Los lores anulan la inmunidad de Pinochet

El sistema de decisiones en el tribunal, tal como estaba previsto, consistió en que cada juez elaboró su posición por escrito y la puso en conocimiento de los demás. El primero en exponerla fue el presidente del tribunal, Lord Slynn. El secretario del comité judicial, togado y con la famosa peluca de crin de caballo, le dio la palabra a las 14.05 hora de Londres (15.05 hora peninsular española). Con rostro severo, muy diferente a la simpatía que derrochó durante la vista oral de la apelación, Lord Slynn dijo: "Por las razones que expongo en mi escrito yo sostendría que el apelado , como ex jefe de Estado, es inmune frente a su arresto relacionado con los asuntos planteados en la orden de detención del 22 de octubre de 1998 , y que el recurso de apelación debe ser desestimado". En el mismo sentido se manifestó el magistrado más antiguo del tribunal, Lord Lloyd. Sin embargo, la intervención de Lord Nicholls dio un giro cuando se declaró partidario de revocar la decisión del Alto Tribunal de Justicia y, por tanto, de admitir el recurso contra la inmunidad de Pinochet. En el mismo sentido concluyeron Lord Steyn y Lord Hoffmann cuando el secretario del juzgado les dio su correspondiente turno de palabra. Hoffmann, el más joven de los jueces con 64 años, coincidió con los argumentos de Nicholls y Steyn. Fue Lord Steyn quien explicó, sin ambages, en su voto, el cambio de contenido del debate. "Desde aquella audiencia en el Alto Tribunal el caso se ha visto transformado en muchos sentidos. La naturaleza del caso contra el general Pinochet está ahora muchísimo más clara. Y la Cámara ha podido aprovechar las alegaciones de abogados internacionales distinguidos. A la luz de todo el material disponible ahora estoy convencido de que la conclusión del Alto Tribunal de Justicia fue un error", explicó.

No fue un acto oficial

Tal como lo había planteado durante las sesiones de la apelación, Lord Steyn señala en su fallo que "cuando Hitler ordenó la solución final [el aniquilamiento de los judíos] su actuación podría ser considerada como un acto oficial derivado del ejercicio de sus funciones como jefe de Estado. Este es el razonamiento al que conduce inexorablemente el Alto Tribunal de Justicia. El abogado de Pinochet ha alegado que esta conclusión es el resultado ineludible de lo que se dice en el estatuto [ley de Inmunidad de Actos de Estado, de 1978]". Steyn recordó que los propios abogados de Pinochet "expresaron y, correctamente, admitieron que este tipo de crímenes no pueden ser clasificados como actos oficiales realizados en ejercicio de las funciones de jefe de Estado. Esto demuestra que una línea significativa debe ser trazada [entre actos oficiales y otros actos gubernamentales]". Según Lord Steyn, la pregunta clave es si esa línea debe ser determinada por la ley interna de Chile, donde la mayor parte de los hechos han ocurrido, o a la luz de lo principios del derecho consuetudinario internacional. En su opinión, "la ley interna [municipal law] no puede ser decisiva para saber dónde trazar la línea. Si lo fuera, las leyes internas más aberrantes pueden ser invocadas para ampliar las funciones del jefe de Estado. Pero no necesito decir más porque los defensores de general Pinochet han admitido que la distinción entre actos oficiales realizados en el ejercicio de las funciones de jefe de Estado y actos que no satisfacen dichos requerimientos deben depender de las reglas de la ley internacional". Pero Steyn no dejó de reconocer que la inmunidad de actos de Estado, según la ley británica, hubiera protegido a Pinochet si este siguiese en sus funciones de jefe de Estado en Chile. "Si siguiese siendo jefe de Estado, sería entonces inmune respecto al procedimiento de extradición en curso. Pero ha dejado de serlo y exige una inmunidad como ex jefe de Estado, pero está muy claro que la inmunidad en favor de un ex jefe de Estado no es absoluta". Si la decisión a favor de mantener la inmunidad de Pinochet hubiese supuesto su inmediata libertad para regresar a Chile, la resolución adoptada ayer deja la puerta de la extradición del ex dictador a España ante el ministro de Interior, Jack Straw, quien debe de aquí al próximo 2 de diciembre pronunciarse sobre si se pone en marcha o no el procedimiento. Los tres lores le han dejado a Straw, precisamente, la decisión política.