El delegado del Gobierno en Euskadi declara que desea ver procesados a Ibarretxe y Atutxa

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, originó ayer otra polvareda en el Parlamento vasco, a cuyas sesiones plenarias acude con asiduidad, al manifestar que alberga 'la esperanza' de ver procesados al presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, por negarse a disolver al grupo parlamentario de Batasuna, y también al lehendakari, Juan José Ibarretxe. El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina deberá informar al fiscal del Estado, Jesús Cardenal, si considera que la Mesa del Parlamento desobedeció a Garzón. El caso debería ser planteado en el Tribunal Superior del País Vasco.

Villar hizo declaraciones en los pasillos de la Cámara, tras ser interrogado sobre la decisión del juez Baltasar Garzón de someter al parecer de la Fiscalía General la decisión de la Mesa del Parlamento, que optó por no suspender al grupo de Batasuna y en lugar de ello pidió al juez aclaraciones sobre su auto. Garzón no ha respondido todavía a la misiva.

Enrique Villar, que no se recata en responder con gestos polémicos al vacío que históricamente ha hecho el nacionalismo gobernante a los sucesivos delegados del Gobierno en Euskadi, fue apercibido por la Cámara en diciembre del año pasado, tras cuestionar en público la competencia profesional del letrado mayor y responsable de los servicios jurídicos. Villar asiste a las sesiones plenarias desde el palco de invitados, donde es frecuente verle gesticular y hacer comentarios en voz alta.

Desde ese lugar hizo ostentosamente el gesto de la negación con su dedo índice a Ibarretxe cuando el lehendakari presentó su propuesta de libre asociación con el Estado. La semana pasada se le atribuyó una demostración de disgusto por la utilización del euskera por Ibarretxe en el homenaje al asesinado juez José María Lidón, aunque Villar dijo luego que su incomodidad era por el mal funcionamiento de la traducción.

Los tres miembros de la Mesa de la Cámara vasca que pueden verse afectados son el presidente, Juan María Atutxa (PNV), el vicepresidente, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda, Conchi Bilbao (IU), que votaron contra la suspensión de Sozialista Abertzaleak, la antigua Batasuna. Los tres se ratificaron ayer en la decisión y negaron que su actitud constituya desobediencia.

Atutxa se declaró 'tranquilo' y advirtió de que su única información proviene de los medios de comunicación. El presidente, que reprochó a Villar su 'talante autoritario', insistió en que aplicar el auto de Garzón suponía aceptar que un juez tiene potestad para obligar a otro poder, el legislativo, a modificar su ley y su reglamento. Knörr se mostró partidario de que el pleno de la Cámara vasca se manifieste sobre el particular.

La también miembro de la Mesa y diputada de IU, Kontxi Bilbao, afirmó que Garzón ha 'desenfocado el objetivo' de sus actuaciones y consideró 'pertinente que trabaje más sus autos', en lugar de 'ofuscarse en perseguir a los miembros de la mesa' de una cámara parlamentaria. En sintonía con Villar, el representante del PP en la Mesa y vicepresidente segundo, Carmelo Barrio, se mostró favorable a que las instancias judiciales 'depuren las responsabilidades' en que hayan incurrido sus compañeros que impidieron la suspensión del grupo de Batasuna. Por contra, el socialista Manuel Huertas, afirmó que no desea que Atutxa, Knörr y Bilbao se vean inmersos en un proceso penal, y les invitó a rectificar la decisión.

El fiscal del Estado remitió ayer al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, el testimonio de la causa enviado por Garzón. La documentación ha pasado al fiscal Enrique Molina, quien emitirá un informe para Cardenal. En cualquier caso, será la base para decidir si la fiscalía interpone una querella contra la Mesa del Parlamento, pero ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el único órgano competente para juzgar a los parlamentarios vascos.