Inseguridad marítima

La peripecia inacabada del petrolero Prestige, que tras verter 3.000 toneladas de fuel cerca de las costas gallegas amenaza ahora con partirse en dos 60 millas mar adentro, ilustra una vez más la falta de control y de medidas preventivas que gobierna el transporte marítimo de mercancías peligrosas y, como secuela, las dificultades con que tropiezan Gobiernos y jueces a la hora de depurar responsabilidades. El enésimo naufragio de los últimos años en aguas gallegas reabre el debate sobre la seguridad de una zona que atraviesan 65.000 barcos anualmente, casi la tercera parte de ellos con mercancías peligrosas.

Las costas atlánticas europeas (y las gallegas destacadamente) se han enfrentado desde hace una veintena de años a desastres como los del Urquiola, el Mar Egeo o el Cason. La rapidez con que han reaccionado las autoridades españolas remolcando el barco mar adentro parece haber ahorrado esta vez a Galicia una nueva catástrofe ecológica, pero el incidente evidencia la absoluta laxitud normativa que rige el transporte marítimo internacional, en contraposición con el hiperreglamentado tansporte aéreo. El Prestige, un barco de estructura monocasco con 26 años de antigüedad, fletado por un armador griego y con bandera de conveniencia de Bahamas, es uno más de los que surcan los mares sin medidas de seguridad adecuadas y sobre los que no quiere asumir responsabilidades ninguno de los eslabones de la enrevesada cadena que gobierna el transporte marítimo de crudo y de mercancías peligrosas. Las banderas de conveniencia han proliferado en los últimos años a medida que las navieras han ido buscando puertos de origen en países con impuestos y salarios mínimos y una regulación prácticamente inexistente, de ahí su éxito en el transporte de mercancías de riesgo en buques destartalados o decrépitos.

De poco sirve que en esta jungla la Unión Europea intente dotarse de un entramado de medidas que protejan sus costas, como un mayor control del estado de los buques y la implantación del doble casco, obligatorio a partir de 2015. El problema transciende el ámbito de la UE y adquiere dimensión global. En el Prestige se da la circunstancia, además, de que su destino era Gibraltar, según el Gobierno español, aunque Londres lo niegue. En todo caso, el hecho de que se reconozca que el petrolero recaló para repostar una vez en el Peñón, dado su sistema impositivo más favorable, muestra que el estatus de que goza la colonia británica puede ser un factor de riesgo para la seguridad marítima comunitaria si no se le obliga a respetar las normas generales.