Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Un fallo monstruoso de la justicia

La democracia más poderosa está reteniendo a cientos de supuestos soldados de a pie de los talibán en un agujero negro legal en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, donde permanecen a la espera de ser juzgados de crímenes capitales por tribunales militares. Las democracias deben defenderse a sí mismas. Las democracias tienen derecho a juzgar a oficiales y soldados de fuerzas enemigas por crímenes de guerra. Pero en tiempos de guerra, conflicto armado o percepción de peligro nacional, hasta las democracias liberales adoptan medidas que infringen los derechos humanos en maneras totalmente fuera de proporción con la crisis. Una herramienta a mano es la detención sin cargos o juicio. Se aprueba una legislación mal concebida, hecha con prisas, concediendo poderes excesivos a los gobiernos ejecutivos, lo cual compromete los derechos y libertades de los individuos más allá de las exigencias de la situación. A menudo, la pérdida de la libertad es permanente.

Incluso en tiempos modernos se han perpetrado terribles injusticias en nombre de la seguridad contra millares de personas que no han tenido recursos legales efectivos. Con demasiada frecuencia, los tribunales de justicia han ignorado los mandamientos judiciales del Estado de derecho con un solo interrogatorio de lo más superficial. En el contexto de una guerra contra el terrorismo sin atisbo de acabar, esto es un panorama sombrío para los derechos humanos. Pero ahí está la advertencia de que el abuso de poder sin control genera un abuso de poder aún mayor. Y los jueces tienen el deber, incluso en tiempos de crisis, de impedir una respuesta ejecutiva desorbitada e inmoral. Tras el horror del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprobó apresuradamente el Acta Patriótica que concedió al ejecutivo enormes poderes para anular las libertades civiles. El Congreso rápidamente autorizó al presidente George W. Bush a utilizar toda la fuerza contra, entre otras cosas, los responsables de los atentados terroristas del 11 de septiembre para prevenir ulteriores ataques. El 7 de octubre de 2001, comenzó la campaña aérea contra Afganistán. El 13 de noviembre de 2001, el presidente promulgó una orden para hacer posible el juicio por comisiones militares de personas acusadas de violar las leyes de guerra. Esa orden ha sido enmendada en repetidas ocasiones. Desde enero de 2002, unos 660 prisioneros han sido transferidos primero al Campamento X Ray y luego al Campamento Delta en Bahía de Guantánamo. La cifra incluye niños de edades entre los 13 y los 16 así como algunos muy ancianos. Prácticamente todos los prisioneros son soldados de a pie de los talibán. Por un decreto general presidencial, se les ha negado la condición de prisioneros de guerra a todos los prisioneros.

No sabemos cómo han sido tratados los prisioneros en Bahía de Guantánamo. Pero lo que sabemos no es muy tranquilizador. En el Campamento Delta las minúsculas celdas miden 1,8 m. por 2,4 m. Se mantiene a los retenidos en esas celdas hasta 24 horas al día. Se han publicado fotografías de prisioneros siendo devueltos a sus celdas en parihuelas tras los interrogatorios. Cruz Croja describió el campamento como un centro principalmente de interrogación más que de detención. El motivo de mantener a los prisioneros en Bahía de Guantánamo fue y es el de ponerlos fuera del alcance de la ley, más allá de la protección de cualquier tribunal y a merced de los vencedores. Las normas de procedimiento no prohíben el uso de la fuerza para obligar a los prisioneros a confesar. Por el contrario, las normas prevén expresamente que las afirmaciones hechas por un prisionero bajo presión física y mental son admisibles "si las pruebas pudieran tener valor para una persona razonable", por ejemplo oficiales militares juzgando a soldados enemigos.

En la actualidad no se tiene la intención de que sepamos qué sucede en la Bahía de Guantánamo. Pero la historia no será esterilizada. Lo que hoy en día tiene lugar ahí en el nombre de Estados Unidos será con toda certeza juzgado, en su debido momento, en el tribunal de la opinión pública mundial informada. El régimen aplicado en Guantánamo fue creado por una serie de órdenes presidenciales. Puede ser resumido muy brevemente. Tal y como están las cosas ahora, los prisioneros en Guantánamo serán juzgados por tribunales militares. Los prisioneros no tienen acceso a la solicitud del habeas corpus para establecer si su detención está siquiera dudosamente justificada. El ejército actuará como interrogador, fiscal, abogado defensor, juez y, cuando se impongan las penas de muerte, como verdugo. Los juicios se mantendrán en secreto. Ninguna de las garantías básicas para un juicio justo tendrán que ser tenidas en cuenta. La competencia de los tribunales de Estados Unidos queda excluida. El ejército lo controla todo. Sin embargo, está supeditado en todos los aspectos a las decisiones del presidente como comandante en jefe, incluso en lo que concierne a la culpabilidad o inocencia en los casos individuales así como a las sentencias adecuadas.

