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Así maniobró Chile para evitar la extradición de Pinochet

La detención del dictador en Inglaterra en 1998 transformó la justicia internacional

Golpe de Estado en Chile
La ex primera ministra británica Margaret Thatcher visita a Pinochet en su arresto domiciliario (1999). afp / getty images

Aquel viernes 16 de octubre de 1998, a las once y media de la noche, en un Londres otoñal, frío y lluvioso, Pinochet convalecía en la habitación 801 de la London Clinic, en el barrio londinense de Marylebone, cuando el agente de Scotland Yard Andrew Hewitt le comunicó formalmente que estaba detenido en cumplimiento de la petición de arresto emitida por el juez español Baltasar Garzón con fines de extradición. “¡Yo he venido aquí en una misión secreta, tengo un pasaporte diplomático y derecho a inmunidad! ¡No me pueden arrestar! ¡Esto es humillante! ¡Es una vergüenza que en este país me hagan esto!”, respondió indignado Pinochet. Fuera de la habitación, en la entrada, quedaron dos policías de guardia y otros en diferentes puntos de la clínica. Desde aquel momento, Garzón tenía un plazo de 40 días para formalizar la solicitud de extradición.

El acuerdo tácito de la transición, la impunidad de Augusto Pinochet, había saltado por los aires. Empezaba la batalla judicial que cambió Chile y determinó el ocaso de su existencia. A partir de entonces, y hasta el fin de sus días, tuvo que someterse a los tribunales, primero de Europa y después de su propio país. En aquellos primeros días de calvario judicial, en la clínica solo tenía a su lado una vieja biografía de su admirado Napoleón. Tal vez se detuvo especialmente en las páginas referidas a la batalla de Waterloo.

En las primeras horas del 17 de octubre, el embajador Mario Artaza —diplomático de carrera, militante socialista, exonerado en diciembre de 1973 y exiliado en Estados Unidos durante la dictadura— llegó a la London Clinic. “Solicité garantías de que Pinochet estaba bien. Subí por unos corredores en penumbra y, acompañado por una enfermera, entré en la sala donde estaba el general. El médico me había dicho que estaba muy agitado por la sorpresiva acción de la policía. Cuando entré estaba dormitando, pero despertó, me presenté y le dije que había acudido hasta allí a petición de su médico y le expliqué brevemente de qué se trataba”. Las únicas palabras de Pinochet fueron: “Yo no entré a este país como un bandido. Yo he entrado con un pasaporte diplomático. He entrado muchas veces de esta manera”. El presidente Eduardo Frei se encontraba en Oporto, en la Cumbre Iberoamericana, y también recibió la noticia súbitamente aquella madrugada.

El 17 de octubre, a las diez y cuarto de la mañana hora londinense, Artaza envió al ministerio una copia de la orden de detención de Pinochet firmada por el magistrado Nicholas Evans con su traducción adjunta. Para “conocimiento inmediato” del ministro, anotó a mano el embajador. Aquella misma tarde, la Embajada de Chile en el Reino Unido envió al Foreign Office una nota oficial de protesta por la detención porque violaba la “inmunidad diplomática” del exdictador. (…) En aquellos momentos iniciales, la estrategia del Gobierno se sustentó en dos elementos: la defensa irrestricta de su inmunidad diplomática en el Reino Unido y la búsqueda de apoyos en España para la tesis que esgrimía el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. De inmediato, los diplomáticos chilenos se entrevistaron con las más altas esferas del Foreign Office, incluido el ministro Robin Cook, para exponer sus razones: Pinochet gozaba de inmunidad, la transición estaba en peligro, en Chile había causas judiciales contra el exdictador, el Reino Unido asumiría una grave responsabilidad si moría allí… Con la proverbial flema británica, desde el Gobierno anglosajón se expresó que entendían toda aquella retahíla de argumentos, pero remarcaron que se trataba de un asunto estrictamente judicial y, también, que carecía de inmunidad, puesto que no estaba acreditado como diplomático. Asimismo, señalaron, una y otra vez, que el ministro del Interior, Jack Straw, a quien correspondería la resolución final, adoptaría su decisión solo después de que se hubiera agotado el procedimiento judicial y en ese momento sería cuando podría tomar en consideración las razones humanitarias u otras alternativas, como la expulsión del país.

“¡Tengo pasaporte diplomático y derecho a la inmunidad!”, protestó Pinochet al ser detenido en una clínica

(…) En la tarde del 28 de octubre, desde Londres, en un informe con la clasificación de “secreto exclusivo” dirigido al ministro José Miguel Insulza, el subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Mario Fernández, le dio cuenta de sus reuniones con Robin Cook; Basil Hume, cardenal primado de la Iglesia católica británica; lord Douglas Hurd, destacado miembro del Partido Conservador; lord David Owen, exministro de Asuntos Exteriores; Menzies Campbell, portavoz de política exterior y defensa del Partido Liberal Demócrata en la Cámara de los Comunes; el obispo Frank Sargent, jefe de gabinete del obispo de Canterbury; el obispo anglicano Pat Harris y el laborista Tony Lloyd, segundo del Foreign Office, a quienes les expuso el rechazo de su Gobierno a la “legislación extraterritorial”. “En relación con el arresto preventivo del senador Pinochet, he indicado que se trata de una detención arbitraria, puesto que el senador viajaba como embajador en misión especial y es un exjefe de Estado, por lo que goza del fuero parlamentario, inmunidad diplomática e inmunidad de Estado.” Fernández argumentó ya entonces que, debido a la acumulación de solicitudes de extradición, la única opción que creía viable para salvar a Pinochet era apelar a las razones humanitarias. También sintetizó tres argumentos que le expusieron sus interlocutores británicos para favorecer su retorno: los tribunales chilenos podían solicitar su extradición puesto que había procesos abiertos en su contra; sería positivo que hiciera una declaración manifestando su intención de retirarse de la vida pública y que dirigiera un mensaje a las víctimas de la dictadura. Aquel mismo día, la Alta Corte de Justicia de Londres reconoció que Pinochet tenía derecho a inmunidad como exjefe de Estado sobre los delitos y crímenes de los que le acusaba Garzón y acordó su libertad condicional, con vigilancia permanente. En nombre del juez instructor español, la Fiscalía anunció que recurriría la sentencia ante la Cámara de los Lores, que tendría la última palabra.

(…) El 25 de noviembre de 1998, en una votación apretada, con tres votos a favor y dos en contra, los lores revocaron la inmunidad concedida a Pinochet el 28 de octubre, ya que la legislación británica no amparaba los crímenes contra la humanidad de los que el juez Garzón le acusaba. “Cuando Hitler ordenó la solución final, su actuación podría ser considerada como un acto oficial derivado del ejercicio de sus funciones como jefe de Estado”, afirmó lord Johan Steyn. Pinochet fue informado formalmente de la sentencia en el hospital por una intérprete oficial, que tuvo que leerle dos veces el dictamen que franqueaba el camino hacia su extradición a España. Entonces, el general se llevó las manos a la cara y rompió a llorar. Aquel día cumplía 83 años y ya habían preparado las maletas para regresar a Chile en uno de los dos aviones que la Fuerza Aérea había enviado.

Mario Amorós es historiador y periodista. Este texto es un extracto de ‘Pinochet. Biografía militar y política’, que publica Ediciones B este 12 de septiembre.

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