Ingresa en prisión uno de los detenidos en Vigo, acusado de los crímenes con bomba

Dos de los tres acusados de cometer los atentados con bombas en dos casas de Vigo y Redondela fueron puestos ayer en libertad por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Redondela, Carmen Novoa Casás, que ordenó el ingreso en prisión del tercer detenido, Francisco Rial González, de 31 años. A éste le imputa dos asesinatos consumados y otros dos en grado de tentativa. En el doble atentado, cometido el pasado día 5, murió el matrimonio formado por Rosa Gil y Vicente Lemos y resultaron heridos de gravedad Luis Ferreira y su hijo de once años.

Los tres detenidos, residentes en el barrio vigués de Cabral, en cuyo entorno se produjeron los dos atentados con bomba, fueron llevados a mediodía al juzgado de Redondela. El número 5 de Vigo se inhibió a su favor por corresponderle el asunto que tuvo las consecuencias más graves, el de Vilar de Infesta, donde perdieron la vida Vicente Lemos y Rosa Gil al tratar de retirar de la verja de su casa la bolsa de basura negra que contenía la bomba y estallarle ésta a la altura de sus cabezas.

Ayer la policía tuvo que intervenir para que algunos familiares de los detenidos depusieran su agresividad contra los fotógrafos que se encontraban en las dependencias judiciales, a quienes acusaban de haber denigrado a sus parientes.

Este incidente de hostilidad proviene de la disconformidad de vecinos y allegados de los detenidos con el tratamiento dado al caso por los medios de comunicación. Ya se hizo manifiesta el mismo día de los atentados, al especularse con el terrorismo o un ajuste de cuentas por motivos de narcotráfico como hipotéticos móviles para la colocación de las bombas, lo cual, según insistían, no casaba con las maneras de vivir de las víctimas.

Incredulidad vecinal

La incredulidad vecinal ante las acusaciones policiales volvió a hacerse patente con motivo de las detenciones, en las inmediaciones de un bar muy concurrido por la juventud de Cabral. Incluso algunos amigos de los detenidos acudieron a la comisaría de policía de Vigo para prestar voluntariamente declaraciones exculpatorias de los mismos.

Tampoco se aclararon ayer los móviles que habrían impulsado a Francisco Rial -el único imputado, aunque no se descartan nuevas detenciones- a colocar las bombas ni las pruebas que había contra él.

El delegado del Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, declinó hacer comentarios al respecto. 'Ahora corresponde a los jueces establecer los móviles y reunir las pruebas', manifestó. Una de las hipótesis barajada en los últimos días apunta a motivos pasionales, aunque fuentes policiales desmintieron anoche esta posibilidad, como han hecho con varias conocidas hasta la fecha. Las fuentes consultadas indicaron que sigue sin conocerse el móvil exacto de los hechos, ya que los detenidos no han aportado datos sobre ello. Otras fuentes dicen que el motivo fue 'insignificante para la magnitud de la tragedia'.

'Perdido y desconcertado'

Luis Ferreira, el apoderado de Citybank que resultó herido junto a su hijo por la explosión de la bomba colocada a la entrada de su casa, difundió ayer un comunicado desde el hospital Meixoeiro de Vigo, en el que reitera su perplejidad por ser objeto del ataque, se identifica como 'una persona normal que no tiene problemas en el ámbito laboral, ni con los vecinos, ni ningún tipo de posicionamiento ideológico o implicación política', y confiesa sentirse 'perdido y muy desconcertado'. 'Peor', añade, 'desde que se comentó que la explosión podía ser una venganza [contra él], mientras que la de Redondela habría sido para despistar'.

Francisco Rial fue ayer el último en abandonar el juzgado de Redondela, conducido en un furgón policial a la prisión de A Parda, donde ya cumplió una condena anterior por un delito contra la salud pública (narcotráfico). En los registros policiales efectuados en su domicilio fue encontrado un kilogramo de cocaína, pero la juez desmintió que esta circunstancia fuera el motivo de su orden de encarcelamiento, que remite a la imputación de dos asesinatos y otros dos en grado de tentativa.

Los otros dos detenidos, José Angel Pérez Docampo, de 26 años, e Iván Fernández Otero, de 21, abandonaron el juzgado 15 minutos antes, en libertad con cargos y con la condición de personarse en las dependencias judiciales cada semana.