El Gobierno investigará la actuación de la policía el pasado jueves en el barrio valenciano de El Cabanyal, que se saldó con varios heridos entre vecinos, agentes y periodistas. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lo anunció ayer tras el Consejo de Ministros a partir de un primer informe, al que ha tenido acceso este diario, que asegura que se empleó "la fuerza mínima imprescindible" y que "no hubo personas heridas" a causa de la carga policial.
El sumario de Gürtel acorrala al PP
"La policía que investiga al PP es una policía de camarilla; hay una camarilla policial, instalada en Canillas, dedicada a fabricar y preconstituir pruebas"... "La imparcialidad de instructores, policías y fiscales, no se da en estos momentos en el proceso que afecta al Partido Popular"... "La imparcialidad de instructores, policías y fiscales, no se da en estos momentos en el proceso que afecta al Partido Popular".
Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes valencianas, vulneró la ley de contratos públicos al menos en tres ocasiones para adjudicar 180.000 euros a dedo a las empresas Easy Concept y Orange Market -dos sociedades de la trama corrupta organizada por Francisco Correa-, cuando ejercía como consejera de Turismo del Gobierno de Francisco Camps entre agosto de 2004 y julio de 2007.
La Comunidad de Madrid está infectada por el caso Gürtel. Contrató en 367 ocasiones a la trama corrupta, y un tercio de esas operaciones fueron irregulares, según un informe recogido en el sumario del caso hecho público esta semana. Por eso, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se esfuerza estos días en lanzar una imagen de contundencia contra la corrupción.
El sumario del caso Gürtel es un campo de minas para el PP de Madrid. Uno de los explosivos ocultos entre sus miles de folios es una grabación de octubre de 2005 del ex edil de Majadahonda Juan José Moreno -expulsado un mes antes del grupo municipal popular- con el constructor Raúl Calvo (ex directivo de Dico).
Demostrar que la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar las atrocidades del franquismo es una cuestión jurídicamente discutible, pero en ningún caso un delito de prevaricación. Ése es el objetivo del comunicado difundido ayer por las dos principales asociaciones de la izquierda judicial española -Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-.
Ahmed Ould Souilem ostentaba hace menos de un año un pasaporte diplomático argelino y ocupaba un cargo diplomático en el Frente Polisario. Dentro de unas semanas será el embajador marroquí en España. Sustituirá a Omar Azziman, que se marchó en enero.