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Yaku Pérez, el abogado del monte que defiende el agua

Este indígena gobierna hoy Azuay, un territorio en Ecuador codiciado por las mineras. Él lleva 20 años luchando por preservar el medio ambiente y ahora ayuda a los más vulnerables contra la covid-19

Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho.
Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho.

Yaku Pérez Guartambel no es el primer indígena que ostenta un cargo de elección popular en Ecuador. Pachakutik, su partido, ha puesto prefectos y alcaldes en casi todas las provincias donde predomina el electorado indígena. Pero sí es el primero que gobierna un territorio con el 90% de población mestiza y el 5%, blanca, según el antropólogo Fernando García, experto en etnicidad. La cruzada por el agua en Azuay, que inició hace 20 años, le ha dado popularidad, sobre todo, entre los más jóvenes. Pero también aquello de andar en bicicleta, tocar el saxofón, no usar traje, y ya siendo prefecto, bajarse el sueldo a la mitad —su remuneración ahora es de 2.209 dólares al mes— y ahora mismo liderar un sistema de trueque entre comunidades agrícolas para paliar los efectos de la pandemia. Su último intercambio fue con Chimborazo, provincia del centro del país, con gran población indígena. “Llevamos dos camiones con plátanos, arroz, manzanas, sal, azúcar, mascarillas… Y ellos nos dieron papas, habas, machica y maíz. Más de 2.000 familias se beneficiaron del trueque”, cuenta el prefecto.

La prensa internacional se acercó a Yaku cuando cumplió sus primeros 100 días. “Estoy a sus plantas”, fue la primera frase que pronunció el prefecto que siempre lleva en su cuello la chakana (cruz andina) y una wiphala (la bandera de los pueblos andinos). Su charla se enfocó en la “Azuay Ecológica” que quiere fundar, su lucha antiminera y la defensa del agua. El lema “somos agua” aparece por todo lados. También habló de la reivindicación de las identidades originarias, de hecho regaló a todos un ejemplar de su libro La Resistencia.

Yaku renegó hace tres años del nombre mestizo que le pusieron sus padres, Carlos. “Había santos y reyes con ese nombre y yo no era ninguna de las dos cosas. Entonces me pregunté con qué me conectaba. Con el agua, me dije. Y ¿cuál es la traducción del agua en quechua? Yaku. Y me quedé con ese nombre”, explica. De segundo nombre escogió Sacha, que significa monte o cerro, para reivindicar aún más su origen. “Yo fui el primer abogado en mi comunidad y me decían el sacha abogado, o sea, el abogado del monte”. Para añadir más simbolismo a su historia de vida cuenta que los grandes revolucionarios andinos también cambiaron sus nombres. “Trato de seguir, guardando las distancias, los pasos de Cusi Yupanqui, que luego se transformó en Pachacútec, y de José Gabriel Condorcanqui, que tomó el nombre de Túpac Amaru”, dice. El primero fue el inca que consolidó la expansión del Tahuantinsuyo en el siglo XV y el otro protagonizó una revuelta anticolonial en el XVIII.

El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia.
El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia.

El prefecto que defiende el agua cumplió su primer año de funciones este mayo. Un sondeo hecho por un periódico local señala que cuatro de cada 10 azuayos desaprueban su gestión y las razones que exponen es la falta de obras. Él, sin embargo, dice no gobernar con indicadores y se muestra satisfecho con los logros como la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso, que evitará que las quebradas y ríos se conviertan en basureros, la creación de los presupuestos participativos para que las asambleas en parroquias y cantones escojan las obras que se ejecutarán, y la reducción de los sueldos que se extendió a los directores y coordinadores de su equipo. Esto le permitió ahorrar dos millones de dólares que se han usado para apoyar a las personas más vulnerables y para comprar insumos médicos para luchar contra la pandemia.

También ha intentado promover una consulta popular para suspender la actividad minera en toda la provincia. A cambio busca impulsar el turismo y la vuelta al agro. Su mayor baza fue el triunfo que consiguió antes de entrar en política, en un referéndum en Girón, un pequeño cantón de su provincia. Sus 15.000 habitantes se pronunciaron sobre la actividad de la minera canadiense INV Metals en el páramo de Quimsacocha. El resultado: ocho de cada diez rechazaron la actividad extractiva y se frenó la concesión que tenía la canadiense Iamgold para extraer minerales en lo alto de las montañas. Según las estimaciones de la minera, los yacimientos del lugar podrían contener 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre, que significarían un ingreso para el Estado de 554 millones de dólares.

