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Los diputados argentinos procesan a la Corte Suprema

El alto tribunal afronta hoy 37 denuncias y una nueva 'cacerolada' contra su actuación

Hoy, jueves, como dicen los carteles en las manifestaciones, hay 'Supremo a la cacerola'. A la tradicional protesta que convocan las asambleas de vecinos y los abogados laboralistas frente al Palacio de los Tribunales, en el centro de Buenos Aires, se agrega, también por la tarde, el acto formal de admisión a trámite de las demandas contra los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. 'No habrá diferencias entre los que hicieron y los que consintieron', advirtió el diputado peronista Sergio Acevedo, presidente de la comisión.

Los delitos de los que se acusa a Julio Nazareno, presidente del máximo tribunal del país y ex socio en el despacho de los hermanos Menem, el ex presidente Carlos y el actual senador Eduardo, y a los ocho jueces restantes: Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Gustavo Bossert, Eduardo Moliné O'Connor, Adolfo Vázquez, Gustavo López, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio, incluyen actos de corrupción, sobornos, extorsión, mal desempeño de sus funciones, favores políticos y supuestas amenazas. "Sobran las causas", admitía ayer Elisa Carrió, uno de los 31 miembros de la Comisión de Juicio Político y líder de la Alternativa para una República de Iguales (ARI). Los jueces son sombrados por el Senado a instancias del presidente.

Los abogados expertos como Julio Strassera, ex fiscal del juicio a las juntas de comandantes de la dictadura militar y uno de los críticos más severos del máximo tribunal del país, recordado por el "señores jueces, nunca más" con el que cerró su histórico alegato en 1984, es de los que piensan ahora que "no se puede meter a todos en la misma bolsa, porque no tienen la misma responsabilidad que los cinco que integraban la mayoría automática al servicio de Menem". Por ejemplo, Gustavo Bossert, el miembro incorporado después del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, o Enrique Petracchi, uno de los tres jueces anteriores al menemismo.

En esta primera etapa del proceso, la comisión decidió dar curso a la mayoría de las 37 denuncias presentadas por los legisladores, organizaciones no gubernamentales y abogados representantes de particulares, las 28 acumuladas desde comienzos de la década pasada y nueve más presentadas entre el lunes y el martes después de conocido el fallo contrario al corralito financiero que impone restricciones a la devolución de los ahorros depositados a plazo en los bancos y de que el presidente Duhalde denunciara un supuesto "chantaje" al Ejecutivo.

Para no demorar el comienzo del proceso, los diputados dejaron a su suerte a cada uno de los involucrados, para que ejerzan su derecho a la defensa cuando el expediente pase al Senado, la Cámara de sentencia, y se les convoque a realizar el descargo. Aun cuando el propósito de la comisión es trabajar con "celeridad y seriedad" para que se respeten "todas las garantías", en el ánimo de los diputados la sentencia es condenatoria y los senadores coinciden en la necesidad de remover a la mayoría de los jueces, por lo menos a los cinco integrantes de la llamada mayoría automática que funcionó durante la década de gobierno del ex presidente Carlos Menem.

En la Cámara de los Diputados se presentaron, con el aval de los grupos parlamentarios, proyectos de ley para "prohibir" la renuncia o jubilación anticipada de los jueces. Elisa Carrió no tiene dudas de que "estos jueces deben ser destituidos, porque si renuncian queda abierta la posibilidad de que algún día puedan volver". El trámite formal de acusación podría llevar poco más de un mes, pero algunos de los miembros de la Comisión de Juicio Político impulsan dictámenes de "suspensión" transitoria en el cargo de los jueces que deben enfrentar los cargos más serios.

La suspensión implica que el juez debe abandonar de inmediato el despacho y los recursos que tiene en estudio; no puede ya redactar fallos ni participar de los acuerdos. En ese caso le sustituye algún otro miembro de la Corte o le reemplaza un conjuez de los que colaboran habitualmente con el tribunal. Su reemplazo definitivo sólo puede decidirse cuando el Senado dicta sentencia.

Un Consejo sin estrenar

A la cumbre del Poder Judicial en Argentina se llega antes por relaciones y vínculos con el Ejecutivo que por méritos propios. Es el Ejecutivo el que propone los candidatos y les designan con acuerdo del Senado. El llamado Pacto de Olivos, en 1994, incorporó a la Constitución el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los jueces, pero hasta ahora no ha tenido oportunidad de emplearse en el reemplazo de los que ocupan la Corte de por vida, salvo renuncia, jubilación o destitución tras un juicio político a cargo del Congreso.

El Consejo de la Magistratura sería entonces, teóricamente, el encargado de nombrar a los sustitutos interinos, pero hasta ahora no se ha estrenado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de febrero de 2002

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