La justicia argentina dictamina que el robo de los hijos de los desaparecidos no prescribe

La justicia argentina ha emitido en el curso de una semana dos importantes fallos contra los ex jefes militares de la dictadura actualmente procesados que sientan precedente, suponen un "vuelco en la jurisprudencia" y ponen coto a la impunidad, según coinciden diversas fuentes jurídicas. El jueves por la noche, la Cámara Federal (el más alto tribunal después de la Corte Suprema) rechazó los argumentos de la defensa de los militares y declaró que el delito de apropiación sistemática de hijos de detenidas-desaparecidas que se imputa a altos jefes de las juntas no prescribe.

Su delito no prescribe, ya que no puede considerarse como "cosa juzgada" en el juicio a las juntas militares en 1985, ni está cubierto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en las que se han amparado los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Entre estos jefes militares inculpados se encuentran el general Jorge Rafael Videla, presidente de la primera junta tras el golpe, y el almirante Emilio Eduardo Massera, ex jefe de la Marina. Los magistrados entienden que el robo de bebés es un delito permanente y un crimen contra la humanidad, en sintonía con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue incorporada a la Constitución argentina en 1994. Asimismo, han echado por tierra las pretensiones de la defensa de que se trata de delitos que ya fueron juzgados y que, en todo caso, la competencia del caso debería corresponder a la justicia militar. En consecuencia, el juez Adolfo Bagnasco tiene el camino libre para continuar con el proceso de ocho altos jefes que cumplen arresto domiciliario.

Emilio Massera, considerado uno de los cerebros de la dictadura, recibió en días pasados otro varapalo sin precedentes al condenarle la Corte Suprema a indemnizar de su propio bolsillo a un familiar de las víctimas de la represión. El almirante deberá abonar 120.000 pesos (unos dos millones de pesetas) como indemnización a Daniel Tarnopolsky, único superviviente de una familia aniquilada. En la misma sentencia, el Estado argentino, como responsable por la actuación irregular de sus órganos, ha sido condenado a pagar otro millón de pesos.

El más alto tribunal argentino ha abierto la puerta a fallos similares contra otros jefes militares imputados. ¿Quién será el próximo? Puede ser cualquiera de los comandantes de la junta militar que cumplen arresto domiciliario y están procesados por el robo de hijos de detenidas-desaparecidas, como los ex presidentes Jorge Rafael Videla o Reynando Bignone, o el general Cristino Nicolaides, último jefe del Ejército durante la dictadura. El Gobierno y las Fuerzas Armadas mantienen un significativo silencio tras la publicación de los dos fallos.

La abogada Betina Stein, que defiende los derechos de Daniel Tarnopolsky, sostiene que se trata de "un fallo histórico", ya que es la primera vez que un responsable directo del terrorismo de Estado es condenado a pagar a su propia víctima. En su opinión, la sentencia del alto tribunal es peor para los militares que el juicio a las juntas de 1985, en el que los jefes de la dictadura -Massera entre ellos- fueron condenados a cadena perpetua, aunque más tarde fueron amnistiados.

Todo negociable

"En aquella ocasión, los que se sentaban en el banquillo de los acusados sabían que todo era negociable y que tarde o temprano llegaría el indulto, como así fue. Los condenados vivían en una celda VIP y contaban con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ahora no tienen a nadie detrás, el Ejército les desprecia, el Estado hizo todo lo que pudo en esta causa y ha perdido", dice la abogada Stein. La Corte Suprema desestimó las alegaciones tanto de Massera como del Estado, y confirmó las sentencias dictadas con anterioridad en primera y segunda instancia. El fallo es inapelable, y Massera sólo puede declararse insolvente o apelar al perdón de Daniel Tarnopolsky, "una pobre rata judía", según su propio comentario. Pero el superviviente de la familia asesinada por la dictadura no piensa en el perdón: "He ganado un juicio, pero sigo sin conocer la verdad, sin saber dónde están". Advierte de que seguirá dando pasos -"quiero ver si puedo colaborar en la investigación del juez Garzón"-, porque, aunque no se dedicará al cien por cien, "siempre tendré un pie en esto". Se siente victorioso "porque los criminales están marcados a fuego. Massera, aunque me pague los 120.000 pesos, va a quedar marcado para siempre".

Tarnopolsky vive lo ocurrido como "una victoria personal contra el Gobierno de Carlos Menem. El Estado, a través del procurador general del Tesoro, hizo todo lo posible para joderme. Fue muy beligerante en la defensa del principio de que el delito había prescrito. Trataron por todos los medios de evitar una sentencia que sentara un precedente. ¡Ojo!, que pueden venir muchas demandas y esto podría llegar a afectar a las arcas del Estado, fue uno de los argumentos del procurador del Tesoro".

Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma: el 15 de julio de 1976, individuos armados vestidos de paisano secuestraron al matrimonio formado por Hugo Abraham Tarnopolsky, de 51 años, químico, y Blanca Edith Edelberg, de 48 años. Al mismo tiempo, su hija Bettina Tarnopolski, de 15 años, desaparecía de la vivienda de la abuela, y el hijo Sergio, de 21, de las instalaciones de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde cumplía el servicio militar. Daniel, el mayor de tres hermanos, tuvo suerte y no estaba en casa. Era una familia judía y ampliamente conocida en los círculos intelectuales de Buenos Aires. La acción represiva estaba perfectamente coordinada y, según supo posteriormente el único superviviente, la policía del barrio había sido advertida para que no interviniera.