El petrolero Prestige, que se escoró el miércoles como consecuencia del temporal y arrojó al mar 3.000 de las 77.000 toneladas de fuel que transportaba, se encontraba anoche a 65 millas, unos 120 kilómetros, de las costas gallegas, remolcado pero sin máquina y a punto de partirse en dos. El buque también estaba sin tripulación después de que sus oficiales y los técnicos holandeses que se hicieron cargo de él lo abandonaran ante el riesgo que entrañaba la situación para su seguridad personal. El capitán del petrolero fue detenido por las autoridades españolas cuando llegó a tierra.
El incidente del petrolero Prestige ha desembocado en un conflicto diplomático entre España y el Reino Unido, al que ayer se sumó con sus declaraciones la dirigente del PP y comisaria europea de Transportes y Energía Loyola de Palacio. 'En Gibraltar estamos ante un caso más de evasión de impuestos, de contrabando y de actividades no adecuadas'. Le contestó el embajador británico en España, Peter Torry: 'Estas acusaciones sin base me parecen lamentables'. El Gobierno español volvió a denunciar que el petrolero naufragado frente a las costas gallegas se dirigía a Gibraltar.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, originó ayer otra polvareda en el Parlamento vasco, a cuyas sesiones plenarias acude con asiduidad, al manifestar que alberga 'la esperanza' de ver procesados al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, por negarse a disolver al grupo parlamentario de Batasuna, y también al lehendakari, Juan José Ibarretxe.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado una condena a un capitán y a un teniente de la Guardia Civil por delito de torturas y les ha absuelto de la pena de seis meses de prisión y seis años de inhabilitación especial que les había impuesto la Audiencia de Vizcaya.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas ha remitido al Gobierno una recomendación para que investigue la desaparición a manos del régimen franquista de al menos dos casos de republicanos fusilados tras la guerra civil.
Dos de los tres acusados de cometer los atentados con bombas en dos casas de Vigo y Redondela fueron puestos ayer en libertad por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela, Carmen Novoa Casás, que ordenó el ingreso en prisión del tercer detenido, Francisco Rial González, de 31 años.