Washington retira a su embajador en Chile

El Gobierno norteamericano llamó ayer a Washington a su embajador en Santiago de Chile, como represalia por la negativa del Tribunal Supremo chileno a conceder la extradición de tres antiguos dirigentes de la policía política, acusados en Estados Unidos del asesinato de Orlando Letelier.

El portavoz del Departamento de Estado, Hodding Carter, anunció que el embajador George Landau ha sido convocado a la capital norteamericana para «revisar todos los aspectos de las relaciones entre los dos países». La decisión se tomó inmediatamente después de que el presidente del Tribunal Supremo chileno, Israel Bórquez, no concediera la extradición del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y sus colaboradores Pedro Espinoza y Armando Fernández.La decisión del presidente del Tribunal chileno, dijo el portavoz del Departamento de Estado, « no está de acuerdo con las normas internacionales de justicia». Carter dijo, asimismo, que la llamada del embajador Landau «será la primera de una serie de posibles medidas» a tomar por Washington, contra el régimen militar del general Pinochet.

Por el momento, se ignora cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos el embajador o si esta acción será el preludio de la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura chilena. Posiblemente no se tome una decisión definitiva hasta que se resuelva la apelación presentada por los representantes legales del Gobierno norteamericano contra la decisión de Bórquez, que deberán responder los cinco miembros del Tribunal chileno.

Dos influyentes senadores norteamericanos, Edward Kennedy y Frank Church, enviaron ayer una carta al presidente Jimmy Carter en la que le piden, no sólo la retirada del embajador Landau, sino la suspensión de toda ayuda económica, la no concesión de visado a oficiales del Ejército chileno y una completa revisión de las relaciones con el régimen de Pinochet.

Los tres ex dirigentes de la DINA, cuya extradición fue denegada por el presidente del Tribunal Supremo de Chile, están acusados de planear y ordenar el asesinato, cometido en Washington el 21 de septiembre de 1976, del líder de la oposición democrática a la dictadura, Orlando Letelier.

No ha causado sorpresa en los medios diplomáticos latínoamericanos la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia Chilena. Hace tres semanas, se produjo el dictamen penicial del fiscal Gustavo Chamorro, que recomendaba tal medida. Sobre esta base, era dificil esperar que el juez Israel Bórquez enmendara la plana a su subordinado.

Bien es cierto que la decisión del juez se ha producido en primera instancia, lo que significa la existencia de una última posibilidad de revisión de la sentencia. En los próximos días se reunirá el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que emitirá el fallo definitivo.

La decisión del juez Bórquez parece confirmar los temores existentes en las alturas del poder chileno de que la extradición de Contreras podría desencadenar una grave serie de revelaciones sobre las responsabilidades del presidente Augusto Pinochet en episodios represivos. Es de sobra conocido que el general Manuel Contreras, estrecho colaborador y amigo del dictador chileno, mostró un enorme disgusto ante la actitud de su antiguo compañero, que no dudó en ordenar su detención preventiva cuando se produjo la petición de extradición norteamericana. En aquella ocasión, el general Contreras hizo saber a sus íntimos que si se aceptaba la petición norteamericana él revelaría importantes secretos sobre las actividades represivas de la DINA que alcanzarían de lleno al propio Pinochet. En aquellas fechas se supo que el general Contreras había puesto a buen recaudo, fuera del país, grandes cantidades de documentos comprometedores.

Los expertos jurídicos creen que los testimonios de Michael Townley, confeso de haber colocado -en el automóvil de Orlando Letelier la bomba que le mató junto a su secretario, Ronnie Moffit, en una calle de Washington en septiembre de 1976, son suficientes para implicar a Contreras. Townley aceptó revelar todos los detalles del plan a cambio de una reducción en su condena. En su testimonio, Townley declaró que la orden de matar a Orlando Letelier había partido directamente del director de la DINA y que el capitán Fernández Larios le había acompañado a Estados Unidos en una ocasión para preparar los detalles del crimen. Hace una semana se conoció la sentencia impuesta al agente de la DINA, que ha quedado reducida a tres años de prisión.