Suprema a la cacerola

Argentina ha venido a sumar a su crisis económica y política un conflicto institucional sin precedentes, salvo en situaciones de revolución o golpe de Estado. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de los Diputados ha decidido abrir una investigación formal a los nueve jueces de la Corte Suprema para decidir su eventual destitución. Las acusaciones son de corrupción, soborno, amenazas y mal desempeño de sus funciones.

Pocos serán los que derramen una lágrima por estos jueces. Pero si los 31 diputados de la Comisión han tomado esta decisión por unanimidad, de común acuerdo peronistas y radicales, es sobre todo por la presión de la calle contra unos magistrados a los que la ciudadanía considera corruptos. Se trata de una Corte Suprema manipulada a su antojo por Carlos Menem -aunque algunos de sus miembros fueron nombrados por Alfonsín-, que jamás ha fallado contra los intereses del ex presidente peronista en sus diversos avatares judiciales.

Aunque está por ver qué acusaciones se admiten a trámite, el juicio político contra los jueces del Supremo, que comenzará previsiblemente hoy, revisará al menos diversos fallos relacionados con una venta ilegal de armas, el litigio sobre las tarifas telefónicas, la más que deficiente investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la declaración de inconstitucionalidad del corralito financiero. Este último impide a los argentinos la libre disposición de sus depósitos bancarios, pero su eliminación inmediata provocaría la quiebra de todo el sistema financiero.

La investigación contra los jueces de la Corte Suprema viene a subrayar que mucho más allá del terremoto económico, Argentina padece una crisis total que amenaza a todo el sistema. Mientras tanto, el FMI da la callada por respuesta al último plan de Duhalde, y los mercados siguen cerrados al menos hasta el lunes. A cada día que pasa parece más necesario y más difícil un gran acuerdo nacional que evite la caída en la anarquía total.