El presidente ha hecho pública de antemano su opinión personal de los prisioneros como colectivo: los ha descrito a todos como "asesinos". El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia Circuit ha dictaminado recientemente que, a pesar de que Estados Unidos tiene el control exclusivo de la Bahía de Guantánamo desde 1903, los tribunales no tienen competencia para examinar la legalidad de la detención de los prisioneros. Pero el 10 de noviembre el Tribunal Supremo autorizó un auto de avocación del caso para proceder a una audiencia independiente sobre el asunto de si los tribunales inferiores estaban en lo cierto al concluir que no tenían competencia para atender a las peticiones de habeas corpus. Éste será el único asunto sobre el que fallará el Tribunal Supremo. Este juicio tendrá lugar en primavera del año próximo. Tal y como están las cosas en estos momentos, los tribunales de Estados Unidos se negarían a escuchar a un prisionero de Bahía de Guantánamo que procurara pruebas médicas creíbles de que ha sido y está siendo torturado. Se negarían a escuchar a prisioneros que aseveraran que no son combatientes. Se negarían a escuchar a prisioneros que afirmaran que son tan sólo soldados del ejército talibán y que no sabían nada de Al Qaeda. Se negarían a escuchar cualquier queja de cualquier individuo. La orden general presidencial les despoja a todos de cualquier tipo de derecho.

Como abogado al que se ha enseñado a admirar los ideales de democracia y justicia estadounidenses, tengo que afirmar que considero esto un fallo monstruoso de la justicia. La cuestión es si la calidad de la justicia concebida para los prisioneros de Bahía de Guantánamo cumple con los criterios mínimos internacionales para llevar a cabo un juicio justo. Se puede dar una respuesta muy breve. Es un rotundo "no". Viene a la mente la expresión "tribunal canguro". Conlleva la idea de un frenesí arbitrario y predeterminado por juzgar por parte de un tribunal irregular que se burla de la justicia. Los juicios del tipo contemplado por el Gobierno de Estados Unidos serían una mancha en la justicia de Estados Unidos. La única cosa que podría ser peor es dejar a los prisioneros indefinidamente en su agujero negro. Observando la dura realidad de la situación, uno se pregunta qué efecto podría tener en el trato a los soldados de Estados Unidos capturados en futuros conflictos armados. Por la causa de los soldados estadounidenses, habría sido prudente respetar la ley humanitaria. En segundo lugar, ¿qué sacarán en claro los regímenes autoritarios, o países con un dudoso historial sobre los derechos humanos, del ejemplo mostrado por la más poderosa de todas las democracias? En tercer lugar, es probable que el tipo de justicia impartida en Bahía de Guantánamo convierta a los prisioneros en mártires en el mundo musulmán moderado con el que el Occidente debe trabajar para garantizar la paz y la estabilidad mundiales.

¿Qué otra senda podría haber seguido Estados Unidos? La Corte Penal Internacional no puede utilizarse para juzgar a los prisioneros de Bahía de Guantánamo porque el Tratado de Roma no tiene carácter retroactivo y los prisioneros fueron capturados antes de que el Tratado entrara en vigor en Julio de 2002. Los tribunales de Estados Unidos podrían haber asumido competencias universales para crímenes de guerra. Los prisioneros habrían tenido juicios justos ante los tribunales de Estados Unidos. Habría sido una solución aceptable. Por otro lado, el mundo musulmán probablemente no habría aceptado esto como justicia imparcial. El mejor camino habría sido la creación de un tribunal internacional ad hoc a través del Consejo de Seguridad. Eso habría garantizado que se hacía justicia y que se viera que se hacía. Naturalmente, las democracias se enfrentan a un dilema. Aharon Barak, presidente del Tribunal Supremo de Israel, presidió un caso en el que el tribunal mantuvo que el interrogatorio violento de un supuesto terrorista no es legal aunque con él pueden salvarse vidas humanas al impedir actos terroristas inminentes. "A veces, una democracia tiene que luchar con una mano atada a la espalda. No obstante, juega con ventaja. La protección del Estado de derecho y el reconocimiento de las libertades del individuo constituyen un factor importante en su forma de entender la seguridad. A fin de cuentas, refuerzan su espíritu y su fortaleza y le permiten superar sus dificultades", afirmó Barak. Dicha limitación constituye la esencia misma de los valores democráticos.

Puede ser apropiado formular una pregunta: ¿debería el Gobierno británico dejar clara públicamente y sin ambigüedades su condena a la completa falta de legalidad de Bahía de Guantánamo? John Donne, que fue predicador en la Capilla de Lincoln's Inn, puso la pregunta en su contexto hace más de cuatro siglos: "Ningún hombre es una isla entera en sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo...; la muerte de cualquiera me afecta porque formo parte de la Humanidad; y por eso, nunca quieras saber por quién doblan las campanas; doblan por ti".

© 2003 I.H.T /iht.com

Lord Steyn es uno de los 12 jueces que se sientan en el Tribunal Supremo británico. Traducción de News Clips

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de noviembre de 2003