Brasil abre una tímida puerta al reconocimiento institucional de las lenguas indígenas

Tetãma braziu, uyumuyãwa muatirisá istadu-ita asui tẽdawá-ita a.... Así arranca el primer artículo de la Constitución brasileña en nheengatu, una de las principales lenguas indígenas que aún se hablan en Brasil. Se trata de la versión moderna del antiguo tupinambá que se hablaba en el siglo XVI. Es una especie de lengua franca para los pueblos indígenas que perdieron sus idiomas originales debido al contacto con foráneos, una herramienta de afirmación de su identidad. La primera traducción a una lengua nativa de la Ley Fundamental de 1988 se presentó hace pocas semanas y se celebró como un hito. Casi al mismo tiempo llegó otro espaldarazo: el Gobierno del Estado de Amazonas declaró cooficiales 16 lenguas indígenas.

Con esa decisión, Amazonas, un Estado cubierto de selva tropical que triplica el tamaño de España, convierte en oficiales las siguientes lenguas además del nheengatu: apurinã, baniwa, dessana, kanamari, marubo, matis, matses, mawe, mura, tariana, tikuna, tukano, waiai, waimiri y yanomami. Lo que significará la cooficialidad a efectos prácticos no está muy claro. La ley es muy genérica y no detalla cómo se implementará, aunque sí determina que los órganos públicos tendrán que tener un registro de intérpretes indígenas bilingües que puedan ser llamados cuando sea necesario atender a alguien que no domine el portugués.

El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, explica en una entrevista telefónica que la norma quiere ser, ante todo, una base para poder construir políticas públicas: “Necesitamos un marco legal (…) para tener la legitimidad para avanzar en esas cuestiones; poder producir material didáctico, formar a profesores indígenas… El reconocimiento legal es importante, porque si no, estas lenguas existen, pero no existen”, dice. Lima, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, mantiene enfrentamientos con algunos indígenas de su región por su voluntad de permitir las explotaciones mineras en sus territorios, por lo que entre algunos activistas el reconocimiento se ve como un guiño para congraciarse con esta comunidad.

En Brasil existen 274 lenguas indígenas, de las cuales 53 se hablan en el Estado de Amazonas, la región de Brasil con más indígenas, casi medio millón. La mayoría se expresa en portugués. Muchas de estas lenguas están al borde de la desaparición, y algunas ni siquiera están en esa lista, porque son uno de los secretos que guardan las comunidades que siguen en aislamiento voluntario y nunca fueron contactadas por los no indígenas. Parte de los nativos brasileños vive en territorios que el Estado reconoce legalmente como suyos y donde teóricamente la ley contempla que la educación se ofrezca en su idioma. En las ciudades, en cambio, donde vive más del 60%, no hay ninguna política de fomento de las lenguas nativas en las escuelas, el portugués tiene el monopolio absoluto.

Aunque muchos activistas celebran el reconocimiento de la cooficialidad, prefieren ser cautelosos. Es el caso de Edilson Baniwa, nacido en una aldea en un afluente del río Negro y ahora doctor en Lingüística por la Universidad de Brasilia. Es uno de los 15 indígenas que participó en la traducción de la Constitución al nheengatu. “Si los municipios no se adhieren a esa política con leyes que detallen mejor cómo deben usarse esas lenguas, corremos el riesgo de que todo se quede en el papel, como ha pasado en São Gabriel da Cachoeira”, lamenta.

São Gabriel da Cachoeira, a más de 800 kilómetros al norte de Manaus, es, después de la capital de Amazonas, la ciudad con más indígenas de Brasil, son más de 48.000. En 2002 el Ayuntamiento definió como cooficiales las lenguas nheengatu, tukano y baniwa. Pero desde entonces los resultados han sido muy escasos, poca cosa más allá de algunos carteles bilingües en las calles.

En los últimos tres años, otros municipios, como São Félix do Xingu o Santo Antônio do Içá, también se adelantaron al Gobierno estatal en el reconocimiento de las lenguas. En estos casos, el principal objetivo es facilitar la enseñanza del idioma en las escuelas públicas, que gestionan los Ayuntamientos, pero los resultados también han sido muy desiguales.

Con estos precedentes, que un indígena llegue a la ventanilla de la Administración para resolver un papeleo y sea atendido en su lengua nativa parece estar a años luz de materializarse. El gobernador de Amazonas no contempla ese escenario; de hecho, titubea cuando se le pregunta si habrá, al menos, una versión multilingüe de la página web de su Gobierno.

Para la lingüista y antropóloga de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) Bruna Franchetto, la cooficialidad de ciertas lenguas puede ser, además de “un acto simbólico y punto final”, un regalo envenenado, porque puede crear dos categorías: las lenguas reconocidas y las “invisibilizadas” por el Estado, precisamente las más vulnerables, las que tienen menos hablantes y están en riesgo de desaparecer.

Franchetto añade por teléfono que el problema de la decisión del Gobierno de Amazonas es que se ha tomado “desde arriba hacia abajo”, sin una consulta previa a los pueblos indígenas. Aun así, forzando cierto optimismo, señala que la parte positiva es el efecto didáctico que tiene para el conjunto de la sociedad brasileña, porque evidencia que el país goza de una diversidad que tiene que protegerse.

El Gobierno central, que por primera vez cuenta con un Ministerio de los Pueblos Indígenas, ve el paso dado por Amazonas como una buena noticia. Para Altaci Rubim, responsable del departamento de Lenguas y Memoria del ministerio, la cooficialidad es uno de los instrumentos de construcción de una política de diversidad lingüística, y ayuda a demostrar que “Brasil es un país plurinacional y plurilingüe, no un país monolingüe”, según expresó en una nota.

Aun así, no está en los planes del Gobierno un reconocimiento legal a nivel nacional. Lo más parecido es una iniciativa parlamentaria para que las lenguas indígenas sean cooficiales en todos los municipios con comunidades de sus habitantes originarios. Se tramita sin éxito desde hace cuatro años. Para darle un empujón se eliminó del texto la obligación de que las instituciones presten servicios y ofrezcan documentos públicos también en lenguas nativas. A pesar de ello, la propuesta sigue encallada pendiente de aprobación.