Pero el prefecto-activista ha perdido el pulso con el Estado en dos ocasiones. La Corte Constitucional negó su pedido de consulta popular en febrero pasado y la pandemia frenó todas las acciones de reclamo. Consultado sobre esto, Yaku asegura que seguirá empujando el referéndum para proteger las fuentes de agua. “Las veces que sean necesarias hay que volver a presentar en la Corte, va a primar la legitimidad. Hemos hecho estudios e informes para pedir al Ministerio del Ambiente, al Viceministerio de Minas y a la Defensoría del Pueblo que actúen ante focos de concesión minera. Están haciendo actividades ilegales, rebasan el área concesionada y los parámetros ambientales, tienen permisos de exploración, pero ya están haciendo explotación”, detalla.

El prefecto se mueve en bicicleta, toca el saxofón, no usa traje, y ya en el cargo, se bajó el sueldo a la mitad, su remuneración ahora es de 2.209 dólares mensuales

El abogado del cerro aprendió el valor del agua siendo apenas un niño. En 1974 acompañó a sus padres a traer el agua desde los páramos mediante un sistema de tuberías. “Cada fin de semana me fui a las mingas [trabajos comunitarios], cavando, colocando la tubería. Al año llegó el día más feliz de mi vida, abrir las llaves y ver el agua. Desde entonces, valoro mucho el agua”. Su primera acción de defensa del líquido vital fue en los años noventa, cuando el levantamiento indígena estaba en auge. “La empresa norteamericana Newmont quería meterse en la cabecera de los ríos en Jima y nosotros, con poco conocimiento, pero con mucha rebeldía, nos fuimos allí. Nos quedamos ocho días y logramos sacar a la minera. Esa fue nuestra primera victoria. Yo tenía unos 20 y pocos años”, recuerda.

Yaku fue detenido cinco veces durante el gobierno de Rafael Correa. La piedra de choque fue la Ley de Minería aprobada en 2009 y orientada a consolidar el modelo primario-exportador que ha seguido el Ecuador en el pasado, según el análisis publicado por William Sacher y Alberto Acosta, La minería a gran escala. La primera detención fue a inicios de 2009, poco antes de la aprobación de la ley, cuando como abogado acompañaba a un grupo de campesinos que se había declarado en huelga de hambre para rechazar la exploración minera. No fue una detención cualquiera, intervinieron fuerzas de élite de la Policía y hubo violencia. En esa ocasión estuvo privado de libertad pocas horas, pero las siguientes veces ya fue juzgado por sabotaje y terrorismo. En 2013 fue sentenciado a un año de cárcel, pero un juez le rebajó la pena a ocho días porque consideró que la lucha por el agua es altruista. “Lo lindo en la cárcel fue que siempre estuve con mis compañeros y las comunidades formaban campamentos alrededor de la cárcel”, cuenta. Sin embargo, en aquella época su mujer había muerto tras batallar contra el cáncer y eso minó su moral. “Fue muy duro estar encerrado porque ya había perdido a mi compañera y no podía ver a mis dos hijas que eran menores, una adolescente y la otra de ocho añitos”.

Con el sucesor de Correa, Lenín Moreno, el prefecto indígena es distante. En las manifestaciones de octubre de 2019, cuando toda la región se levantó, se colocó al lado de los suyos. Aunque después de eso se dio la mano con un funcionario de Moreno, para permitir que las brigadas sociales del gobierno lleguen a su provincia. Pero la tensión podría subir en los próximos meses porque el viceministro de Minas anunció que prepara un nuevo reglamento para consultar a las comunidades colindantes a los proyectos mineros. Para que no haya “abusos ni vivezas” que bloqueen los planes extractivistas del Gobierno. Pero eso será después. De momento la pandemia es la preocupación nacional y el prefecto que anda en bicicleta, toca el saxofón y no usa traje está enfocado en el trueque y en repartir semillas en las comunidades porque pronto viene la época de la siembra.

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