Blancos, negros y Robert Mugabe: las heridas abiertas de una reforma agraria

En el pequeño pabellón de la residencia de ancianos de la capital Harare, Isobel Simons cuenta por enésima vez que ella y su difunto marido fueron expulsados manu militari de su granja, y se echa a llorar. "¡Viví allí 47 años!". Tras recuperar la calma, la octogenaria británica vuelve a hablar de su idílica vida de antes. "Soy hija del campo", dice. "Recuerdo mis paseos en bicicleta con mis amigas cuando tenía 15 años. No había vallas, solo algunos africanos". Han pasado 20 años desde que el expresidente Robert Mugabe decidiera expulsar a los granjeros blancos de sus terrenos en Zimbabue para redistribuir la tierra entre la población negra, pero las heridas siguen abiertas.

A unos 60 kilómetros al norte de Harare, Benard Chinyemba, de 60 años, recuerda con mucho orgullo sus primeros pasos en el terreno agrícola de 80 hectáreas que el Gobierno le concedió en Darwendale. "No se cultivaba casi nada", dice este sexagenario, sentado ante su casa. "Solo la hermana del propietario vivía aquí. Él residía en otra granja (...) Renovamos todo cuando llegamos", cuenta.

El agricultor asegura que no siente ningún "remordimiento" por haber "heredado" la propiedad de un blanco. "La tierra nos pertenece", zanja. "Si los blancos quieren cultivarla, solo tienen que hacerlo con nuestras condiciones".

La polémica no ha remitido en Zimbabue. La minoría blanca sigue denunciando una invasión ilegal de sus propiedades, mientras que la mayoría negra celebra la última batalla victoriosa de la "guerra de liberación" contra el colonizador británico del siglo XIX.

El régimen de Robert Mugabe esperó diez años después de la independencia y de su llegada al poder para atacar este asunto. Entonces lanzó un plan para transferir ocho millones de hectáreas a la población negra, sobre la base de la venta voluntaria de los blancos, que financió esencialmente el Reino Unido.

En 1997, Londres anuló la financiación alegando que no tenía "vocación de financiar la compra de tierras". Como represalia, se invadieron algunas propiedades de blancos, pero el régimen de Robert Mugabe echó a los ocupantes. "Nos creímos intocables", dice Isobel Simons, "toda la economía reposaba en la agricultura".

Pero todo cambió en febrero de 2000, cuando los zimbabuenses rechazaron en un referéndum un proyecto de reforma de la Constitución que autorizaba la expropiación de los blancos sin indemnización. El camarada Bob (Mugabe), en aprietos tras este revés, prometió una reforma para corregir, según él, las desigualdades heredadas de la era colonial. En aquel entonces, el 18% de las tierras, las mejores, pertenecían a los ciudadanos blancos, que solo representaban 1% de la población del país. Fue entonces cuando los militantes del partido de Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico del presidente ocuparon las fincas. Al final, 4.000 de los 4.500 granjeros blancos de la época fueron expulsados de sus propiedades.

Económicamente, fue una catástrofe. La producción de las explotaciones entregadas a campesinos sin formación y sin medios se hundieron. Y las sanciones decretadas por los países occidentales estrangularon al país y le sumieron en una crisis de la que todavía no ha levantado cabeza.

En 2019, el Producto Interior Bruto (PIB) del país se contrajo un 7,5%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este año, con la pandemia del coronavirus caerá un 15 a 20%, vaticina el ministro de Finanzas Mthuli Ncube. Para rematar la situación, la sequía de las dos últimas temporadas ha dejado a 7,7 millones de zimbabuenses, la mitad de la población, en situación de inseguridad alimentaria. "En materia de producción agrícola, la cantidad de las cosechas ha pasado de los cuatro millones de toneladas en 2000 a 3 millones en 2018", dice el economista independiente Tony Hawkins. "La parte de la agricultura en el PIB pasó del 15% a menos del 10%".

Israel Pasipanodya Mushore muestra este fracaso de la agricultura nacional. En 2001, este agricultor de 60 años se instaló en tierras confiscadas a un blanco cerca de Harare. A diferencia de las de Benard Chinyemba, las hileras de maíz están invadidas por las malas hierbas. "La lluvia es irregular y han afectado la germinación", justifica, "no esperamos mucha esta temporada". "No tenemos presión de agua y el precio de los tractores es exorbitante", alega. "En cuanto a los fertilizantes, no nos los han distribuido a tiempo o solo una parte (como fue previsto por el Gobierno)".

Además de la crisis del mercado, los agricultores negros atribuyen sus dificultades al estatuto jurídico de sus tierras. Como resultado de la reforma, las tierras confiscadas son propiedad del Estado, y se las concedió a los explotadores por 99 años. "Esto no inspira confianza a los bancos (...) no se pueden avalar los créditos con la tierra", critica Paul Zakariya, dirigente del Sindicato de Agricultores Zimbabuenses (ZFU), que cuenta con un millón de miembros.

Durante la era de Robert Mugabe, siempre dispuesto a denunciar al "enemigo" blanco, las relaciones entre los agricultores expulsados y el Gobierno eran de abierta hostilidad, pero desde su caída en 2017 mejoraron un poco. Su sucesor, Emmerson Mnangagwa, ha tratado de restablecer la confianza de las capitales occidentales y atraer capitales extranjeros a su país. En su discurso de investidura, mencionó la posibilidad de indemnizar a los blancos expropiados. El año pasado desbloqueó 18 millones de dólares para compensarlos, pero solo por sus inversiones, no por el valor de las tierras.

Simbólicamente, el jefe del Estado devolvió algunos pedazos de tierra a un puñado de granjeros blancos. Gestos como este han dado esperanzas a John Laurie. Expulsado en 2002, sigue a 83 años desde su silla de ruedas luchando para recuperar aunque solo sea una parte del valor de sus propiedades, que estima en nueve millones de dólares (8,10 millones de euros).

Como prueba de su buena voluntad, las autoridades recientemente entregaron "ayudas" a os granjeros blancos mayores en dificultades. Unos 800 de ellos recibieron 10.000 dólares por la granja perdida. "Un simple avance", dice John Laurie. El Gobierno parece querer meter mano a los terrenos no cultivados. Recientemente ha embargado varias granjas pertenecientes a fieles de Robert Mugabe y también ha instado a los granjeros de nacionalidad extranjera expulsados a que soliciten otras tierras.

El Sindicato de Granjeros Comerciales (CFU) se solidariza con los zimbabuenses blancos. "Nosotros deberíamos poder beneficiarnos, ya que muchos de nosotros nacimos aquí", dice su presidente, Ben Gilpin. El Gobierno zimbabuense no ha respondido a las demandas de la AFP.

Pese a las críticas y a este contencioso, Emmerson Mnangagwa elogió la obra agraria de su predecesor en el 60 aniversario de la independencia. "La reforma sigue siendo un engranaje de nuestra independencia y nuestra soberanía", recordó. "No tenemos ninguna duda ni ninguna voluntad de dar marcha atrás", agregó.

Isobel Simons teme que nunca será indemnizada. "La reforma ha matado completamente la agricultura", se lamenta, amarga. "Nosotros sabíamos cultivar". Benard Chiyemba, sin embargo, defiende con uñas y dientes la reforma. "Si no hubiera existido, nadie sabría que yo era capaz de cultivar", sostiene. "Con ayuda y sosteniendo los precios, podemos lograrlo". 20 años después, está preparado para pasar página. "El Gobierno debería indemnizar a los blancos para que podamos pasar a otra cosa". Por fin.

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