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El impuesto de exportación al crudo argentino desconcierta a las empresas

La denuncia de un abogado contra Duhalde pudo precipitar la implantación de la tasa

Las empresas petroleras han acogido con sorpresa la inesperada decisión del Gobierno argentino, anunciada anteanoche sin previo aviso por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, de aplicar un impuesto del 20% a la exportación del petróleo y del 5% a sus derivados. El gas no quedará afectado por el gravamen. Reina un gran desconcierto en el sector ante lo que se considera un cambio de reglas de juego cuando parecía cercano un acuerdo entre el Gobierno y las petroleras. La última propuesta empresarial establecía una aportación de 1.400 millones de dólares.

Esa proposición, que el domingo pasado había sido valorada positivamente por el propio Capitanich, equivalía a 350 millones de dólares anuales en concepto de adelanto de impuestos de los próximos cinco años. A cambio, los empresarios pretendían que en el futuro desapareciera prácticamente la tasa.

El Gobierno del presidente Eduardo Duhalde, agobiado por la falta de liquidez, parecía dispuesto a aceptar una iniciativa que le reportaría dinero fresco, pero no contaba con la aparición en escena del abogado Ricardo Monner Sans, el mismo que presentó la denuncia que dio pie al descubrimiento de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante el Gobierno de Carlos Menem, por la que fue detenido y procesado el ex presidente. El miércoles, el polémico abogado pidió a la justicia la declaración indagatoria del presidente Duhalde por el presunto delito de 'violación de los deberes de funcionario público', por demorar la aplicación del impuesto a las exportaciones de hidrocarburos previsto en la Ley de Emergencia Económica del pasado 6 de enero. Ésta fue la vía diseñada por el Ministerio de Economía que dirige Jorge Remes Lenicov para compensar parte del impacto que tendrán los bancos al quedar pesificadas las deudas inferiores a 100.000 dólares.

Fuentes de YPF-Repsol consultadas por este diario atribuyeron el cambio de actitud del Gobierno a la denuncia de Monner Sans, lo que, de ser cierto, indicaría un preocupante grado de debilidad del Ejecutivo. Las mismas fuentes aseguran que, pese a la aplicación de una retención del 20%, el Gobierno no ha cerrado la puerta para seguir negociando el proyecto de ley que había logrado un alto consenso de los principales actores (empresas, sindicatos y Secretaría de Energía), que no ocultan su sorpresa por el anuncio del nuevo impuesto. Si finalmente no hay acuerdo, las empresas advierten consecuencias negativas en las provincias con producción de crudo, que verían disminuidos sus ingresos, y vaticinan una disminución de la inversión en las áreas que tienen un mayor coste desde el punto de vista geológico, como en el golfo de San Jorge, en la provincia de Chubut, y dificultades para el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Por otra parte, mientras el ministro Remes Lenicov regresaba a Buenos Aires procedente de Washington, Carlos Rohm, vicepresidente del Banco General de Negocios, declaró durante varias horas ante la juez María Servini de Cubría en la causa que investiga el desvío de dinero al exterior a través de dicho banco. Rhom está detenido desde el 23 de enero pasado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de febrero de 2002