IMPUESTOS

Los expertos de Cristóbal Montoro también propusieron homogeneizar patrimonio y sucesiones

El grupo de sabios elegidos para diseñar la reforma de la financiación autonómica recomendaron fijar un suelo en estos impuestos para evitar una competencia fiscal a la baja

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su antecesor, Cristóbal Montoro.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con su antecesor, Cristóbal Montoro.

El Gobierno de coalición se ha comprometido con ERC a armonizar los impuestos autonómicos para que Madrid pague más a cambio del apoyo de los independentistas a los Presupuestos. En realidad, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya planeaba armonizar los tributos regionales desde hace tiempo. No es algo improvisado: ya en 2017, los expertos para la reforma de la financiación autonómica reunidos por Cristóbal Montoro (PP) propusieron una revisión del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones, y transmisiones patrimoniales para fijar tipos mínimos que eviten distorsiones en la eficacia y eficiencia tributaria.

La reforma fiscal que prepara Montero incluirá una armonización de los tributos autonómicos: sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio. La ministra pretende que las comunidades no puedan bajarlos más allá de un mínimo, ni subirlos por encima de un tope. Este esquema obligará a la Comunidad de Madrid, entre otras, a subir la mayoría de sus tributos. Aunque ERC anunció el martes que este es uno de los acuerdos a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021, lo cierto es que Hacienda lleva tiempo con este plan, que prevé aprobar el próximo año.

A pesar de lo llamativo del acuerdo, Montero no prometió nada nuevo ni revolucionario a Gabriel Rufián (otra cosa es la escenificación política). Es algo que lleva años aceptado por los académicos. El comité de expertos para la reforma de la financiación autonómica que creó Cristóbal Montoro, anterior ministro de Hacienda (PP), en 2016 defiende la armonización de los tributos autonómicos. Una veintena de académicos y especialistas pasó un año estudiando y debatiendo sobre todos los pormenores de las cuentas autonómicas. En su informe final con las propuestas para reformar el sistema de financiación señalaron: “Sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como estudiar la posibilidad de introducir topes máximos y/o mínimos de gravamen efectivo en ciertos impuestos patrimoniales”.

Un año de trabajo: el informe de los sabios para la financiación autonomica

Los sabios no eran ajenos a la competencia fiscal entre comunidades: “Resulta preocupante la posibilidad de que la competencia por atraer a las bases tributarias más móviles conduzca a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos patrimoniales o, incluso, a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria, como el Impuesto sobre sucesiones y donaciones”. Y advertían: “Un problema adicional en relación con los tributos cedidos totalmente ha sido la falta de atención por parte del Estado a la actualización de su normativa, que en algunos casos se remonta a hace más de treinta años”. Y recordaban que la legislación del impuesto sobre las herencias se remonta a más de 30 años, puesto que data de 1987.

Tras un examen minucioso a la situación los expertos concluían: “La armonización de las bases tributarias de los impuestos cedidos no limita su potencial recaudatorio y por lo tanto no restringe la autonomía de ingreso de las Comunidades Autónomas, mientras que por otra parte reduce los costes de gestión y cumplimiento y las posibles barreras a la movilidad, aumenta la transparencia del sistema fiscal al facilitar comparaciones entre los distintos territorios y la medición de la capacidad tributaria de las comunidades autónomas”.

Tras presentar el informe, en julio de 2017, Cristóbal Montoro también defendió que había que armonizar la fiscalidad regional para reducir las diferencias entre territorios, aunque entre sus planes no entraba endurecer el impuesto sobre patrimonio.

Armonización en 2021

La ministra de Hacienda explicaba en una reciente entrevista con EL PAÍS que la reforma de la financiación autonómica y la consiguiente armonización fiscal “no se ha hecho ahora por una cuestión de que la ley de Presupuestos no permite el cambio de una ley orgánica”. Pero insistía en que quiere ponerla en marcha en 2021. Hacienda quiere vincular la reforma de los impuestos autonómicos a la del sistema de financiación, que lleva empantanado desde 2014. El ministerio tiene en un cajón todos los trabajos técnicos para abordar este asunto, pero la dificultad política para abrir este melón, uno de los más espinosos de la escena política española, ha retrasado la reforma. La ministra asegura que quiere ponerla en marcha el próximo año.

La polvareda sobre la competencia tributaria de Madrid se levanta con cierta frecuencia. Sobre todo, cuando algún responsable político acusa a la comunidad gobernada por el PP de dumping fiscal (competencia fiscal a la baja). Y esto volvió a ocurrir este martes. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. En el precio que se ha cobrado por su voto se incluye la creación de un comité bilateral para estudiar una “reforma fiscal total, justa y progresiva”. Rufián precisó que pretende que el impuesto de patrimonio sea más progresivo para las grandes fortunas y “acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid”.

