Los obstáculos para encajar las piezas de la financiación

En julio de 2017 el Gobierno de Mariano Rajoy recibió de manos de un grupo de expertos un informe sobre cómo creían que debía ser la actualización del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, acordado en 2009. Cuatro años después se mantienen incólumes dos de los consensos existentes entonces: las comunidades autónomas, responsables de servicios básicos como la sanidad, la educación y las ayudas sociales, necesitan más recursos para gestionar esos servicios y es complejo abordar una negociación que enfrenta a territorios con singularidades contrapuestas y gobiernos controlados por partidos enfrentados.

No es lo mismo lo que demanda la Comunidad Valenciana, que lleva tiempo buscando alianzas con Baleares y Andalucía, con otras como Castilla y León, en las que preocupa el coste adicional para los servicios que ofrece la dispersión de sus habitantes. Cataluña se niega a participar en la negociación de un nuevo modelo, al considerar que se trata de una pantalla pasada en su listado de reivindicaciones y ni Euskadi ni Navarra están afectadas, beneficiarias como son de sistemas forales de financiación. Ángel de la Fuente, uno de los expertos que participaron en la redacción del informe de 2017, considera que esta complejidad aconseja un abordaje de la discusión desde los partidos y no entre el Gobierno central y los autonómicos, como sucede ahora. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apeló ayer en el Congreso a encontrar una posición común tanto en el PP como en el PSOE para afrontar la negociación por la reforma del modelo de financiación autonómica que arrancará previsiblemente en noviembre.

Sea como sea, las recomendaciones siguen esperando mientras se mantienen los principales obstáculos para la actualización del sistema.

Mayor volumen de recursos. Es el punto de partida y en el que sí hay unidad entre los gobiernos autonómicos: la negociación debe partir con una tarta de mayores proporciones. Actualmente el reparto se sitúa, con oscilaciones en función de los años, en torno a los 115.000 millones de euros. Los expertos consideran que esa base se debería ver ampliada en un mínimo de 16.000 millones de euros para recuperar los equilibrios con los que nació el actual sistema, y con hasta 40.000 para equipararse en servicios con otros países.

Equidad. Uno de los problemas que denuncian algunas comunidades, sobre todo aquellas que tras la redistribución de recursos quedan por debajo de otras que recaudan menos, son las diferencias del reparto. “El principal problema son las diferencias de financiación per cápita después del reparto, porque no tiene ninguna lógica que las comunidades más pobres superen a las más ricas”, sostiene Núria Bosch, catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona. Baleares, Madrid y Cataluña son las comunidades más afectadas por ese proceso.

Población. Es una de las grandes diferencias sobre cómo definir el reparto. Las comunidades más pobladas piden más recursos por la presión asistencial que sufren, mientras que otras denuncian que sus habitantes están más envejecidos o que sus poblaciones están más alejadas, lo que encarece los servicios que prestan. Los economistas reclaman un trabajo técnico que permita incorporar variables adicionales o modificar las actuales ponderaciones.

Simplicidad y transparencia. Uno de los problemas capitales del actual modelo es su enmarañado diseño, con hasta cuatro fondos diferentes (el de garantía de servicios públicos fundamentales, el de suficiencia, el de competititvidad y el de cooperación) que acaban haciendo repartos en función de las reivindicaciones de cada comunidad y provocando la falta de equidad. “Con la excepción del de Garantía, los fondos existentes se reparten con criterios absurdos o contradictorios”, señala contundente De la Fuente.

Corresponsabilidad fiscal. Una de las recomendaciones de los expertos pasaba por que las comunidades pudieran contar con más capacidad sobre el IVA y los impuestos especiales. Algunos especialistas consideran que es necesario que las comunidades asuman más responsabilidad tributaria si deciden aumentar sus gastos y otros plantean también que el Estado ceda mayor capacidad fiscal. Una de las cuestiones que podría quedar asociada al modelo de financiación es la armonización tributaria, línea defendida desde Valencia y Baleares, que denuncian a la Comunidad de Madrid por dumping fiscal al rebajar determinados tributos aprovechando las ventajas que le da su capitalidad. Demandan gravámenes mínimos.

El encaje de Cataluña. Es una de las incógnitas a la que se enfrenta la negociación. Así como ha mostrado disposición a negociar la financiación de la sanidad, el Govern de Pere Aragonès no quiere oír hablar de participar en las discusiones sobre el modelo de las comunidades autónomas. Esa pretendida ausencia, en opinión de Santiago Lago, Catedrático del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, es uno de los principales problemas: “Su posición tiene muy difícil acomodo en el sistema de régimen común”.