Los diputados argentinos procesan a la Corte Suprema
El alto tribunal afronta hoy 37 denuncias y una nueva 'cacerolada' contra su actuación
Hoy, jueves, como dicen los carteles en las manifestaciones, hay 'Supremo a la cacerola'. A la tradicional protesta que convocan las asambleas de vecinos y los abogados laboralistas frente al Palacio de los Tribunales, en el centro de Buenos Aires, se agrega, también por la tarde, el acto formal de admisión a trámite de las demandas contra los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. 'No habrá diferencias entre los que hicieron y los que consintieron', advirtió el diputado peronista Sergio Acevedo, presidente de la comisión.
La suspensión implica que el juez debe abandonar de inmediato el despacho y los recursos que tiene en estudio; no puede ya redactar fallos ni participar de los acuerdos. En ese caso le sustituye algún otro miembro de la Corte o le reemplaza un conjuez de los que colaboran habitualmente con el tribunal. Su reemplazo definitivo sólo puede decidirse cuando el Senado dicta sentencia.
Un Consejo sin estrenar
A la cumbre del Poder Judicial en Argentina se llega antes por relaciones y vínculos con el Ejecutivo que por méritos propios. Es el Ejecutivo el que propone los candidatos y les designan con acuerdo del Senado. El llamado Pacto de Olivos, en 1994, incorporó a la Constitución el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los jueces, pero hasta ahora no ha tenido oportunidad de emplearse en el reemplazo de los que ocupan la Corte de por vida, salvo renuncia, jubilación o destitución tras un juicio político a cargo del Congreso.
El Consejo de la Magistratura sería entonces, teóricamente, el encargado de nombrar a los sustitutos interinos, pero hasta ahora no se ha estrenado.
