Zapatero prepara un ajuste presupuestario para primar el gasto social y la investigación

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se constituirá el próximo día 19, prepara un plan de ajuste presupuestario que pretende recortar el gasto corriente aprobado por el Ejecutivo del PP en las cuentas de 2004 y modificar distintas partidas para poner en marcha planes de choque en materia de vivienda y de educación, fundamentalmente. Los Presupuestos Generales del Estado para este año prevén un gasto total de 220.516 millones de euros. Las medidas de choque para facilitar el acceso a la vivienda serán aprobadas en una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros.

El futuro presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró hace 18 días en una entrevista con este periódico, tras ganar las elecciones generales, que este mismo año recortaría un 2% el gasto corriente y destinaría ese ahorro a reforzar la inversión en vivienda, investigación y becas de estudio.

El nuevo Consejo de Ministros aprobará, en una de sus primeras reuniones, un plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda; así como la creación de una comisión para acometer una reforma urgente de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

Los planes eleboarados por el PSOE antes de las elecciones del 14 de marzo ya planteaban, además del recorte del gasto corriente, una "contención" en los gastos de personal, con la intención de reducir el número de altos cargos en la Administración central.

El Gobierno de José María Aznar ha contado con casi 2.000 altos cargos entre ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, asimilados a subsecretarios (delegados del Gobierno y secretarios generales), directores generales, asesores y subdirectores generales, de libre designación. Los socialistas han destacado que entre 1997 y 2004, la Administración ha incrementado el gasto destinado a altos cargos un 43%, mientras la inflación en ese periodo creció un 18,5%.

Dentro del plan de austeridad que el Gobierno de Zapatero quiere aplicar con urgencia en la Administración central también se incluye un capítulo en el Ministerio de Defensa. Los planes iniciales del PSOE planteaban reducir un 1% el presupuesto respecto a lo gastado en 2003, lo que significaba un ahorro de más de 60 millones de euros. Este objetivo se complica con la firma de los contratos de armamento, por más de 4.000 millones de euros, que el Gobierno del PP dejó cerrada hace sólo unos días.

José Bono, próximo ministro de Defensa, pidió hace diez días a Federico Trillo que paralizase los expedientes que comprometen a la Administración con un gasto de 4.000 millones de euros para un armamento -cuatro submarinos S-80, un buque de proyección estratégica, 212 vehículos de combate Pizarro y 24 helicópteros Tigre- que se entregará, en muchos casos, dentro de cuatro años. El pago de estos programas, fraccionados a lo largo de 20 anualidades, complicaría la intención socialista de reducir o, al menos, congelar el presupuesto de Defensa.

Otro de los planes socialistas incluye la anulación de transferencias del Estado a distintos sectores económicos. El PSOE estudia la posibilidad de eliminar las subvenciones que ahora reciben determinadas concesionarias de autopistas y que ascienden a más de 100 millones de euros.

En el capítulo sanitario, el PSOE se ha marcado como objetivo "frenar el aumento desorbitado del gasto farmacéutico". Para conseguirlo, aplicará "una política combinada de precios de referencia, genéricos, dosis individualizadas e incentivos profesionales que premien la prescripción de calidad". El futuro Gobierno pretende revisar el acuerdo con la industria farmacéutica, de forma "que el incremento de gasto farmacéutico se ligue al crecimiento del PIB nominal".

Algunas obras públicas en tramitación, como las del trasvase del Ebro, que tiene partidas aprobadas dentro del presupuesto de 2004, serán modificadas. La próxima ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha explicado que la política de aguas en España, a partir de ahora, se basará en el texto alternativo al Plan Hidrológico Nacional que los socialistas defendieron en el Congreso de los Diputados. Ese texto apostaba por la construcción de desaladoras y la reutilización de las aguas como alternativa al trasvase del Ebro aprobado en el Plan Hidrológico Nacional. El PSOE piensa destinar una parte importante de los 1.260 millones que España esperaba ingresar de los Fondos Feder y de Cohesión de la Unión Europea a financiar la construcción de desaladoras, que serán instaladas primordialmente en la zona de Valencia, Murcia y Alicante, algunas de las provincias con más déficit de agua dulce.