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Un informe de Eurostat revela que España es el penúltimo país en gasto social de la UE

Un español medio recibe un 60% de lo que percibe el europeo cuando se suman todas las prestaciones básicas del Estado del Bienestar

La España que hereda José Luis Rodríguez Zapatero sólo supera a Portugal, entre los países de la UE-15, en lo que se refiere a las prestaciones sociales básicas que reciben los ciudadanos, según el último informe sobre La protección social en Europa realizado por Eurostat, la Oficina Estadística de la UE.

El informe señala que el español medio recibe un 60% de lo que percibe el europeo medio cuando se suman todas las prestaciones básicas del Estado del Bienestar: vejez y supervivencia, sanidad, familia e infancia, invalidez, subsidio de desempleo, y vivienda y exclusión social. Entre 1992 y 2001, periodo para el que Eurostat dispone de información comparable entre todos los países de la UE, el gasto social aumentó en España a una tasa anual del 1,7%, en términos reales. Sin embargo, como ese crecimiento fue inferior al de la economía, el gasto social pasó de representar un 22,4% del PIB en 1992 a un 20,1% en 2001, después de haber alcanzado un máximo del 22,8 en 1994, coincidiendo con los últimos años de la anterior administración socialista.

Aunque este empeoramiento del ratio de gasto social es achacable en parte a que el descenso del paro permitió dedicar menos fondos a prestaciones de desempleo, lo cierto es que la España social se encogió notablemente más que la Europa social, que registró un descenso de sólo dos décimas de PIB en el mismo periodo, al pasar del 27,7% al 27,5%. En consecuencia, el diferencial de gasto social creció de 5,3 a 7,4 puntos de PIB en comparación con la media de la UE, y quedó a una distancia aún mayor de los países más avanzados en este terreno, como Suecia, Alemania, Dinamarca o Francia, que dedican a prestaciones sociales entre el 29% y el 31% de su PIB.

Sólo el 1,7% a vivienda

En lo que se refiere al reparto del gasto social entre los distintos tipos de prestación, en España el 45,3% va a pensiones, el 30% a sanidad, el 7,6% a invalidez, el 2,6% a familia e infancia, el 12,9% a subsidios de paro y el 1,7% a vivienda y lucha contra la exclusión social. Estas cifras muestran que el paro sigue siendo un lastre importante para la economía española, ya que el porcentaje destinado a ese capítulo es el doble de la media comunitaria, mientras que a vivienda se dedica menos de la mitad y a ayuda familiar la tercera parte.

Los expertos de Eurostat calculan las diferencias entre las prestaciones recibidas por los ciudadanos europeos comparando el "poder de compra estandarizado", que es una moneda artificial empleada para eliminar las distorsiones debidas a diferencias nacionales de precios. Aplicando ese criterio, en 2001 el gasto en protección social por habitante ascendió a 6.405 en la UE-15, mientras que en España fue de 3.867, casi un 40% menos. Sólo Portugal, con 3.644, quedó por debajo, mientras que superó a España incluso Grecia, con 3.971. Grecia, con una renta per capita notablemente inferior a la española, elevó su gasto social a una tasa anual del 5,6% real entre 1992 y 2001, frente al 1,7% de España y el 1,9% de la media comunitaria.

El país líder en gasto social es Luxemburgo, cuyos ciudadanos recibieron un 65% más que la media comunitaria en prestaciones sociales, seguido de Dinamarca (+22%), Austria (+17%), Holanda (+15%), Alemania (+14%), Francia (+13%), Suecia (+10%) y Bélgica (+8%). Ligeramente por debajo de la media comunitaria se sitúan Reino Unido (-3%) e Italia (-3%), algo más retrasado está Finlandia (-12%) y ocupan las últimas posiciones Grecia (-38%), Irlanda (-40%), España (-40%), y Portugal (-43%). La incapacidad de España para estrechar el diferencial de gasto social con sus socios europeos contrasta negativamente con los avances registrados en la convergencia en PIB per capita, ya que en el año 2001 el PIB español por habitante equivalía al 82,8% del promedio de la UE-15. Sólo Irlanda presenta un desfase mayor que España entre su PIB por habitante y su nivel de gasto social, en detrimento de este último.