Saquen la mano de nuestros bolsillos: una reflexión sobre el ‘dumping fiscal’ y Madrid

Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será la peor pesadilla de quien toque los bolsillos de los madrileños. Bien, siguiendo su lógica, los responsables públicos de la Comunitat Valenciana y del resto de España afectados por el “dumping fiscal” que ha consolidado su gobierno, tenemos pleno derecho para exigirle que saque inmediatamente la mano de nuestros bolsillos. Y de nuestras cuentas. No seré yo quien se convierta en la peor pesadilla de nadie, pero si de defender a nuestros ciudadanos se trata, ha llegado la hora de apagar la aspiradora en la que se ha convertido Madrid.

Una aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales, infraestructuras, capital humano y redes de influencia. Una aspiradora que centrifuga y descompone hacia su capitalidad – ese agujero negro que todo lo absorbe- la igualdad de los territorios que conformamos España.

Ninguna propuesta de reforma fiscal de la que desde Valencia tengamos constancia propone robarle nada a los madrileños. Pero si quiere Ayuso podemos hablar de la doble lacra que supone para las autonomías de régimen común su decisión de aplicar una política fiscal desleal y, por encima de todo, insolidaria. Insolidaria con las clases medias y bajas de la propia Madrid, pero también de las regiones de su entorno que sufren con ahínco esta desviación de recursos; e insolidaria con el resto de CC AA.

Si los gobiernos del PP y especialmente en la Comunidad de Madrid están dispuestos a convertirse en la peor pesadilla de quienes defendemos la armonización y la justicia fiscal, les advierto que la única pesadilla que nos quita el sueño al Gobierno valenciano del Botànic es la de que nuestros ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos recursos, los mismos servicios públicos esenciales y las mismas posibilidades de hacer frente a esta pandemia que los ciudadanos de Madrid. El discurso de victimización de muchos dirigentes del PP encabezados por Ayuso sobre esta cuestión es completamente falaz, como ha dejado en evidencia el propio presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo. Hasta le ha tenido que explicar a sus compañeros de partido que “pensar que la armonización es sólo subir impuestos no es armonizar, es subir impuestos”. O podría explicárselo también a Ayuso el ex ministro Montoro, cuyo comité de expertos apostó ya en 2016 por esta armonización fiscal.

Su decisión de bonificar prácticamente en su totalidad los impuestos que gravan el IRPF, las sucesiones y el patrimonio han ocasionado que la comunidad deje de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Voluntariamente. Y por la sencilla razón de que la capitalidad con la que ha sido bendecida les permite darse una “ventaja comparativa” que nos perjudica al resto de territorios de forma evidente.

Un regalo fiscal en favor de los grandes patrimonios y grandes rentas en detrimento de unos mejores servicios públicos para los madrileños. ¡Cuán necesario se ha mostrado en esta pandemia disponer de unos servicios públicos fortalecidos y dotados de los medios adecuados! ¡Cuánta falta hace -como se ha demostrado- que las rentas altas contribuyan a financiar los servicios esenciales para ser capaces de atender a toda la ciudadanía ante situaciones como la actual, con independencia de su nivel de renta!

Insisto: alguna cosa no funciona cuando una autonomía puede darse unos lujos fiscales que supondrían acabar con la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana durante tres años. Cada año los valencianos recibimos 1.336 millones de euros menos del sistema de financiación autonómica para hacer frente a las mismas políticas públicas y competencias que la Comunidad de Madrid. El problema es que su decisión nos afecta -como desde esta autonomía llevamos reclamando desde hace años-, por una doble vía. Primero porque las bases imponibles que Madrid atrae reducen nuestros ingresos y nuestra capacidad de recaudar teniendo en cuenta los tributos cedidos que gestionamos las CCAA. Los grandes patrimonios deciden trasladarse para pagar menos. Y segundo porque incide directamente sobre el volumen de IRPF de las autonomías de régimen común, una de las bases sobre las que se calculan las transferencias del sistema de financiación autonómico.

Por ello, cuando Madrid muestre sus quejas por ser la autonomía con menores ingresos por habitante, le recordaremos que, voluntariamente, decidió bonificar o suprimir durante décadas todos los impuestos que afectan a los contribuyentes de mayor renta y riqueza. Aquellos que representan únicamente el 7% de su población, pero que se benefician del 42% de las minoraciones de las cuotas líquidas del IRPF.

Cuando lleguemos al debate sobre la reforma del modelo de financiación y exija mayores recursos para su comunidad, le apuntaremos que, en el marco de nuestra autonomía tributaria, hay comunidades que estamos cumpliendo con nuestro deber; que hemos legislado sobre los tributos cedidos, y que ya no tenemos más margen para obtener ingresos. Que ellos pueden financiarse con esos contribuyentes con ingresos de seis dígitos a los que siempre deciden perdonar impuestos. Ya saben que la progresividad para la derecha siempre funciona al revés.

Pero si quieren les omitiremos todas estas cuestiones para no provocarles ninguna pesadilla hasta que el Gobierno impulse una reforma fiscal no sólo necesaria, sino también justa y urgente. De momento es una propuesta que aplaudimos. Llevamos años exigiendo una reforma que garantice nuestra autonomía fiscal y de gestión, pero que suponga acabar con el “dumping fiscal” que implican los falsos domicilios fiscales ubicados a dos fronteras autonómicas de distancia. Avanzar en la autonomía fiscal que proponemos no está reñido con poner límites al trato desigual entre territorios.

Imagino que para Madrid los 60 expedientes que tenemos abiertos en la actualidad en la Agencia Tributaria Valenciana por supuestos cambios de domicilios fiscales ficticios no son meter la mano en los bolsillos de los valencianos. Sólo en un expediente ya resuelto hemos recuperado 14 millones de euros de todos los valencianos y valencianas.

Dice el president Ximo Puig que “el problema no es España, sino qué España”. Me parece un buen principio desde el cual empezar. Al final se trata de eso: de mejorar la vertebración del país para mejorar también la vida y las oportunidades de todos los españoles, residan donde residan. Y 2020, un año que ha roto todos nuestros esquemas y que nos ha hecho replantearnos tantas cosas, puede ser el punto de partida idóneo.

Menos meter la mano en los bolsillos de nadie, menos centrifugadoras de recursos, más armonización fiscal y mejor coordinación entre autonomías: es el momento de que Madrid renuncie a una estrategia fiscal con la que está perjudicando a otras autonomías. Y dormiremos todos más tranquilos. Y sin pesadillas de falta de recursos, desigualdades sociales y evasiones fiscales.

Vicent Soler es consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat valenciana y catedrático de Economía Aplicada