Islas arrasadas buscan agricultura resistente

Dominica es un microestado. Poco más grande que Ibiza, con 73.000 habitantes y un PIB menor que el presupuesto de la ciudad de Málaga. Después de los servicios financieros (no aparece en la lista de paraísos fiscales de la UE), su principal motor económico es la agricultura, que se centra en las bananas, seguidas por los taros y los pomelos y emplea a casi cuatro de cada 10 dominiqueses. Esa misma agricultura que el pasado septiembre fue devastada junto al resto de la isla con el paso del huracán María. "Hemos sufrido muchos huracanes, pero antes no destruían toda la isla", lamentaba este miércoles en Montego Bay (Jamaica) Johnson Drigo, su ministro de Agricultura y Pesca. "El cambio climático nos está afectando seriamente".

En la conferencia de la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura) para América Latina y el Caribe resulta difícil encontrar un ministro, embajador o canciller que no saque a colación el cambio climático. Imposible, si son delegados de alguna de las islas caribeñas. "Nuestros agricultores son pequeños productores familiares, que sufren constantemente sequías, lluvias, huracanes... Y cuando pierden el 80% o el 90% de sus cosechas, se convierte en un gran problema", explica Ezechiel Joseph, ministro de Santa Lucía, otro Estado insular.

“La pregunta ya no es si algún huracán, inundación o sequía arruinará las cosechas, sino cuándo lo hará”

En archipiélagos como estos, los destrozos, las inundaciones o la falta de agua tiran por tierra su limitadísima capacidad de producir comida. Las islas caribeñas se gastan al año unos 4.000 millones de euros en importar alimentos, y muchas (como Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago o Guyana) se ven obligadas a comprar fuera la gran mayoría de lo que consumen. "En estos países perdemos un 6% del PIB cada año por culpa de desastres naturales", sostiene Jose Alpuche, alto cargo del Gobierno de Belice un pequeño Estado centroamericano que se asoma al Caribe. A las tormentas y tifones cada vez más frecuentes —Haití es un buen ejemplo— se suman los periodos de sequía, que ya llegan prácticamente cada año y también afectan profundanente a otros países como El Salvador o Guatemala.

Una forma de reducir el impacto económico es que los agricultores aseguren su cosecha. "Pero en Belice ningún pequeño productor puede permitirse pagar un seguro", lamenta Alpuche. En el debate en Jamaica, los delegados han coincidido en la necesidad de facilitar el acceso a este tipo de pólizas. Pero para eso, como para casi todas las demás acciones propuestas, hacen falta recursos. Esto es, un dinero que no abunda en la región. "Nuestra economía es muy pequeña. Volveremos a depender de las agencias y los países donantes para abrir este nuevo capítulo", se resignaba Drigo.

El funcionario de Belice señalaba sin complejos la "tremenda brecha" de financiación que afrontan para adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos. El subdirector general de la FAO, Julio Berdegué, la estimaba al inicio de la conferencia en al menos 80.000 millones de euros para toda América Latina y el Caribe. Pero no parece que los fondos vayan a fluir fácilmente, porque los Estados de la zona no son vistos como prioritarios por la cooperación internacional. "¿Cómo puede ser que a pequeños Estados insulares con tanto problemas se nos trate como a cualquier país de renta media alta?", se pregunta Alpuche.

“Perdemos un 6% del PIB cada año por los desastres naturales”

Esa ayuda económica serviría —o servirá, según los más optimistas— para transformar un actividad productiva en decadencia en un sector agrícola climáticamente inteligente (variedades más resistentes a la escasez o el exceso de agua, técnicas para aprovechar la misma...), en diversificar la producción, reforzar las instalaciones ("nada aguanta un huracán de nivel 5, pero al reconstruir establos y granjas debemos prepararlas para uno de nivel 3", decía el dominiqués Drigo), introducir tecnología para predecir, prevenir y curar...

A la espera de aportaciones, los países empiezan a poner de su parte, y piden a los agricultores y ganaderos que hagan lo propio. "Por eso, una de las cosas más urgentes es garantizar y aclarar la propiedad de la tierra", argumentaba Clarence Rambharat, ministro de Trinidad y Tobago. "Solo los agricultores que tengan claro que el terreno será suyo durante largo tiempo invertirán tiempo y dinero en prepararse para los efectos del cambio climático", razonaba. Y, según han coincidido los presentes, cada día que pasa aumenta el riesgo. Porque, como exponía crudamente Alpuche, de Belice, la pregunta ya no es "si" algún huracán, inundación o sequía arruinará las cosechas, sino "cuándo lo hará".

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