La razón humanitaria surge como última carta de Chile para lograr la libertad de Pinochet

Ante la desesperación de los sectores derechistas y la creciente evidencia de que el Gobierno chileno dispone de un escaso margen de actuación para lograr por la vía jurídica o política la libertad del ex dictador Augusto Pinochet, la razón humanitaria está siendo evaluada en Chile como la última carta para evitar la acción de la justicia contra el detenido. Dirigentes de los partidos de la coalición gubernamental (Concertación) y el canciller, José Miguel Insulza, dejaron ayer la puerta abierta a considerar la petición de los partidos de derecha e invocar ese motivo ante las autoridades británicas.

El presidente, Eduardo Frei, se dirigió está madrugada (hora española) a todo el país en un mensaje conciliador, en el que reconoció que Chile atraviesa un momento difícil ya que "la posición chilena está siendo controvertida por otros Gobiernos y autoridades judiciales; de Inglaterra y España". Frei añadió que su Gobierno puede entender "la situación humanitaria del señor Pinochet y su familia". En otro momento explicó que en el Consejo de Ministros celebrado ayer todos tuvieron muy presente el aspecto humano del problema y recordó: "En este Gabinete hay ministros que fueron víctimas de la tortura y del exilio". Y concluyó: "Así se construye la reconciliación nacional". La estrategia seguida desde el sábado pasado por el Ejecutivo chileno ha tenido dos ejes, según admitieron a este diario fuentes próximas a la Concertación. La defensa de la inmunidad diplomática en el Reino Unido del senador vitalicio y la búsqueda de apoyos en España a la tesis del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, de que el juez Baltasar Garzón no puede tener competencia en el caso. No ha logrado ninguno de los dos objetivos hasta ahora. Para el senador socialista Jaime Gazmuri, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, "la dimensión jurídica en este caso es muy importante, lo que deja pocos instrumentos al Gobierno, por la división de poderes existente en Europa". La reivindicación de la inmunidad diplomática para el ex general planteadapor el enviado gubernamental y los diputados pinochetistas desplazados a Londres ha tenido poco eco.

Un funcionario de la Embajada británica en Santiago fue categórico ante este diario al señalar que con antelación al polémico viaje la cancillería chilena no envió ninguna comunicación formal al Foreign Office sobre la misión especial del senador Pinochet al Reino Unido, tal y como es preceptivo en estos casos. "¿Cuál era dicha misión especial, si una hija de Pinochet declaró a una revista chilena que su padre estaba en el Reino Unido en viaje de placer?", señaló la misma fuente.

El senador Gazmuri subraya que el debate sobre la jurisdicción extranjera es más académico que real, porque al viajar al Reino Unido, Pinochet "se colocó bajo la jurisdicción de otro Estado". Además, la defensa legal del senador vitalicio, al contratar los servicios de un despacho de abogados londinense, "está reconociendo, en la práctica, la jurisdicción británica". El parlamentario no descarta que si Pinochet llegara a ser procesado sus seguidores pedirían al Gobierno chileno que se haga parte en el juicio. Petición difícil de atender ya que implicaría "nombrar un abogado del Estado en la causa, con lo que reconocería la jurisdicción extranjera y violaría la tesis que ha estado defendiendo hasta ahora de que ni la Justicia de España ni la del Reino Unido son competentes para llevar a cabo acciones judiciales contra Pinochet".

Otras vías, de carácter subterráneo, para lograr apoyos de terceros países son poco factibles, según las fuentes consultadas. "El caso Pinochet es muy emblemático en Occidente; la impunidad de los dictadores es un tema que sensibiliza a la opinión pública; y éste es un caso pionero, muy discutible en el Derecho Internacional, pero la tendencia jurídica imperante es que hay que ir hacia el establecimiento de una jurisdicción que vaya mas allá de las fronteras nacionales para este tipo de delitos".

Gazmuri vaticina una situación muy tensa en los próximos meses en Chile. "Es la crisis más grave que hemos vivido en toda la transición y hay un retroceso en el clima de connivencia". Ayer, el diputado Jaime Naranjo denunció que varios parlamentarios socialistas han recibido amenazas de muerte. "Parece que quieren volver a los tiempos de la DINA", dijo.

En una reunión con corresponsales extranjeros, Andrés Zaldívar, admitió que la situación chilena entraña serios riesgos para la convivencia: "Han empezado a emerger los bomberos locos", dijo con una expresión chilena referida a los ultras de cualquier signo, "la gente que prende fuego en vez de apagarlo". "Ante ellos el Gobierno tiene que actuar con firmeza", sentenció.

El presidente del Senado y precandidato de la Democracia Cristiana a las elecciones del año próximo, reconoció abiertamente las limitaciones de la democracia chilena, al referirse a "las transacciones de la transición", fruto de las cuales es el pasaporte diplomático otorgado al ex dictador, según dijo. "A Chile no le interesaba que la salud de Pinochet corriera riesgos, ni que pudiera ser detenido. Lo que ha ocurrido pone dificultades a nuestra transición", añadió.