El Congreso argentino someterá a juicio político a los miembros de la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema de Argentina de declarar inconstitucional el corralito financiero se ha encontrado con la firme oposición del Gobierno de Duhalde. Si el lunes el Ejecutivo paralizó todas las decisiones judiciales contra la congelación de los depósitos bancarios, ahora va directamente a por los integrantes del Alto Tribunal. Una comisión parlamentaria emitirá el jueves un dictamen que abre las puertas a una investigación contra los nueve miembros de la Corte, a los que se acusa de mal desempeño de sus funciones.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados emitirá el jueves un dictamen que habilitará la investigación de nueve expedientes en los que se acusa a los integrantes de la Corte Suprema de mal desempeño de sus funciones y comisión de delitos. Según el presidente de la Comisión, Sergio Acevedo, "existe la voluntad" de destituir a la Corte Suprema.

Los 31 legisladores que integran la comisión, que comenzaron a analizar el presunto mal desempeño de los ministros de la Corte la semana pasada, han acordado, por unanimidad, que se abrirá el proceso contra Julio Nazareno, Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez, Gustavo López, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.

También figuran los expedientes relacionados con las ventas de armas al exterior, el atentado de 1992 contra la Embajada de Israel o una autorización para crear un nuevo esquema de tarifas del servicio telefónico.

"El jueves (por mañana) empezaremos el juicio político a todos los miembros de la Corte. Se enjuiciará a los nueve ministros. Todos los bloques estamos de acuerdo o, al menos, no se escucharon voces contrarias en las reuniones de hoy", ha agregado Acevedo.

Sospechas duraderas

Las sospechas sobre la Corte se han gestado hace varios años en la clase política y el público, pero el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), que se alternaron en el Gobierno y dominan el Parlamento desde hace 18 años, han evitado iniciar una investigación profunda hasta hoy.

La decisión de dar impulso a la pesquisa ha sido anunciada después de que la Corte Suprema declarara "inconstitucional" el corralito financiero en el que los bancos tienen encerrados los ahorros de millones de argentinos. Los jueces consideraron que esa medida gubernamental implica el aniquilamiento del derecho a la propiedad privada, en sintonía con las presentaciones en idéntico sentido efectuadas por decenas de abogados e, incluso, varios legisladores.

La decisión de los diputados, en momentos en que el Parlamento soporta una imagen de desprestigio frente a la sociedad, fue tomada bajo la influencia de la presión popular reflejada en múltiples cacerolazos de protesta organizados frente a los tribunales para exigir la renuncia de los jueces.

Antes de esas manifestaciones, que se repiten todos los jueves desde hace varias semanas, radicales y peronistas nunca se habían puesto de acuerdo para estudiar seriamente la instancia de juicio político que prevé la Constitución argentina como método para la destitución de los miembros de la Corte.

Mientras tanto, en Argentina los bancos continuarán cerrados hasta el próximo viernes, aunque se entregarán salarios y pensiones y se podrán pagar impuestos y facturas. El Gobierno argentino presentó ayer en el Congreso el proyecto de Presupuestos para 2002, que prevé un déficit del 15 % y una caída de la economía del 5 %, cuya aprobación configura uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar auxilio financiero al país austral. Duhalde presentará hoy al país su propuesta para reformar los aparatos políticos.