La muerte de unas jirafas importadas de Sudáfrica reabre el debate sobre el papel de los zoológicos en Brasil
El BioParque de Río de Janeiro compró 18 jirafas, pero la muerte de cuatro de ellas destapó lo que la policía considera un caso evidente de tráfico internacional de animales salvajes
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El BioParque de Río de Janeiro, como se conoce al antiguo zoológico de la ciudad, es un pequeño recinto donde conviven más de mil animales de 140 especies diferentes. Entre ellas no están las jirafas, a pesar de que la parte dedicada a la fauna africana tiene especial protagonismo. Detrás de esta ausencia se esconde una trágica historia que incluye cuatro muertes y una red internacional de tráfico de animales, y que contrasta con la imagen de sostenibilidad y respeto a los animales que intenta proyectar este espacio.
El destartalado zoo que generaciones de cariocas recordaban por sus tristes jaulas y sus animales solitarios se metamorfoseó en el renovado BioParque hace dos años. Dejó de ser administrado por el Ayuntamiento y pasó a manos de una empresa privada (el grupo Cataratas): dijo adiós a las rejas y jaulas tradicionales, en la línea de otros zoos en todo el mundo, y se modernizó con barreras naturales y espacios más amplios para la fauna. Pero esa nueva filosofía no pasaba por renunciar a las grandes estrellas de la sabana africana. En noviembre de 2021, el BioParque cerró una operación para importar 18 jirafas desde Sudáfrica.
Tras un largo vuelo de más de diez horas encerradas en cajas, fueron trasladadas al safari Portobello, en un resort de Mangaratiba, una ciudad turística a 100 km al sur de Río, donde pasarían la cuarentena antes de su emplazamiento definitivo en el zoo. Ahí empezó el verdadero viacrucis de los animales. Las jirafas fueron separadas en grupos de tres y encerradas en recintos cubiertos de apenas 30 metros cuadrados, donde no llegaba la luz del sol. Tras un mes en esas condiciones, seis de las jirafas lograron escapar. Fueron reconducidas al recinto, de forma bastante violenta, y tres murieron en las horas siguientes por “miopatía por captura”, según reconoce el BioParque en una nota remitida a este diario. Se trata del estrés extremo provocado por la inmovilización. El informe policial cita hematomas, lesiones pulmonares y coágulos cardiacos. Los animales fueron rápidamente enterrados, sin respetar el procedimiento legal correspondiente. El caso empezó a levantar sospechas y fue cuando la policía destapó todo.
Todas las jirafas eran menores de dos años y fueron retiradas de la naturaleza, según consta en el informe de la Policía Federal al que tuvo acceso EL PAÍS. El BioParque lo niega y asegura que procedían de “una hacienda de manejo sostenible aprobada por los órganos oficiales del Gobierno de Sudáfrica”. Para que las jirafas llegaran a Brasil hizo falta la complicidad de funcionarios públicos de Medio Ambiente que, según la investigación, hicieron la vista gorda ante las irregularidades del proceso. El extenso informe policial concluye de forma demoledora: “Se trata del mayor caso de tráfico de animales silvestres de la historia de Brasil, donde el mayor bien jurídico tutelado es la vida y el bienestar del animal, que fue y continúa siendo violado, puesto que el resto de animales arrancados de su vida libre en la naturaleza africana continúan aprisionados”.
Para la activista del Fórum Animal Ana Paula Vasconcelos, que presentó una demanda judicial cuando el caso saltó a la prensa local, el proceso estaba lleno de anomalías desde el principio. “El proyecto de conservación que alegaron no se sostiene. Ni siquiera sabían qué subespecie eran, si tenían consanguinidad…”, recuerda. Para facilitar la operación ante las autoridades brasileñas, el BioParque incluso alegó que tenía un convenio con la Giraffe Conservation Foundation, la organización de referencia en protección de la especie, algo que esta entidad negó tajantemente. Hay indicios de que las 18 jirafas iban a ser revendidas a otros zoos brasileños. “Nadie importa 18 jirafas para colocarlas en un solo zoo, son muchas, es algo fuera de lo común”, señala Vasconcelos. La operación movió seis millones de reales (1,2 millones de dólares, 1,1 millones de euros).
La cuarta jirafa falleció a mediados de julio. Según los propietarios, la muerte fue provocada por “acidez láctica ruminal”, una enfermedad que se da por la ingesta excesiva de los carbohidratos que hay en granos como el maíz. La falta de una dieta equilibrada podría estar detrás de la última baja. Ahora, el destino de las 14 jirafas que quedan vivas es incierto.
En los próximos días, el Fórum Animal presentará un recurso para que el BioParque pierda su propiedad sobre ellas. De momento siguen en el resort de Mangaratiba, en un espacio algo mejorado, aunque con altos muros de protección y escasa vegetación. Los activistas quieren que se prohíba su exhibición al público, que no puedan ser comercializadas, y que, si es posible, se trasladen a uno de los santuarios en que los animales rescatados vuelven a vivir en semi-libertad. El problema es que en Brasil no hay ningún espacio de estas características para acoger a las jirafas, como sí ocurre con el caso de los elefantes, por ejemplo. Es muy probable que los majestuosos animales acaben en un limbo.
Desde el BioParque aseguran que esta fue la única ocasión en que se compraron animales del extranjero, pero resaltan que es una práctica común entre los zoológicos del mundo entero. La Asociación de Zoológicos y Acuarios de Brasil (AZAB), que representa a 38 centros repartidos por todo el país, no quiso dar detalles de cómo funcionan esas operaciones y hasta qué punto son habituales. En una nota remitida a este diario se limitó a recordar que deben hacerse en conformidad a lo que establece la normativa nacional. Lo cierto es que desde 1983, la ley brasileña impide la importación de animales en peligro de extinción sustraídos de la naturaleza. Tan solo acepta la llegada de especímenes “reproducidos en cautividad” y con la documentación que compruebe el origen legal de los animales.
Legalmente, las jirafas están protegidas a nivel mundial desde hace relativamente poco tiempo. Desde los años 80, su población cayó un 30% y en 2016 se contaban menos de 100.000 ejemplares. El recuento es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que ese año incluyó a las jirafas en su Libro Rojo de especies en peligro, en la categoría de especie vulnerable. Tres años después, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) incluyó a las jirafas en su anexo II, que permite su comercio internacional bajo estrictos permisos y siempre que no se atente contra la supervivencia de los animales.
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