El líder independentista reclama desde hace tiempo un mismo impuesto de patrimonio para toda España, para evitar las diferencias entre territorios. Eso es precisamente lo que hizo el portavoz de ERC en el Congreso el pasado martes. Su discurso es similar al que esgrimen otras comunidades gobernadas por el PSOE, con Valencia a la cabeza, que acusan a Madrid de competencia desleal porque tiene los impuestos más reducidos que el resto. Estas autonomías afirman que Madrid se puede permitir esa baja tributación porque concentra más riqueza. Una situación que creen injusta.

Un vistazo al mapa de impuestos de las comunidades desvela que tras estos hay cierta ideología. Las autonomías donde más tiempo ha gobernado el partido socialista suelen tener los impuestos más elevados, porque los Gobiernos de izquierdas consideran prioritario reforzar el Estado de bienestar. Por el contrario, las autonomías donde más tiempo han gobernado los populares suelen tener los impuestos más reducidos. En el PP creen que la baja fiscalidad ayuda a estimular la economía y el crecimiento. Por eso Madrid hace bandera de tener los impuestos más reducidos. Pero el debate es si esta comunidad se beneficia además de acoger la sede de las grandes empresas y de ser el corazón de la Administración pública estatal, lo que le confiere más riqueza y, sobre todo más margen para poder bajar tributos. Algo que otras autonomías no pueden hacer.

Efecto capitalidad

Expertos en finanzas autonómicas como Ángel de la Fuente, director de Fedea, defiende que Madrid no se beneficia del efecto capitalidad. Recuerda que el actual sistema de financiación tiene mecanismos para corregir estos posibles desequilibrios de renta entre territorios. Francisco Pérez, director del IVIE, defiende lo contrario. “Indudablemente hay un efecto capitalidad”. Y esgrime un estudio publicado hace un par de meses que revela que Madrid se ha beneficiado de ser la sede de la Administración del Estado, lo que le ha permitido atraer la sede de grandes empresas y acumular contribuyentes más cualificados y rentas más altas. En ese contexto, explica, la capital ha podido desarrollar una política fiscal.

“También he sido consejera autonómica y comprendo ese sentimiento”, explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reciente entrevista con este periódico. “Comunidades mejor financiadas pueden tener más capacidad de bajar impuestos que comunidades que están peor financiadas. Es una cuestión que por supuesto hay que corregir, porque no se puede ejercer la capacidad fiscal si el modelo te aporta una capacidad distinta que el que aporta a la comunidad vecina”, abundó la ministra, que se extendió en la explicación: “Esa situación también se produce porque aquellos territorios con menos renta por razones históricas, porque tienen menos sedes fiscales de empresas, o por muchas otras razones, se ven obligados a subir más el tipo para recaudar lo mismo que aquellos que tienen más rentas”.

En realidad, el sistema de financiación no funciona así. Los expertos para la reforma de la financiación autonómica explicaron en su informe que “aquellas comunidades que decidan incrementar la presión fiscal sobre sus ciudadanos o mejoren su eficiencia en la gestión de los tributos que recaudan directamente se quedarán con todos los ingresos adicionales obtenidos por esta vía, mientras que aquellas que rebajen sus tipos impositivos o gestionen de forma ineficiente sus tributos soportarán los costes íntegros de sus actuaciones, sin que el sistema de financiación compense en modo alguno la correspondiente pérdida de ingresos”.

Madrid deja de ingresar casi 5.000 millones al año

La cuestión es que las leyes tributarias permiten a Madrid rebajar al mínimo los impuestos sobre los que tiene competencia. Es la autonomía donde se paga menos IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones y prácticamente nada por el impuesto de patrimonio. De hecho, Madrid tiene bonificado al 100% el impuesto sobre el patrimonio, lo que en la práctica consiste en dejarlo exento. Solo esta decisión le cuesta a la Comunidad de Madrid cerca de 1.000 millones cada año.

¿Se puede considerar esto como dumping fiscal? “Probablemente el término técnicamente no sea del todo correcto”, reconoció Montero, que describió su postura: “Es bueno, y además va innato que las autonomías puedan ejercer su autonomía fiscal y desarrollar su sistema fiscal, pero sin que se produzcan injusticias. No se pueden producir situaciones en las que los ciudadanos de un territorio, porque tienen menos renta que los del territorio de al lado, se vean a obligados a subir el tipo mucho más, con lo que eso conlleva de mayor aportación de aquellos que menos tienen”.

Lo cierto es que Madrid calcula que en los últimos 15 años las rebajas fiscales han permitido a los madrileños ahorrarse 48.292 millones de euros. La otra cara de la misma moneda refleja otra historia: Madrid ha dejado de ingresar esa cantidad desde 2004. Solo el año pasado, Madrid dejó de recaudar 4.571 millones de euros por sus regalos fiscales, según cálculos de la administración presidida por Isabel Díaz-Ayuso.

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