La Corte Suprema argentina denuncia el intento de desplazarla con violencia

El vicepresidente de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O'Connor, cree que la crisis que vive Argentina pone a prueba la fortaleza de las instituciones del país, porque 'están tratando de desplazar a la Corte a través de la violencia'. Entretanto, el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, denunció amenazas de muerte en una entrevista, si bien manifestó que ninguno de los nueve miembros de la Corte Suprema piensa dimitir. Mientras siguen las protestas contra el alto tribunal, miembros del Gobierno creen que los magistrados están más unidos que nunca.

Una versión de la 'guerra civil' que temía y quería evitar el presidente argentino, Eduardo Duhalde, cuando asumió el cargo hace poco más de un mes se libra en las batallas donde se enfrentan cada día los poderes del Estado. Dos de ellos, el Ejecutivo y el Congreso, se han aliado contra el Supremo, cabeza del Poder Judicial. El vicepresidente del alto tribunal del país, Eduardo Moliné O'Connor, considera que 'esta crisis pone a prueba la fortaleza de las instituciones en Argentina, porque están tratando de desplazar a la Corte a través de la violencia'.

Moliné O'Connor y el presidente de la Corte, Julio Nazareno, uno de los jueces más criticados entre los nueve miembros del tribunal sometidos desde el pasado jueves a proceso por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de los Diputados, concedieron una entrevista a la BBC de Londres, reproducida por una cadena de radio de Buenos Aires.

Nazareno confirmó que había recibido 'amenazas de muerte', pero negó que alguno de los jueces esté pensando en renunciar. Siete de los nueve iniciaron los trámites para acogerse a la jubilación. La pensión vitalicia de unos 11.000 dólares de promedio que les correspondería es un nuevo motivo de conflicto. Los diputados quieren cortar el paso a todas las salidas que los jueces hacen llegar al Ejecutivo. Los miembros de la Comisión de Juicio Político tienen voluntad de 'acusar y suspender' hasta que el Senado sentencie la destitución. La remoción al cabo del juicio les impediría recibir el beneficio de la jubilación y seguir cobrando, ya retirados, el mismo salario que tenían en activo.

'Ni jubilación, ni renuncia, ni embajadas. La sociedad reclama juicio y castigo, no toleraría la renuncia ni la jubilación. La lucha es contra la impunidad', asegura tajante la diputada Elisa Carrió, líder de la Alternativa para una República de Iguales y miembro de la Comisión de Juicio Político.

Desde la otra trinchera, responde Nazareno: 'Nosotros no nos vamos a ir porque nos llenen una plaza de gente gritando con una cacerola. Si en este momento nosotros aflojamos y por nuestra propia comodidad nos vamos a nuestras casas, no estamos cumpliendo con nuestro mandato constitucional'.

Una fuente del Ministerio de Justicia decía ayer a este diario que 'la embestida les ha abroquelado y están más unidos que nunca, inclusive se hablan nuevamente entre ellos los que antes se ignoraban y despreciaban'. Los altisonantes partes públicos de la guerra no revelan el contenido de los discretos contactos privados que mantienen las partes.

Los jueces de la Corte replicaron a las amenazas y advirtieron de que podrían dictar un fallo aún más duro, terminante y abarcador que el detonante del conflicto hace una semana para obligar al Ejecutivo a levantar inmediatamente las restricciones al retiro de fondos de los bancos, y también otra resolución declarando la inconstitucionalidad del decreto posterior que prohíbe y suspende la admisión a trámite de las demandas judiciales de los ahorradores durante seis meses.

Hundir la reforma

Con esos dos torpedos, la Corte hundiría la frágil barcaza del programa económico en el que se ha embarcado el Gobierno y que inexorablemente debe zarpar el lunes, cuando comience a operar el mercado libre de cambios y la cotización del dólar indique la temperatura real de la confianza o del miedo al fracaso que tiene toda la sociedad. Estremecido a su vez por la velada amenaza del Supremo, el Ejecutivo recomienda prudencia a los diputados, exige garantías y trata de bajar el tono de declaraciones y protestas.

Mientras tanto, los vecinos de Buenos Aires siguen allí. La cacerolada del pasado jueves convocó otra vez a unas 5.000 personas que, después de batir el parche metálico, de insultar y de protestar ante el Palacio de los Tribunales, integró un cortejo fúnebre que marchó lentamente hasta el Congreso detrás de una camioneta que llevaba el ataúd con el cadáver de la 'impunidad' y coronas de flores en las que se destacaban los títulos de los cargos contra el Supremo.