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El Gobierno de Zimbabue pretende despojar hoy de sus tierras a dos tercios de los granjeros blancos

Anoche, a las cero horas, expiraba el plazo para que 3.000 de los 4.500 granjeros blancos que viven en Zimbabue abandonaran sus tierras. La ley, aprobada en mayo por el Gobierno de Robert Mugabe, no deja espacio a la negociación: aquellos que no salgan de sus tierras se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel. Aunque la ley prevé el pago de indemnizaciones, éstas no han sido fijadas.

La esperanza es una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la expropiación de tierras hipotecadas en las que el Gobierno no haya informado con anticipación al prestamista de su confiscación. El granjero Andrew Kockett, que fue quien presentó la demanda ante el alto tribunal, aseguró ayer a la agencia Reuters que 'la mayoría se encuentra en esa situación'. De llevarse a cabo los planes gubernamentales, los bancos podrían perder 12.000 millones de euros en préstamos que jamás recuperarán.

La Unión Comercial de Granjeros, que engloba a los hacendados blancos, estima que el 70% de los afectados permanecerá en sus tierras en un abierto desafío a Mugabe. Hay numerosas demandas planteadas ante los tribunales; la más importante es una de inconstitucionalidad contra la misma ley que se verá en octubre. Esa ley daba dos plazos, uno de 45 días para paralizar la producción y otro igual para abandonar las fincas. Este segundo es el que finalizó anoche.

Las tierras en manos de la minoría blanca son una rémora del pasado colonial. Son las mejores y más productivas. Los acuerdos de Lancaster House para la independencia del Reino Unido les daban seguridad jurídica. Nadie, ni la oposición a Mugabe, discute este asunto. El Movimiento para el Cambio Democrático, que logró un avance espectacular en las elecciones legistativas, considera que el presidente ha agitado el problema en un momento de debilidad política para garantizarse el respaldo popular.

El pulmón económico

La crisis de las granjas, que son el pulmón económico del país, unida a la sequía y a los efectos de la guerra del vecino Congo, son factores que han terminado por arruinar la economía de una de las naciones más prósperas de África, exportadora neta de aliementos en 1999 y ahora dependiente de la ayuda humanitaria.

El cierre de las granjas provocará además la pérdida de 100.000 empleos directos de trabajadores negros. No hay agricultores locales preparados para dirigir las fincas expropiadas, muchas de las cuales fueron ocupadas en los dos últimos años por los llamados veteranos de la guerra y que ahora aspiran a un trozo de tierrra tras su partición. Ese minifundismo es el principal obstáculo para la productividad de las tierras comunales, en manos de la población autóctona, y en las que se practica una economía de supervivencia.

Con el riesgo de una hambruna antes de final de año, una tasa de desempleo descontrolada y una infección de sida en torno al 30%, Zimbabue y su presidente se enfrentan a un futuro incierto y difícil. El Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos han aprobado un embargo contra Zimbabue y contra las cuentas y bienes del presidente y su entorno en el exterior. Esa medida no ha amilanado al régimen; al contrario, le ha fortalecido empobreciendo al país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 9 de agosto de 2002