El Ejecutivo va al Constitucional para detener la demolición

El Gobierno respondió ayer a los últimos derribos acometidos por el Ayuntamiento de Valencia -y amparados por la Generalitat- con otra acción judicial. El Ejecutivo ya había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley local de la que se ha servido la alcaldesa, Rita Barberá, para practicar las demoliciones de esta semana. Esa norma es una copia del decreto ley con el que el Gobierno valenciano de Francisco Camps quiso invalidar la orden que el Ministerio de Cultura emitió en diciembre de 2009 para proteger la integridad y el patrimonio histórico de ese barrio de pescadores. Entonces se recurrió el decreto ley, y ahora la ley.

La orden del ministerio que dirige Ángeles González-Sinde deja en suspenso el plan urbanístico de El Cabanyal -que supone el derribo de más de 1.600 viviendas para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar-. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió calma a los vecinos.

En Valencia, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y mano derecha de la alcaldesa, Alfonso Grau, recalcó el respeto del consistorio hacia la ley. "Llevamos 11 años así", dijo en alusión a la larga batalla legal que sostienen con la plataforma Salvem El Cabanyal por la ampliación de la avenida. El edil aprovechó su comparecencia para cargar contra los concejales socialistas y el resto de políticos que apoyaron con su presencia a los vecinos contrarios a las demoliciones. Volvió a calificar de "violentos" a los miembros de Salvem El Cabanyal y enumeró las protestas que durante años han protagonizado contra el gobierno local. Grau dijo que Barberá envió ayer a Fernández de la Vega una carta en la que le pide que no se ponga del lado de la plataforma y deje de intervenir en El Cabanyal.

Orden de derribar

La socialista Carmen Alborch, senadora y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Valencia, reconoció que la intervención policial fue desproporcionada, pero insistió una y otra vez en que la responsable última de los sucesos en El Cabanyal es la alcaldesa. "Quien dio las instrucciones de derribar usando la fuerza fue Barberá", sentenció.

Partidos políticos y colectivos ciudadanos remitieron a Salvem El Cabanyal comunicados de apoyo. Así lo hizo la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana y la Federación de Vecinos de Madrid, y diferentes fuerzas políticas como Esquerra Unida, el Bloc o Units per València.