Brasil aprueba investigar con células madre y comercializar transgénicos
De nada ha servido el rechazo del presidente del Parlamento brasileño, el católico tradicionalista Severino Cavalcanti, ni la oposición de una parte de los 62 diputados evangélicos. Tampoco ha tenido efecto la condena de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos. El Congreso de Brasil, con 352 votos a favor, 60 en contra y una abstención, acaba de aprobar un proyecto de ley que autoriza el uso de células madre embrionarias humanas. También ha aprobado la Ley de Bioseguridad que permite la producción y comercialización de productos transgénicos.
Decenas de minusválidos, algunos en silla de ruedas, asistieron en el Congreso a la votación sobre las células madre. Cuando se anunció el resultado positivo del voto se tomaron de la mano, gritaron, lloraron y entonaron emocionados el himno nacional.
La nueva ley, que deberá ser refrendada por el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, autoriza el uso de embriones humanos para investigaciones médicas con células madre, aunque por el momento podrá ser usado sólo cuando el material lleve tres años congelado. Antes de dicho uso, los médicos necesitarán la autorización de los familiares y de un comité de ética. Queda prohibida la venta de embriones para cualquier uso.
Ley de Bioseguridad
Más polémica ha sido la aprobación de la Ley de Bioseguridad, que permite de ahora en adelante la investigación, cultivo, almacenamiento y exportación de transgénicos, u organismos genéticamente modificados (OGM). La derrotada en este caso ha sido la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, que siempre se había opuesto a la aprobación de la ley, y sobre todo a que sea el recién creado Consejo Nacional de Bioseguridad (CNBS), ligado a la Presidencia de la República, quien decida las políticas sobre el tema. Con la nueva ley, los ministros pierden la prerrogativa de vetar una decisión de la CNBS, aunque pueden recurrir a un consejo formado por 11 ministros, siempre que no se trate de cuestiones ambientales.
La ley abre nuevas perspectivas comerciales, aunque también crea el peligro de que el Gobierno pueda abrir la mano a nuevas deforestaciones para aumentar la superficie cultivada de cereales y pastos.
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