Jueces, fiscales y víctimas de Franco se movilizan contra el proceso a Garzón

Demostrar que la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar las atrocidades del franquismo es una cuestión jurídicamente discutible, pero en ningún caso un delito de prevaricación. Ése es el objetivo del comunicado difundido ayer por las dos principales asociaciones de la izquierda judicial española -Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-, que consideran "doloroso e injustificable" el proceso abierto al juez Garzón por investigar los crímenes de la dictadura. Esa investigación, además, podría reactivarse en los próximos días. Pero no en España, sino en Argentina. Familiares de víctimas quieren reabrir la causa en los tribunales de Buenos Aires, hacer "lo mismo que hizo Garzón en España con las dictaduras argentina y chilena", aclara el abogado que les representa, Carlos Slepoy.

El comunicado de jueces y fiscales progresistas -suscrito también por Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades y por la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia- señala a la Sala Penal del Supremo como responsable del "resurgir de los valores del franquismo" y sostiene, en contra de lo defendido por el juez Varela, instructor del caso contra Garzón, que "cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo".

"Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos", sostiene el comunicado, que recuerda que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la dictadura". El hecho de que esos crímenes no hayan tenido respuesta judicial, continúa, "resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España".

Respecto de la ley de memoria histórica -el Supremo afirma que Garzón intentó orillarla- aseguran que "no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía".

La nota la suscriben a título particular algunos de los jueces que ratificaron la competencia española para investigar el franquismo, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez; la única juez que ordenó la apertura de una fosa, Tania Chico; o Miguel Ángel Martín, juez de Palencia que siguió adelante con la investigación una vez que Garzón cedió la causa a juzgados locales.

En Argentina, Slepoy presentará el miércoles una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad que abarca el periodo entre la Guerra Civil y el final de dictadura y se basa en los principios de jurisdicción universal. "La ley nos permite que pidamos frenar la impunidad en España", aseguró el letrado, que tiene intención de pedir un listado "de todos los dirigentes de Falange [una de las querellantes contra Garzón], de la Guardia Civil, el Ejército y el Gobierno franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades". También reclamarán, a modo de prueba, el censo de víctimas y desaparecidos, y el mapa de fosas comunes halladas en España, así como toda la documentación recabada por Garzón en su investigación.Entre los querellantes está Darío Rivas, un gallego de 90 años exiliado en Buenos Aires e hijo de un fusilado por el franquismo.

Además, la Asociación para la Recuperación Histórica de Cataluña y la de Baleares presentarán el lunes ante el Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela. Denuncian, apoyándose en las propias resoluciones de Varela, su "falta de imparcialidad", su "animadversión a Garzón" y la vulneración de leyes internacionales.

El martes se celebrará en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto de apoyo al juez convocado por CC OO y UGT, al que asistirá, entre otros, Pasqual Maragall. El ex presidente catalán, enfermo de alzheimer, encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras.

El ministro de Fomento, José Blanco, declaró ayer sobre el proceso a Garzón que no le gustaría que "los falangistas ganaran de nuevo la batalla".