficit fiscal es un concepto que han destacado en las últimas décadas los partidos soberanistas catalanes como fórmula de agravio y reivindicación ante el Gobierno y que volvió a resonar en la noche electoral del 23-J, cuando ERC primero, y después Junts, se supieron imprescindibles para la conformación de un Gobierno de PSOE y Sumar. El Ejecutivo catalán, pilotado por los republicanos, ha vuelto a ponerlo este lunes sobre la mesa tras denunciar que se situó en 2021 en “máximos históricos”. Según los cálculos de los técnicos del Departamento de Economía y Finanzas, entre los recursos que aportó Cataluña a la caja central del Estado y lo que recibió a través del sistema de financiación, las inversiones y otras partidas de gasto territorializadas hubo una diferencia negativa de 21.982 millones de euros, el equivalente a un 9,6% de su PIB. En esta ocasión, sin embargo, el dato se ha obtenido con información del BOE, ya que el Gobierno no facilita esta documentación a las autonomías para evitar su politización. “El déficit fiscal no es un tecnicismo, es un castigo”, lo ha definido la consejera de Economía y Finanzas, Natàlia Mas, muy comedida habitualmente en sus intervenciones públicas.

En una rueda de prensa, la consejera ha tildado también ese déficit fiscal como “un ahogo financiero, sostenido, injusto y deliberado” que se ha prolongado durante 35 años, y ha denunciado que sus efectos se ciernen sobre la educación, la sanidad y las infraestructuras catalanas. Los casi 22.000 millones de euros de desfase que considera la Generalitat “superan en mucho lo que supone un modelo de solidaridad entre territorios”, ha afirmado la consejera, quien, para dar más elementos de comparación, ha señalado que esa cuantía representa la mitad del presupuesto anual de la Generalitat o 2.831 euros por habitante y año.

Pese a las quejas y a la oportunidad que tienen las formaciones independentistas, el déficit fiscal ha pasado a una segunda línea de prioridades en las negociaciones, en las que la amnistía del independentismo se ha convertido en la auténtica línea roja. Mas ha evitado concretar cuál sería el porcentaje de déficit fiscal asumible por la Generalitat y ha exigido una relación de tú a tú entre el Gobierno de la Generalitat y del Estado para solventar el decalaje, aunque sí ha señalado que estudiará cualquier propuesta de modelo de financiación autonómico que el próximo Gobierno central pueda proponer. No obstante, la consejera ha evitado pronunciarse sobre una supuesta participación en un foro multilateral con el resto de comunidades.

El Departamento de Economía hace años que realiza el cálculo de las balanzas fiscales con el Estado. Este lunes ha presentado la última actualización, que corresponde a los ejercicios de 2020 y 2021. En este caso se ha tenido que hacer sin los datos que le transfería el Ministerio de Hacienda, que se niega a ofrecerlos con el argumento de que estos acaban convertidos en un arma entre territorios. Dada esa falta de materia prima, la Generalitat ha optado por escarbar en los boletines oficiales del Estado y en las aprobaciones en Consejo de Ministros —entre otros datos— para conseguir las cifras que considera necesarias. Según estos, en 2020 el déficit fiscal alcanzó los 20.772 millones de euros y en 2021, los 21.982 millones (en 2019 fueron 20.203 millones). Si se tiene en cuenta el peso porcentual sobre el PIB, suponen un salto, ya que se sitúan en el 9,8% y el 9,6%, respectivamente. Pero esa diferencia respecto al 8,5% de 2019 se explica también porque los dos últimos ejercicios de cálculo fueron impactados por la crisis económica vinculada a la crisis sanitaria de la covid, lo que supuso una fuerte caída del PIB pero no del gasto de las administraciones.

Para realizar el cálculo ha utilizado el sistema del flujo monetario, que calcula el impacto directo generado por la actividad de un sector público en un territorio, en este caso, teniendo en cuenta, por una parte, los ingresos y el gasto de la Seguridad Social y, por el otro, los de la Administración central estatal, los organismos de la Administración y empresas públicas como puedan ser Adif y Renfe. En el caso de la Seguridad Social (30.570 millones de ingresos en 2021), el déficit es menor: Cataluña habría aportado el 19,2% de los ingresos y sus contribuyentes habrían recibido el 16,7%. Ese porcentaje no alcanzaría el peso catalán en el PIB estatal (19%), pero sí el poblacional (16%).

Mas ha señalado como el principal problema en la actividad que mantiene la Administración central del Estado, que habiendo ingresado 30.984 millones procedentes de contribuyentes catalanes solo habría destinado a la comunidad 14.631 millones. Esa diferencia supondría aportar un 19,2% y solo recibir un 9,2%. “La cifra de inversión en Cataluña es del todo inaceptable”, ha denunciado Mas, quien ha criticado también la falta de transparencia del Estado, que en mayo tendría que haber publicado los datos territorializables de inversión de 2022, en el que Cataluña acostumbra a quedar muy por debajo de las consignaciones presupuestarias, y no lo ha hecho.

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